La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de México ha sido objeto de críticas por incurrir en lo que se conoce como lawfare, tras su decisión de revisar la reforma constitucional al Poder Judicial que obligaría a sus integrantes a ser electos por voto popular.
La controversia surgió después de una sesión donde se presentaron posturas divididas. Finalmente, el voto mayoritario de la Corte, con 8 a favor y 3 en contra, determinó que sí tenía facultades para discutir la posible revisión de esta reforma.
Aunque la reforma ya cuenta con carácter constitucional, algunos jueces y magistrados opositores solicitaron a la Corte que revisara su legalidad. Esta decisión ha generado un intenso debate sobre el alcance de las atribuciones del Poder Judicial. Los críticos argumentan que la Corte podría estar excediendo sus facultades, lo que podría vulnerar el principio de supremacía constitucional y la separación de poderes, esenciales para el Estado de derecho en México.
El término lawfare describe el uso abusivo de instancias judiciales para deslegitimar y perseguir a adversarios políticos. Este fenómeno plantea serias preocupaciones sobre el intervencionismo entre poderes y la erosión de la democracia.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha criticado abiertamente la decisión de la mayoría de los ministros, argumentando que carece de sustento legal. Sheinbaum sostiene que los ministros son conscientes de que su actuación es ilegal, dado que son constitucionalistas.
A pesar de la tramitación de la solicitud, la discusión y votación aún están pendientes. Se espera que algunos de los ministros preparen un proyecto de resolución que deberá ser analizado. No obstante, varios expertos coinciden en que la Corte no tendría facultades para anular una reforma que ya ha sido aprobada por el Congreso y las legislaturas locales.
Sheinbaum afirmó que no existe riesgo de que esta reforma, que busca democratizar el Poder Judicial, sea revertida. Telesur
