El sueño de conquistar las reservas de fosfato en las profundidades de Baja California Sur ha quedado enterrado en un pleito internacional de cinco años entre el Gobierno mexicano y la compañía estadounidense Odyssey Marine. El arbitraje internacional, iniciado en 2019, ha resultado en un fallo en contra de México, que ahora deberá pagar a la demandante una compensación económica de 37,1 millones de dólares.
El Centro Internacional para Solución de Diferencias de Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés) ha resuelto que la Administración federal deberá cubrir esa millonaria cantidad, más intereses, costos administrativos y honorarios. La minera marina, bajo el amparo del TMEC, denunció la negativa de las autoridades mexicanas de otorgarle los permisos medioambientales para comenzar la exploración de los minerales marinos en las costas del Pacífico. La Secretaría de Economía ha anunciado que impugnará esta resolución debido a que la decisión no fue unánime y presentó evidencia sólida sobre la falta de experiencia de Odyssey Marine y las graves consecuencias que este proyecto ocasionarían a la fauna local.
El arbitraje internacional fue presentado en abril de 2019 por Exploraciones Oceánicas —firma subsidiaria de Odyssey Marine—contra el Gobierno mexicano por rechazar su solicitud de permisos ambientales en 2016 y 2018 para comenzar la extracción de arenas fosfáticas en Baja California Sur. Cinco años y una docena de audiencias después, la compañía ha celebrado el fallo a su favor: “La agencia ambiental de México denegó injustamente nuestro permiso ambiental que recibió amplios aportes de asesores externos y expertos de la industria para determinar un plan de desarrollo económicamente viable y ambientalmente responsable”, aseveró por escrito Mark Gordon, director ejecutivo de Odyssey Marine Exploration.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, no ha tardado en responder sobre esta resolución en su contra y afirma que luchará para no pagar los 37,1 millones de dólares. “México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible donde habitan la tortuga caguama, ballenas azules y grises, así como y lobos marinos, entre otros. Asimismo, aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero”, indicó. Agencias
