A la Vuelta de la Esquina
IVÁN RUIZ FLORES
¿Al cuarto para las doce de su salida logrará el presidente minar al Poder Judicial, otra más de las instituciones independientes consideradas esenciales para el mantenimiento de la democracia y el Estado de Derecho en México?
Estamos a las puertas de saberlo. Mientras tanto, quienes no están de acuerdo con ese tipo de actuación del mandatario, a través de la Barra Mexicana de Abogados con participación de la Facultad de Derecho de Stanford (Universidad de Estados Unidos) realizaron un análisis de la iniciativa de reformas constitucionales y en un informe lo dieron a conocer.
En el mismo resaltan:
“Durante los últimos años, la Administración del Presidente López Obrador ha realizado esfuerzos importantes para minar instituciones independientes esenciales para el mantenimiento de la democracia y el Estado de derecho en México, incluyendo ataques hacia el Poder Judicial de la Federación. El Gobierno ha intentado alterar la composición de la Suprema Corte a su favor, ha recortado el presupuesto del Poder Judicial federal en un treinta por ciento y ha utilizado las conferencias mañaneras del Presidente para criticar públicamente a este Poder, en especial por aquellas decisiones que protegen de abusos cometidos por el Poder Ejecutivo”.
Específicamente, respecto ala elección popular de los jueces (hombres y mujeres) el documento elaborado por los especialistas precisa:
“En contraste con los estándares internacionales descritos, la elección popular de jueces y juezas no garantiza que estos sean seleccionados con base en sus méritos o competencias, sino de acuerdo con su popularidad. Tampoco garantiza que una autoridad independiente esté a cargo de las nominaciones judiciales para asegurar un proceso de selección accesible, objetivo e independiente. De hecho, diversos organismos internacionales han expresado su preocupación por el impacto negativo que la elección de jueces por voto popular tiene en la independencia e imparcialidad del Poder Judicial”.
Especifican también:
“Aunque la iniciativa de reforma establece que las personas candidatas a jueces, magistrados y ministros de la SCJN deben demostrar eficiencia, capacidad e integridad, no detalla un mecanismo transparente, independiente y accesible para verificar el cumplimiento de estos requisitos durante la etapa de nominación”.
Recuerdan que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido que, para cumplir con sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de garantizar el derecho de acceso a la justicia: “…los Estados deben proteger a los jueces de cualquier forma de influencia política a la hora de emitir una decisión, mediante un procedimiento claro y criterios objetivos para su nombramiento”.
LA ADVERTENCIA
EN LA MATERIA
Y mencionan el planteamiento de Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, quien ha advertido: “… las normas relativas a la selección y nombramiento de los jueces no pueden modificarse para dar prioridad a la afiliación política sobre la capacidad y la integridad”.
Además… “La elección popular de juezas y jueces compromete su independencia e imparcialidad, ya que crea un incentivo para que sus posturas, y en última instancia sus decisiones, se alineen con la opinión popular en lugar de atenerse estrictamente a la ley”.
Precisa:
“Un Poder Judicial independiente es esencial para aplicar la ley sin verse influenciado por la voluntad mayoritaria y las corrientes políticas; la campaña electoral socava este principio de manera directa. La influencia de presiones externas también se deriva del financiamiento electoral.
“En un sistema en el que las y los jueces son seleccionados mediante elecciones por voto popular, existe un mayor riesgo de que las personas candidatas busquen activamente el respaldo y el apoyo financiero de partidos políticos o grupos de interés. Esto puede conducir a una politización significativa del proceso judicial y, en consecuencia, a socavar la capacidad del Poder Judicial para actuar como contrapeso independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
“A este respecto, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos ha señalado que, aunque la selección de jueces mediante elección popular puede conferir cierta legitimidad democrática, significa que los candidatos hacen campaña, participan en política y pueden verse tentados a comprar o vender favores. Este componente es especialmente preocupante en el contexto de sujeción al crimen organizado que vive México.
“La elección popular genera un alto riesgo de que las decisiones judiciales se tomen en función de las preferencias de quienes financian las campañas electorales de candidatos y candidatas, o de las opiniones mayoritarias de la población. La necesidad de asegurar votos o apoyo financiero durante las campañas electorales puede influir negativamente en el proceso de toma de decisiones, y también socavar la confianza pública en el sistema judicial.”
En el texto se recuerda que el derecho internacional obliga a México a asegurar la independencia judicial.
Lo fundamentan:
“De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos tratados internacionales ratificados por México, toda persona tiene derecho a que su caso sea escuchado con las debidas garantías por un juez “competente, independiente e imparcial”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) recuerdan, “ha establecido que los Estados deben proteger la independencia de las y los jueces, en particular la de aquellos que tienen la responsabilidad de interpretar la Constitución. Esta protección comprende un proceso apropiado de nombramiento, un período de servicio estable y salvaguardas contra interferencias externas, permitiendo así que jueces y juezas decidan de manera imparcial, sin miedo a represalias o influencias indebidas”.
El trabajo sobre el tema es extenso y muy fundamentado.
