A la Vuelta de la Esquina
IVÁN RUIZ FLORES
Los adultos mayores se incrementaron en los últimos seis años y alcanzarán a finales de este 2024 (las personas de 60 años o más) el 12 % de la población total del país, con una tasa de crecimiento anual cerca del 4% durante este sexenio que agoniza, hasta sumar 16 millones 421 mil 678 ciudadanos.
El gobierno que tomará posesión dentro de unos meses deberá prestar atención a la problemática de salud para esa población que requiere ser atendida.
Y como ya se ha dicho en otras ocasiones, “…para poder asegurar que las personas mayores sean sujetos efectivos de derecho y garantizar su bienestar es necesario que el Estado asuma la responsabilidad del desarrollo de políticas públicas congruentes y coordinadas y la transversalización de la perspectiva de curso de vida en todas los planes y programas de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno e involucrar a los sectores social y privado”.
Por ejemplo, en el Programa Institucional del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 2021-2024 se precisó que la coordinación interinstitucional “…no se entenderá solamente como el intercambio de información entre dependencias y entidades del sector público, privado y social, sino como la acción colectiva en la construcción de una forma diferente de entender y atender el proceso de envejecimiento y la vejez en México”.
Actualmente, en el Congreso de la Unión abundan las propuestas para lograr la mejoría de este segmento de mexicanos. Los legisladores ganadores de curules y escaños en las Cámaras, que están por llegar, lograrán que la legislación mexicana se modifique para beneficio de los adultos mayores que cada día son más.
INICIATIVAS EN
EL SENADO
Por ejemplo, en las “Notas Estratégicas”, del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República se da a conocer que actualmente están en proceso legislativo 18 iniciativas a distintas leyes en materia de derechos de adultos mayores.
Resaltan que a reserva de las consideraciones particulares de los y las legisladoras, las iniciativas son acordes con el enfoque que proponen las normas internacionales en la materia.
También se precisan otros renglones. Por ejemplo:
“Formular legislación y políticas públicas para tratar y prevenir la discapacidad, considerando el sexo, la edad y los factores sanitarios, ambientales y sociales; divulgar información sobre las causas de la discapacidad y sobre las formas de prevenirla o sobrellevarla; promover la construcción de viviendas en las que se reduzcan los obstáculos para la vida independiente; garantizar que los productos farmacéuticos o las tecnologías médicas sean accesibles para todos sin discriminación; alentar y apoyar la creación de organizaciones de autoayuda de las personas de edad con discapacidad y la personas que las cuidan, así como la receptividad de los empleadores respecto de las personas de edad con discapacidad que siguen siendo productivas y capaces de realizar un trabajo remunerado o voluntario.”
Una propuesta es para que “el delito de abandono de hijas, hijos, adultos mayores, enfermos y personas con discapacidad se persiga de oficio”.
Además: “Se propone incrementar la pena establecida para el hostigamiento sexual, estupro y violación, cuando esas conductas se cometan en contra de menores de edad, de adultos mayores, de personas con discapacidad y de personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho”.
Y ante la persistencia de problemas de mala nutrición en diversos grupos de población, entre ellos los adultos mayores, se propone “…definir en la LGS las “fórmulas para regímenes dietéticos especiales” y las “fórmulas dietéticas para fines médicos especiales”, de manera que las dependencias que ejecuten políticas en torno al desarrollo humano y social las considere como componentes de los apoyos para la alimentación”.
Algo más es la proposicion para que “facultar al Banco de México para prohibir que las entidades financieras cobren comisión por disposición de efectivo a los beneficiarios del programa “Pensión para el Bienestar de las personas Adultas Mayores”.
También se busca establecer la obligación de las instituciones de seguros “…de crear entre sus productos un seguro de salud digna dirigido a las personas mayores, con acceso a la red de médicos, farmacias y hospitales que corresponda, y que incluya chequeos generales obligatorios, cuidados preventivos, tratamiento de enfermedades crónicas, emergencias médicas, medicamentos de alta especialidad, laboratorios, terapias de rehabilitación y cuidados geriátricos.
“Las personas mayores de 70 años estarán eximidas del pago de la póliza, siempre y cuando acrediten haber pagado durante treinta años. La prima anual de este seguro solo se incrementará en proporción con la inflación anual y habría sanciones en caso de que no se acaten las disposiciones que se establezcan.”
¿Los próximos legisladores lograrán esta serie de excelentes propuestas?
¡Ojalá!
