* El Derecho de Amparo es por Excelencia un Equilibrio
Entre un Individuo y el Estado
* Rendición de Cuentas Evita Despilfarros “ex Ante, Durante
y ex Post” de una Determinada Obra Pública.
* Políticos Incapaces de Entender la Democracia; Buscan ser
Iguales que Luis XIV y Personificar el Estado
*AMLO Sitúa por Encima de las Leyes Porque Cree que su a
Autoridad Política y Moral se lo Permite
EZEQUIEL GAYTÁN
La pregunta ¿Quién cuida al Estado del Estado? la encontramos en las Sátiras de Juvenal en el año 100 de nuestra era “Quis custodiet ipsos custodes”. o, si se prefiere, en términos alegóricos ¿Quién cuida al vigilante del vigilante? Es una pregunta tan importante que la sociedad occidental ha dispuesto que bajo el manto de la democracia sus gobiernos respondan a esa pregunta con varias repuestas político-jurídicas y administrativas. Así tenemos a la división de poderes; la efectiva garantía del ejercicio de las libertades contenidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; que los gobiernos sean abiertos; que se sujeten a la transparencia y la rendición de cuentas, que se empodere a la sociedad civil y, sobre todo, ejerzan el Estado de Derecho.
Lo anterior se materializa, en el caso mexicano, al menos en cuatro vertientes. La primera implica que las personas servidoras públicas no puedan ir más allá de lo que las atribuciones del Derecho Administrativo les permite, en tanto que la sociedad puede hacer todo aquello que no le está expresamente prohibido. Se trata de un equilibrio político-jurídico que se manifiesta institucionalmente en dos vertientes: a) en las asociaciones civiles o también conocidas como organizaciones no gubernamentales (ONG) que se dedican a la protección de los derechos humanos. Léase, señalan las violaciones de las autoridades a los derechos humanos y jurídicamente no se les puede callar; y b) la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está tipificada como Órgano Constitucional Autónomo (OCA) y vela por la efectiva prevención de actos autoritarios y, en su caso, actúa y protege jurídicamente a las víctimas por violaciones a la ley por parte de las personas servidoras públicas, sin importar la dependencia o entidad, así como tampoco el nivel jerárquico que ocupa en la estructura gubernamental. Son dos ejemplos de organizaciones que representan, por cierto, la evolución de la teoría de la división de poderes.
La segunda vertiente del acotamiento social al Estado es el Derecho de Amparo, pues impide actos autoritarios de decisiones gubernamentales. Léase, el amparo es el recurso legislado que tutela los Derechos Constitucionales del ciudadano, además de que su protección se vislumbra en dos sentidos; la protección de las garantías individuales y sociales y la inviolabilidad de los preceptos por actos de autoridad que vulneren los derechos de las personas. El Derecho de Amparo es por excelencia un equilibrio entre un individuo y el Estado, pues no siempre la ley es justa y puede, en su caso, perjudicar a alguien. De ahí que su importancia radica en que protege a la persona o grupo de personas que no son parte de “la mayoría” para la cual se expide una determinada ley. Lo cual no es criticable necesariamente, pues se gobierna, en principio, para las mayorías. El espíritu de la Ley de Amparo permite, además, atender la protección del pacto social y a las minorías, ante los abusos de poder.
La tercera vertiente es el llamado Control Social que es el ejercicio bidireccional que oscila en el espacio público entre la sociedad y el gobierno y que se manifiesta mediante la democracia participativa y las políticas públicas entendidas como la colaboración entre la Administración pública y los grupos sociales. En otras palabras, es el ideal de lo que se entiende como gobernanza o el valor público de la colaboración responsable y empoderada de lo ciudadanía en materia de prestación de los servicios públicos. De lo que se trata es de transitar de los actos verticales descendentes de la gobernación a formas de interacción social horizontales en la implementación de la colaboración entre la ciudadanía y el gobierno.
Finalmente, la cuarta vertiente se refiere a la transparencia, la rendición de cuentas y el gobierno abierto. Los cuales son atributos democráticos que obligan a los gobiernos a informarnos acerca de las decisiones, uso y destino de nuestros impuestos. Con lo cual, además de desplegar políticas preventivas de corrupción, permite combatir ese flagelo. Es cierto que los informes de gobierno son un buen principio de hacer público el derecho humano a la información. Pero es insuficiente, ahora acotar las decisiones de un gobierno a fin de que rinda cuentas pormenorizadamente y se les sujete a las contralorías sociales es con el fin de que se eviten despilfarros “ex ante, durante y ex post” del inicio de una determinada obra pública.
Son cuatro vertientes o acciones que están contenidas en nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan y de ahí que la pregunta ¿Quién cuida al Estado del Estado? tiene respuestas deseables, posibles y realizables. Sin embargo, aún existen políticos y partidos políticos incapaces de entender el espíritu de la pregunta, pues al igual que el rey francés Luis XIV se sienten la personificación del Estado. Tal es el caso de la actual gestión, nuestro presidente se sitúa por encima de las leyes porque cree que su autoridad política y moral se lo permite. Peor aún, ese desplante de autoritarismo ya tuvo eco y los diputados y senadores de Morena y sus aliados ahora mutilan el Derecho de Amparo, subordinan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, marginan a las organizaciones de la sociedad civil y opacan la información en nombre de la seguridad nacional. Con esas acciones el gobierno de la República hace explicita su decisión de que al vigilante nadie lo puede vigilar. Mucho menos la sociedad, la prensa y los partidos de oposición.
Que quede claro, el Estado es una de las mejores invenciones humanas, pues sus principios son los de protegernos y defendernos mediante la organización, administración, procuración e impartición de la justicia. Consecuentemente nuestro artículo 17 constitucional evita que alguien o un grupo de personas hagan justicia por sí mismas o ejerzan violencia a fin de reclamar sus derechos. En otras palabras, un país de instituciones y de apego al Estado de Derecho evita que una persona, así haya sido electa democráticamente, tenga la potestad de encarcelar o liberar a un presunto delincuente o a un inocente de manera subjetiva y unilateralmente.
De lo que se trata es de defender la Constitución que nos otorga libertades, que es explicita en la división de poderes, que reconoce la importancia de la pluriculturalidad, del pluripartidismo, de la tolerancia, del derecho al acceso de la información, de ampararnos como personas o minorías ante decisiones que, en efecto, son en favor del interés público, pero que reconoce las excepciones. Hoy la sociedad mexicana es testigo de la terrible sentencia de los regímenes autoritarios: “hecha la ley, hecha la trampa”. En otras palabras, las leyes de Amnistía y de Amparo se están desviando de sus razones fundacionales y del espíritu de justicia que las prohijó.
El cascarón del huevo de la serpiente está a punto de quebrarse y lo peor es que lo sabemos porque es translucido, lo que está por llegar a México de continuar por la senda del absolutismo es un régimen autocrático, sustentado en un caudillo vengativo, resentido y obsesionado de poder que no desea contrapesos y mucho menos que la sociedad y los medios defiendan sus derechos.
El fin de la autonomía, en la práctica, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de cercenar el Derecho de Amparo, de marginar y denostar a las organizaciones de la sociedad civil, de crear una ley de amnistía inconstitucional y de gobernar con opacidad son un atentado en contra de la vida institucional de nuestro país. Cada acto de la actual gestión que vemos nos acerca más y más al autoritarismo y nos aleja más y más de la vida democrática. Estamos en riesgo de perder, como ciudadanos, los mecanismos jurídicos y administrativos que nos permiten empoderarnos y fortalecer los pilares de un Estado democrático que responde afirmativamente a la pregunta ¿Quién cuida al Estado del Estado?: nosotros, el pueblo.
