El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito revocó las acusaciones hacia 31 científicos y administrativos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), anteriormente conocido como Conacyt, desestimando por completo los cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero el pasado 25 de abril de 2024. Esta decisión pone fin a un controversial caso que había capturado la atención del ámbito académico y legal en México.
La controversia comenzó cuando la Fiscalía General de la República (FGR) intentó imputar a estos profesionales del conocimiento y administradores por actividades ilícitas. No obstante, tras un extenso proceso, el tribunal determinó que se carecía de evidencia suficiente para sostener las imputaciones. Además, expuso que proseguir con las investigaciones constituiría una violación a los derechos humanos de los acusados. La emisora W Radio fue una de las primeras en divulgar detalles de la resolución el mismo día de su emisión.
El caso de los 31 científicos acusados de lavado de dinero
El origen del acaso se sostenía en presuntos desvíos de fondos públicos, el monto se elevó a los 244 millones de pesos, destinados a la investigación científica y tecnológica, entre los años 2013 y 2018. Los gastos cuestionados incluyen, entre otros, pagos en una residencia, viajes tanto dentro del país como al extranjero, sueldos, impuestos, y contribuciones a diferentes instituciones sociales como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Esta situación escaló a fines de 2021, cuando la FGR, motivada por una denuncia interpuesta por la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, condujo a la solicitud de órdenes de aprehensión contra ellos. Además se agregaron cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El argumento central de la acusación se basaba en la supuesta malversación permanente de fondos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., con el objetivo de beneficiar a sus miembros de manera indebida.
A pesar de estos graves señalamientos, la solicitud de arresto enfrentó obstáculos judiciales cuando, en septiembre de 2021, un juez determinó que los actos señalados por la fiscalía “de ninguna manera pueden ser analizados a la luz del derecho penal”, citando la legalidad de la financiación según estaba prevista en la legislación y estatutos vigentes de aquel entonces que regulan el funcionamiento del Foro. La FGR insistió y argumentó que un estatuto interno no puede contravenir lo estipulado por la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del propio Conacyt.
El presidente Andrés Manuel López Obrador también intervino en el debate, criticando lo que considera como una influencia excesiva de los académicos en cuestión para proteger sus intereses, utilizando fondos públicos para beneficios personales, incluyendo viajes de congreso para sus hijos. Fue hasta abril de 2024, que se resolvió el proceso y se emitió un falló que desestimó las acusaciones.
(Agencias)
