Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Se abre la discusión. Y no favorece a la parte del Poder Legislativo que detenta Morena y sus aliados.
La reforma a la Ley de Amparo, es una venganza en contra del Poder Judicial, comenta un magistrado, presidente de uno de los tribunales colegiados, cuyo nombre se guarda en reserva para protegerlo de posibles represalias.
Se ataca un derecho humano al impedir que un asunto que afecta a terceros tenga que ser presentado individualmente y se frene la suspensión general de todos los que consideran un daño en su patrimonio, persona, acción o decisión fiscal, opina el académico Ricardo Ortega.
“Se viola la protección constitucional a la que tienen derecho todas las personas”, comenta otro.
El amparo, dice el académico del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana, es una herramienta que protege a todos por igual. Al no enterarse, en tratándose de una persona que no presta atención a las reformas de las leyes que hacen los legisladores, probablemente no recurra a solicitar un amparo. Sin embargo, con la aplicación de la ley antes de ser reformada -falta su publicación para la entrada en vigor-, podía mostrar ignorancia, pero al ser presentado un amparo y dictarse una sentencia de suspensión provisional, tomaba el camino de proteger a todos por igual.
El senador Julen Rementería expresa que con la reforma aprobada por Morena y adláteres, se violan los derechos humanos consagrados en la Constitución.
Todo viene a colación por la expresión del coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal quien después de lograr la aprobación, publicó en su cuenta X, el siguiente texto:
“La dictadura de la toga no puede prevalecer en un sistema democrático; en tal sentido, la reforma aprobada a la Ley de Amparo es un paso necesario hacia una justicia más equitativa y transparente en nuestro país”.
En una entrevista el mismo día de haber posteado su mensaje, afirmó que el Poder Judicial no puede ser el poder de los poderes, porque en eso se ha convertido al revertir las reformas legales que realiza el Poder Legislativo, cuyos miembros son elegidos por los ciudadanos,
En el mismo sentido responde César Cravioto, vocero de los morenistas en el Senado de la República, quien estima que once personas no elegidas por los ciudadanos, no pueden estar por encima de las decisiones que toman 628 legisladores a los que el pueblo les brindó su confianza.
Me quedo con la opinión el magistrado federal: es u na venganza contra el Poder Judicial de l Federación que no ha sucumbido ante los embates presidenciales de todos los días.
“Todavía no se escribe la última palabra. Como ejemplo, hay jurisprudencias que no pueden ser revertidas. Las leyes no tienen efecto retroactivo si perjudican a mayorías; lo tienen en tratándose de acciones que beneficien, no perjudiquen”.
Tiene razón y es muy probablemente que el doctor en derecho, Monreal y su compañero en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien confiesa no tener título alguno, no hayan analizado el valor de las jurisprudencias.
En lo personal me parece una falta de respeto llamar “la dictadura de la toga” a quien forman la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya primigenia responsabilidad es ser los garantes de la Constitución y ésta los faculta para determinar si las leyes -nuevas o reformas a las existentes- atienden los preceptos y alcances de lo que marca la Carta Magna.
Si se habla de dictaduras, habría que poner la mirada en el Poder Ejecutivo, donde para empezar, a los empleados les pide 90 por ciento de lealtad y 10 de capacidad o bien oculta el costo de las faraónicas obras “insignia” del gobierno calificándolas como de “seguridad nacional” cuando ninguna de las tres: AIFA, Olmeca y Tren Maya están en los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional.
Autocracia, el paso inferior para llegar a la dictadura, ha intentado destruir los órganos autónomos constitucionales mediante reformas “legales”, es decir, a leyes secundarias, cuando se requiere que se modifique la Constitución.
Dictadura es “comprar voluntades y conciencias” mediante programas sociales que no tiene reglas de operación y a los que se asignan miles de millones de pesos hasta llegar a 800 mil este año y se rehúsa a rendir cuentas. Ejemplo: a la pensión universal destinan 370 mil millones de pesos para una población de 18 millones de adultos mayores. El padrón oficial del programa reconocido y difundido por la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, es de casi 12 millones de beneficiarios.
No, si hablamos de dictaduras, hay que mirar hacia Palacio Nacional y al Congreso de la Unión en la parte que domina el oficialismo.
Todavía hay largo camino por recorrer con esta reforma a la Ley de Amparo.
Estaremos pendientes y le informaremos con la oportunidad requerida.
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