Bajo el argumento de que se trata de esclarecer la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en sesión de casi cuatro horas la mayoría de Morena y aliados aprobó en la comisión de Justicia los dictámenes para dar facultad de amnistía al presidente López Obrador y para limitar los efectos de suspensión al juicio de amparo. Se presume que con esta medida, el gobierno obtendrá información válida y confiable para saber la “verdad” de lo ocurrido en Iguala.
También, con 19 votos a favor y 14 en contra, aprobó el dictamen a la minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo.
La adecuación estipula que tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso, las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales.
Además, elimina el último párrafo del artículo 129, el cual establecía que: “El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social”.
Al respecto, el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) señaló que esta reforma es el comienzo de una transformación judicial, es un apéndice que busca una real división de poderes para que los jueces no tomen una atribución que es única de la Suprema Corte de Justicia, que es suspender con efectos generales una norma general cuando un poder demanda a otro poder, la inconstitucionalidad de una legislación.
En el otro tema sustancia de la reunión de la comisión, Las y los integrantes de la Comisión aprobaron con 19 votos a favor y 14 en contra, el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 9° a la Ley de Amnistía, a fin plantear que el Poder Ejecutivo Federal podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa y extinguirá las acciones penales impuestas
Con esta adecuación, se faculta a la persona titular del Poder Ejecutivo Federal para que, de manera exclusiva, otorgue el beneficio de la amnistía de manera directa, sin estar sujeto al procedimiento establecido, cuando las personas reúnan elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano.
Además, cuando en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesadas o se encuentren sentenciadas por cualquier delito.
En este sentido, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) explicó que esta reforma tiene la finalidad de evitar trámites burocráticos y dar a la ciudadanía el derecho a saber la verdad sobre acontecimientos relevantes para el país. Aclaró que no se violenta ningún derecho humano, porque lo que busca es terminar con la impunidad y otorgar justicia y la reparación del daño a las víctimas.
El diputado Guillermo Octavio Huerta Ling (PAN) expresó estar en contra de la minuta porque es otorgar impunidad, perdón y olvido a delincuentes y a corruptos. “Cuando ya existe el criterio de oportunidad en la ley, por qué no mejor lo revisamos y se amplía, en vez de conceder estas facultades”.
El diputado Robles Gómez afirmó que esta reforma da acceso a la justicia y a la verdad a la ciudadanía en temas relevantes y con ello romper los pactos de silencio e impunidad al poner énfasis en las víctimas.
La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) externó que el presidente no tiene facultades de investigación y con esta reforma están poniendo en un solo poder los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “Por supuesto que esta no es una reforma sencilla, al contrario, es gravísima y no beneficiara a cualquiera que lo solicite”.
