El Congreso de Nuevo León, el Poder Judicial local y la Fiscalía General de Justicia de la entidad acusaron al gobernador Samuel García Sepúlveda de una presunta retención de nómina que estaría afectando a más de seis mil trabajadores.
Por medio de un comunicado de prensa, dichos poderes y la dependencia señalaron que el militante de Movimiento Ciudadano (MC) nuevamente habría detenido los depósitos correspondientes a la primera quincena del mes de abril, con lo que habrían afectado a más de seis mil 150 empleados.
“(…) hacemos de su conocimiento que una vez más el Gobierno del Estado de Nuevo León, por instrucciones del X. Samuel Alejandro García Sepúlveda, detuvo de nueva cuenta el depósito de los recursos económicos necesarios para el pago de la nómina correspondiente a la primera quincena del mes de abril del presente año, afectando a más de 6,150 empleados”, se pudo leer el lunes 15 de abril.
Tras dicha explicación, el Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso reprobaron las acciones que estarían afectado no sólo a los empleados, sino a sus familias, por lo que exigieron al gobernador que dé la instrucción para que se realicen los pagos.
“Reprobamos profundamente este tipo de acciones que afectan a las familias de los servidores públicos y exigimos al gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda que gire las instrucciones con carácter de urgente para que se realice el depósito correspondiente que permita cubrir el pago de las personas que trabajan por el bien de Nuevo León”, finalizó el mensaje.
Hasta la publicación de esta nota, el mandatario neoleonés no ha dado alguna declaración o informado el porqué de la decisión o cuál es la razón de la retención de pago.
No fue la primera vez de la presunta retención de pagos
Esta no fue la primera vez que empleados acusan a García Sepúlveda de presunta retención de pagos, puesto que en noviembre del año pasado se dio un caso similar.
En aquella ocasión más de siete mil empleados de diversas instituciones estatales, incluyendo la Fiscalía de Justicia, el Congreso del estado, el Poder Judicial y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, enfrentaron la incertidumbre tras no recibir su pago correspondiente a la primera quincena de noviembre.
De acuerdo a lo que se conoció, el gobernador Samuel García habría tomado la decisión de suspender el depósito de los fondos necesarios para cubrir las nóminas de estos trabajadores, una medida que fue catalogada por los afectados como “un acto sin precedentes”.
Los organismos afectados por esta medida han emitido un comunicado, subrayando la gravedad de la situación. “Las instituciones aquí representadas hacemos de su conocimiento que el gobierno del Estado de Nuevo León por instrucciones de Samuel García Sepúlveda detuvo el depósito de los recursos económicos necesarios”, se detalla en el documento.
Entre los firmantes del comunicado se encontraron figuras clave como el magistrado Alberto Ortega, encargado del despacho del Tribunal Superior de Justicia; Pedro Arce, de la Fiscalía General de Justicia; Jorge Galván, auditor General del Estado, y Mauro Guerra, presidente del Congreso local.
Estos líderes elevaron la exigencia clara hacia el gobernador Samuel García para que, a través de la Secretaría de Finanzas, se realice con urgencia el depósito correspondiente para aliviar la situación de los trabajadores afectados.
Resulta fundamental aclarar que la pausa en el pago de nóminas ocurrió en un momento donde la lucha política por el control del gobierno estatal parecía intensificarse, señalando un posible trasfondo político detrás de la decisión financiera. Y es que la solicitud de licencia del gobernador fue el contexto en que se dio tal situación.
(Agencias)
