Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
La petición del PAN para que el Senado de la República confirme la desaparición de poderes en Guerrero, tiene sustento.
La entidad gobernadora -es un decir- por “La Torita” Evelyn Salgado Pineda, está en manos del crimen organizado que controla el transporte público en Acapulco, Taxco, Chilpancingo, Ixtapa-Zihuatanejo, entre otros municipios; los cárteles locales son cultivadores y proveedores de estupefacientes e incluso, en la Montaña se han localizado laboratorios clandestinos -no podrían ser de otra manera- en donde se procesa fentanilo y otros psicotrópicos. Extorsiona a vendedores de pollo, huevo, carne, verduras y frutas. Hasta los boletos deben pagar derecho de piso y las autoridades están ausentes.
La ingobernabilidad es manifiesta. No de ahora. Desde hace una década. Hoy es más notorio porque los criminales actúan con impunidad. Nadie los detiene. Y cuando hay oportunidad, son el doble en número que los elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Armada-Marina de México.
En Guerrero han sido desaparecidos los poderes en 7 ocasiones. Desde 1918 y hasta 1973. El primero en el siglo XX en perder la silla fue Silvestre G. Mariscal y el último Israel Nogueda Otero, quien dejó el cargo en manos de Xavier Olea Muñoz y quien ocupó el cargo ¡30 días!
Así que no sería novedad que apareciera la bola negra, esa que se utiliza para jugar pool 100 y cuyo número en lanco no tiene pierde: es el 8.
Si bien es cierto que es un recurso legal, constitucional, no se aplica desde 1975.
Sí, en tiempos de Luis Echeverría, quien avaló la destitución del que fuera dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE) Otoniel Mirada, acusado de violentar las garantías individuales.
En el gobierno de José López Portillo y con el talento de Jesús Reyes Heroles posado en la Secretaría de Gobernación, se reformó promovió la reglamentación del artículo, que dio origen en 1978 a la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 Constitucional, que definía claramente en qué caso procedía la desaparición de poderes y cuáles eran los procedimientos para ella y establecía que el Senado únicamente certificaba una desaparición ya dada y no desaparecía los poderes por sí mismo.
El de Otoniel Miranda es el último gobernador al que le desaparecieron los poderes.
La Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 constitucional, especifica los motivos por los cuales en la entidad -la que fuere- desaparecieron los poderes.
Por ello, es importante dar a conocer las causales.
ARTICULO 1o.- Corresponde exclusivamente a la Cámara de Senadores determinar que se ha configurado la desaparición de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado y hacer la declaratoria de que debe nombrarse un gobernador provisional.
ARTICULO 2o.- Se configura la desaparición de los poderes de un Estado únicamente en los casos de que los titulares de los poderes constitucionales:
I.- Quebrantaren los principios del régimen federal.
II.- Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.
III.- Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.
IV.- Prorrogaren su permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron electos o nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los nuevos titulares. V.- Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.
Aquí sí: más claro que el agua bendita, imposible.
Las condiciones que confirman la desaparición de poderes, están a la vista.
La falta de gobernanza, avalada por los poderes Legislativo y Judicial, sería suficiente para que el Senado de la República aceptara la petición formulada por los congresistas del PAN en la Cámara Alta, para confirmar la desaparición de poderes.
No se trata de un asunto de partidos políticos. Los que antes perdieron la silla, eran del PRI.
¿Alguien habrá leído la Ley Reglamentaria?
Si no lo han hecho, urge respetarla y aplicarla.
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