El Gobierno venezolano denunció que la empresa ExxonMobil, con apoyo de Guyana, promueve una campaña «maliciosa» en contra de su política integral de seguridad fronteriza, en medio de la disputa por el territorio Esequibo.
«Venezuela denuncia, ante la comunidad internacional, la maliciosa campaña preparada y financiada por la ExxonMobil, secundada por el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, en contra de la obligación constitucional del Estado venezolano de establecer una política integral, en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, para preservar, a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su integridad territorial, la soberanía nacional y la defensa de la patria», señala el comunicado difundido por el canciller Yván Gil.
El funcionario hizo referencia a la información difundida en diversos medios, en los que se señala que «Venezuela ha aumentado su presencia militar cerca de la disputada región del Esequibo».
Además, los medios reseñaron que un informe publicado por el estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, revela imágenes satelitales «como evidencia de que Venezuela está construyendo una base militar en la isla Anacoco», en la frontera con Guyana.
De acuerdo con el texto, la campaña de la ExxonMobil busca eludir su responsabilidad sobre las amenazas que ha realizado de explorar la zona en disputa.
«Dicha campaña no es más que una artimaña para huir de la responsabilidad que le corresponde, ante las escandalosas declaraciones de su presidente, Alistair Routledge, quien además de sustituir la soberanía de Guyana, ha osado emitir juicios amenazantes, regocijándose ante la presencia de potencias militares en un mar sin delimitar, donde han recibido ilegales concesiones petroleras, algunas de ellas ubicadas en un área marítima incontrovertiblemente venezolana», destaca el documento.
De igual manera, Venezuela afirmó que las acciones de la petrolera estadounidense y Guyana constituyen una agresión para desestabilizar la región, y que igualmente violan los acuerdos de Argyle, alcanzados entre Caracas y Georgetown.
La administración de Nicolás Maduro advirtió que se reserva las acciones diplomáticas, todas aquellas enmarcadas en el derecho internacional, y exhortó a Guyana sus compromisos, contemplados en el Acuerdo de Ginebra de 1966.
El 6 de febrero, el presidente de la ExxonMobil, Alistair Routledge, señaló que «las medidas adoptadas por Guyana para fortalecer su relación bilateral con países como Estados Unidos en el área de defensa y seguridad son un buen augurio no solo para el país, sino también para todo el hemisferio occidental, ya que es necesario su lugar como actor global en la industria del petróleo y el gas».
Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió que la ExxonMobil recibirá una «respuesta contundente» si explora el territorio del Esequibo.
El Gobierno de Guyana decidió licitar bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar y otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil; TotalEnergies, de Francia; y a SISPRO Inc., de esa nación.
En la lista también se encuentran la International Group Investment Inc., con sede en Nigeria; Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense; y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (Cnooc).
Posteriormente, el 14 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, acordaron, en San Vicente y las Granadinas, que Venezuela y Guyana «directa o indirectamente no se amenazarán, ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia».
Además, convinieron que cualquier controversia entre los dos Estados se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido, el Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966.
Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.
En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.(Sputnik)
