Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Cada día con más las voces que se levantan –casi forman el coro- para advertir que las elecciones federales, estatales y municipales que habrán de realizarse –eso esperamos- el 2 de junio, corren el riesgo de ser infiltradas por el crimen organizado y el narcotráfico.
Y se diría que más que infiltradas, controladas.
Aunque la preocupación no es nueva y data probablemente de tres décadas atrás, la de ahora tiene mucho más peso por la presencia de los cárteles, tres en particular: Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y La Familia, cuyas cabezas ordenan a sus jefes de plaza conquistar espacios, sacar a los invasores y dominar la política.
Confirmado –aunque se niegue- por el Comando Norte –fuerza militar del Pentágono- desveló a principios de 2023 que el 35% cuando menos, del territorio mexicano está controlado por diversos cárteles. Aquí, en la Defensa Nacional y en Palacio, se encogieron de hombros e ignoraron la advertencia.
Hoy, sin embargo, vale la pena preguntarse si en Fresnillo, Chilpancingo, los municipios autónomos de Chiapas, Celaya, Acapulco, Altamirano, La Ruana, entre tres centenares de municipios se podrán instalar las casillas y de lograrse que los ciudadanos ejerzan su voto libre, secreto y universal.
Aunque hay medidas constitucionales para impedir que alguien sea “electo” por la coacción de los criminales, como señala el magistrado Felipe de la Mata Piña que alcanzaría la anulación de la elección, lo jurídico no importa a los criminales y sencillamente impondrán a quien les venga en gana.
Hace unos días, en este mismo espacio, le dimos a conocer que el temor por la “narco-elección” va en aumento y a partir de entonces comenzaron a desvelarse opiniones de personajes de los mundos académico, jurídico, político, social, en las que la coincidencia va más allá de hablar por hablar.
Los datos duros los conocen en la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y, por supuesto, las fiscalías estatales. Sin embargo, parecería que la importancia de la llamada “madre de las elecciones” no es lo que presuntamente suponemos los ciudadanos que nos aprestamos a participar con nuestro voto.
Hay evidencias de la presunta “protección” de autoridades estatales, municipales y hasta federales que permite a los criminales actuar con impunidad total, y solamente aquellos “jefes de plaza” que se pasan de listos y actúan sin consentimiento de los “superiores” son los que terminan aprehendidos aunque después salgan en libertad.
El acuerdo entre el INE y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Federal) no tendrá efecto alguno al designar a elementos de la Guardia Nacional para cumplir la misión de cuidar a los candidatos.
Decía Marko Cortes, el jefe del PAN, que nadie en el gobierno ha considerado que si los candidatos son custodiados y se logra el propósito de que lleguen vivos a la toma de posesión, nadie ha pensado en las familias que frecuentemente son las víctimas.
Minimizar la violencia, la presencia de los criminales en gran parte del territorio nacional, sin duda ponen en riesgo las elecciones limpias.
Sacar cuentas y tratar de cuadrarlas, no dan.
Anuncia el INE que habrá 170 mil casillas. ¿Cuántos elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, la Marina o Policía Estatal se requieren para garantizar la seguridad?
Si se asignaran 3 elementos por casillas, es más de medio millón de elementos de las fuerzas militares y civiles que deberán estar presentes.
¿Y cuántos por candidato de alto, mediano y bajo riesgo?
Hay que sumar y restar. ¿De dónde saldrán los elementos?
El presidente López minimiza los hechos. Los resume a “algunos municipios gobernados por la oposición”,
Negar lo evidente, no generará el retiro de los criminales, aunque en el pasado el propio narrador de monólogos reconociera: “se portaron bien”… los criminales en la pasada elección.
¡Uff!
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