México ganó un ‘round’ legal en una corte de EEUU contra los fabricantes estadounidenses de armas y eso podría sentar las bases jurídicas para que cualquier nación pueda abrir un litigio en el país angloparlante contra las armerías más poderosas del mundo, argumentando que los pocos controles de venta de armas afectan su seguridad nacional.
El 22 de enero, el Gobierno de López Obrador recibió la noticia de que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, anuló la decisión de un juez de primera instancia de desestimar una demanda que impuso el Gobierno de México contra los fabricantes de armas desde finales de 2021.
Con este primer resultado —que todavía puede ser apelado por las armerías— se confirma que cualquier país puede demandar a fabricantes de armas estadounidenses ante una corte norteamericana, siempre y cuando dicho país brinde los argumentos jurídicos necesarios para comprobar que la actividad de dichas compañías vulnera su seguridad y su bienestar nacionales, dice en entrevista con Sputnik el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores del país latinoamericano, Alejandro Celorio.
«La Corte de Apelaciones establece que, efectivamente, una nación soberana puede presentar una demanda civil contra empresas que fabrican distribuyen y venden armas y potencialmente obtener una compensación por daños», asegura Celorio, quien está al frente de la demanda civil junto con un amplio equipo de abogados especializados.
«Eso quiere decir que quizás algunos países de la región se animen a iniciar su propio procedimiento civil en cortes estadounidenses», subraya.
La demanda del Gobierno mexicano contra los fabricantes de armas exige una indemnización por daños por 10.000 millones de dólares, pero había sido desestimada en septiembre de 2022 por el juez federal de Boston Dennis Saylor. Originalmente, la demanda fue interpuesta por México el 4 de agosto de 2021.
Sin embargo, el 22 de enero, la Corte de Apelaciones, integrada por tres magistrados, resolvió por unanimidad que las empresas demandadas no tienen inmunidad y deben responder por sus acciones ante un tribunal.
En su demanda civil, México señala a las empresas Smith & Wesson Brands; Barret Firearms Manufacturing; Camfour; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Comapany; Remarms; Sturm, Ruger & Co. y Interstate Sales Corp. de prácticas comerciales que facilitan el tráfico de sus productos a México.
El panel resolvió que México demostró que las empresas fabricantes y distribuidoras de armas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes.
¿Podría haber presiones políticas contra México en EEUU?
Alejandro Celorio confía en que las presiones políticas que pudieran surgir en torno al caso no influyan en las decisiones de los jueces, ya que los argumentos presentados por la Administración de López Obrador, dice, son sólidos y deberían analizarse solo en términos jurídicos, no ideológicos ni políticos.
«Estamos buscando una decisión judicial y nuestros argumentos son jurídicos. Lo que pueda suceder en medios en términos de narrativa, declaraciones políticas o de algunos actores relevantes, organizaciones, pues generará algún tipo de ruido, pero en términos de narrativa. No me parece que impacte o vaya a impactar en la decisión de que tome el juzgador», señala el consultor jurídico de la Cancillería mexicana.
«El juzgador, ya sea la Suprema Corte o en juez federal que verá el caso, ahora tiene que basar su decisión en derecho, en las leyes establecidas; entonces, quizás a lo que nos vamos a enfrentar es a mucho ruido alrededor de ese tema», agrega el funcionario, quien afirma que su equipo está preparado para aclarar cuál es el sentido de la demanda.
«No estamos demandando contra la Segunda Enmienda [de la Constitución de EEUU] o contra el derecho de las personas estadounidenses a portar y comerciar armas; ésta es una demanda civil por daños», explica.
También asegura que el fallo reciente de la Corte de Apelaciones de Boston es histórico para México, ya que ninguna entidad había logrado superar la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que otorga inmunidad a las empresas fabricantes y distribuidoras de armas al impedir que sean demandadas por personas afectadas, por ejemplo, por los frecuentes tiroteos en territorio estadounidense.
Según él, en eso radica el valor de la decisión de la Corte de Apelaciones y ahora México podrá probar que existe una relación entre las empresas que manufacturan, distribuyen y venden armas y aquellas que las trafican hacia México.
«Lo que queremos argumentar es que las empresas tienen una obligación de prevenir que sus armas lleguen a territorio mexicano y se utilicen para otros objetivos que los que están permitidos por la ley», dice.
«Está prohibido exportar armas sin una licencia, está prohibido vender armas sin una licencia y lo que están haciendo estas empresas al permitir o solapar que los prestanombres compren armas y después la saquen de Estados Unidos para que ingresen a México es una negligencia a la que le corresponde una responsabilidad civil», abunda Celorio.
También señala que México probará que las empresas fabricantes sabían que sus armas terminaban en organizaciones criminales mexicanas y no hicieron nada al respecto, y para ello echará mano de información pública, de reportes gubernamentales e incluso de videos en los que integrantes de grupos del crimen organizado muestran el poder de fuego que tienen.
¿Cuánto está pidiendo México?
En la demanda civil, México exige una indemnización a las fabricantes de armas de entre el 5 o el 6% de su Producto Interno Bruto (PIB), entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, que es en lo que ha calculado el costo de la violencia armada vinculadas a la negligencia comercial de estos fabricantes.
«Es una cifra que quizás podría antojarse extraordinaria y extrema, pero en realidad son daños directos e indirectos, es lo que ha sufrido el Gobierno de México. En el mismo escrito de la Corte de Apelaciones se establece que el Gobierno México podrá presentar pruebas para sostener esta petición de que hemos sufrido daños y que necesitamos una compensación», dijo Celorio.
Para el abogado, este esfuerzo legal mexicana trasciende administraciones y los siguientes gobiernos en México, independientemente del color que tengan, seguirán adelante con el caso para beneficio y protección de bienes comunes como la salud, la protección y la seguridad de los mexicanos.
Información: @Sputnik
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