NIDIA MARIN
(Primera parte)
El asedio del presidente López Obrador contra los árbitros electorales, el hecho de que el crimen organizado aprovecha las elecciones para ampliar sus redes de impunidad, el clima de polarización política, la coincidencia de elecciones en México y Estados Unidos, y las acciones que López Obrador emprenderá para consolidar su proyecto político y asegurar su legado, hacen de 2024 un año de riesgo político alto, advierte Integralia Consultores.
En un reporte elaborado por los especialistas, encabezados por Luís Carlos Ugalde, realizado en un trabajo de gabinete y entrevistas con expertos (ilustrado con tablas) menciona los 10 principales riesgos que pueden afectar el entorno de negocios y la gobernabilidad democrática del país en 2024.
Se basa en una metodología que evalúa el impacto potencial y la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos.
“El asedio del presidente López Obrador contra los árbitros electorales, el hecho de que el crimen organizado aprovecha las elecciones para ampliar sus redes de impunidad, el clima de polarización política, la coincidencia de elecciones en México y Estados Unidos, y las acciones que López Obrador emprenderá para consolidar su proyecto político y asegurar su legado hacen de 2024 un año de riesgo político alto”, especifica Integralia.
He aquí los riesgos de un modo u otro vinculados con el proceso electoral, por lo cual es posible su ocurrencia, reflejada en una tabla.
RIESGOS:
1-En caso de una victoria electoral del partido en el poder, se consolida la captura de la Suprema Corte por parte del Ejecutivo, a través del nombramiento de otro ministro afín, tras la salida de Luis María Aguilar en noviembre, o bien mediante una reforma constitucional para elegir a los integrantes del Poder Judicial por voto popular. (PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ALTA).
Al respecto, entre otros planteamientos los expertos precisan acerca de puntos clave:
“La presión del Poder Ejecutivo federal sobre el Legislativo y el Judicial ha sido una constante en el actual sexenio. El presidente López Obrador ha intentado, a través de cinco nombramientos, influir en la conformación y las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a efecto de que las personas ministras desestimen (o tarden en resolver) las impugnaciones impulsadas por la oposición en contra de normas generales y actos concretos de la agenda de gobierno”.
2.- Si la coalición gobernante obtiene la mayoría calificada en el Congreso, se aprueban reformas constitucionales que afectan significativamente el entorno de negocios y el sistema de pesos y contrapesos: reforma electoral que modifica la estructura del INE y la forma de elegir al cuerpo directivo mediante voto popular, reforma para eliminar al INAI, reforma energética, entre otras. (PROBABILIDAD MEDIA)
Los expertos exponen: “AMLO y Morena harán todo por lograr el llamado “Plan C”, es decir, obtener la mayoría calificada (de dos terceras partes) en ambas cámaras del Congreso, para así tener capacidad de aprobar reformas constitucionales, a fin de consolidar el proyecto político de López Obrador. La reforma central buscaría desaparecer o achicar a los organismos autónomos, bajo los argumentos de que son muy caros, duplican labores de otras instituciones públicas, no cumplen con sus funciones básicas y han sido cómplices de la corrupción del pasado.
“Para lograr el “Plan C”, Morena y sus aliados necesitan alcanzar un porcentaje de votación mayor al que consiguieron en las elecciones de 2018. En ese año, Morena y aliados ganaron de manera holgada las elecciones federales, pero el resultado electoral fue insuficiente para contar con mayoría calificada en el Congreso: en la Cámara de Diputados, Morena construyó una mayoría calificada artificial mediante artilugios jurídicos y políticos, mientras que en el Senado no alcanzó las dos terceras partes necesarias para los cambios constitucionales.
3.- Grupos criminales aprovechan la coyuntura electoral para ampliar su control sobre los gobiernos y los mercados locales: a corto plazo, esto aumenta la violencia política; a mediano plazo, fortalece su autoridad a nivel territorial, dejando vulnerables a las comunidades y organizaciones frente a delitos como extorsiones, cobro de piso o robos. (MUY ALTA)
Los expertos señalan:
“Aunque dicha captura puede ocurrir en cualquier momento, los grupos criminales aprovechan las coyunturas electorales para mantener o extender su control sobre gobiernos locales. En el corto plazo, este fenómeno incrementa los incidentes de violencia político-electoral, es decir, las agresiones físicas o amenazas a personas candidatas y funcionarias públicas o sus círculos cercanos para obligarlas a cooperar con grupos criminales o retirarlas de la contienda electoral, a fin de favorecer a candidatos afines a los intereses de las organizaciones delictivas.
“Dichas agresiones han incrementado considerablemente de 2021 a 2023 (197.2%) y se espera que 2024 se posicione como el año más violento debido a: i) el número de cargos en disputa a nivel local, ii) la proliferación de organizaciones criminales, y iii) la diversificación de los mercados ilícitos”.
4.- Se acentúa el proceso de militarización, ya sea porque López Obrador consigue la mayoría calificada para adscribir a la Guardia Nacional en la Sedena, y/o porque el nuevo gobierno decide (o se ve forzado a) continuar la política de AMLO respecto a las Fuerzas Armadas. (PROBABILIDAD MUY ALTA)
Al respecto el planteamiento de Integralia es:
“En el caso de la seguridad pública, la militarización podría tornarse prácticamente irreversible si el presidente López Obrador consigue pasar la reforma para introducir formalmente a la Guardia Nacional en la Sedena (lo cual podría ocurrir si la coalición gobernante obtiene mayoría calificada en las elecciones de junio), pues la principal fuerza policial del país dependería del Ejército y el Estado carecería de otro cuerpo para hacer frente al enorme reto del crimen organizado. Aunque esto no ocurra, López Obrador seguirá delegando responsabilidades a las Fuerzas Armadas en el último año de su gobierno para que los militares funjan como “guardianes” de su legado (el Tren Maya es un ejemplo ilustrativo).
“Asimismo, es altamente probable que la próxima presidenta de México siga delegando la seguridad pública a los militares, pues actualmente el Estado carece de una policía civil fuerte y capaz. También es posible que el próximo gobierno encargue a los militares otras responsabilidades civiles en materia de infraestructura y operación de programas a ras de tierra, toda vez que durante esta administración los cuerpos civiles del Estado han perdido”.
5.- Un triunfo electoral de Donald Trump deteriora la relación bilateral con Estados Unidos y coloca a México en una posición de vulnerabilidad (amenazas con aranceles, constantes ataques reputacionales, agravamiento de la crisis migratoria y presiones en materia de seguridad). PROBABILIDAD ALTA.
La opinión al respecto es:
“Para México, el regreso de Trump significaría lidiar con un presidente impredecible y volátil, que podría estar dispuesto a condicionar el actuar de México en materia de migración, seguridad (principalmente en cuanto al combate al fentanilo) y comercio, mediante la imposición de aranceles, la deportación masiva de personas migrantes, cierres parciales de la frontera, amenazas de uso de la fuerza y constantes ataques retóricos. Por un lado, esto podría politizar la relación bilateral (que desde la firma del TLCAN se ha conducido por canales institucionales); por otro lado, aumentaría la incertidumbre en las relaciones diplomáticas y comerciales con Washington”.
(CONTINUARÁ)
