Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Acompañada por las expresiones: No tenemos una Suprema Corte subordinada a la constitución, sino una constitución subordinada a la Suprema Corte, deja en claro a qué llegó a la todavía Honorable institución.
Lleva instrucciones precisas: destruir lo que tardó 200 años en edificarse. Los ministros son los garantes de la Constitución y tienen la capacidad de interpretar los textos. No utilizan el copy and paste. Son juristas estudiados. De los actuales, todos tienen doctorado y maestría, cuando menos.
Sí, fueron propuestos por diversos presidentes de la República y el Senado los evaluó y quedó satisfecho con la idoneidad para ratificarlos. Ella, Lenia Batres, fue designada directamente por su patrón y no por la Cámara Alta. Una irresponsabilidad de los congresistas no avalarla. O a lo mejor la instrucción desde Palacio Nacional fue clara: rechacen las ternas… así yo la nombraré.
Concediendo sin aceptar que en la SCJN ha asumido una función de legislador positivo, al definir normas que prevalecerán posteriormente a una declaración de inconstitucionalidad invadiendo la esfera del poder legislativo, electo democráticamente, habría que recordar a la ministra 11 que el Poder Judicial está para revisar, en los casos de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad o peticiones de amparos, y declarar legales o no las reformas aprobadas por los congresistas –en este sexenio los oficialistas obedecen ciegamente las órdenes presidenciales a sabiendas de que las leyes aprobadas serán anuladas- porque es su función.
Los “elegidos democráticamente” no son infalibles. Los de ahora, por el contrario, actúan al margen de la Constitución y saben y bien que lo que aprueban no resisten la prueba de la legalidad.
Sin pretender descalificar a la nueva togada, sus expresiones más obedecen a una empleada del Ejecutivo que a una representante de la justicia. Agredir a sus pares –es un decir, porque los que están incluso las arrodilladas cuyos nombres son de dominio popular hacen gala de discreción y jamás han descalificado, por lo menos públicamente, a sus compañeros de trabajo- con un discurso que no promueve la justicia sino la destrucción y ratificar la campaña de desprestigio iniciada desde el púlpito de las representaciones de los monólogos palaciegos, gana notoriedad pero no respeeto.
Sus palabras endurecen la relación del Poder Judicial de la Federación con el Ejecutivo y no toman en cuenta que su voto es uno y que cuando menos 8 hacen mayoría. Salvo que Pitágoras se haya ido de parranda con Dionisio –dios del vino y la frivolidad- o estuviera en brazos de Morfeo y simplemente hizo apuntes a lo tabasqueño.
“En lugar de un fuerte activismo de una Corte sensible al principal problema del país, tenemos una enfocada en casos con fuertes implicaciones políticas, que incluso involucran al orden público y al interés social como la declaración de invalidación de leyes o normas que buscan proteger los bienes nacionales”, lanzó la crítica la nueva ministra.
¿Cuál es el principal problema del país?
No lo dijo. Suponemos que es la SEPARACIÓN DE PODERES y que a su jefe le incomoda tener que lidiar con los que sí saben de leyes y conocen la Constitución para aplicar criterios jurídicos, no personales y mucho menos violar la legalidad. Ellos y ellas, antes de la llegada de la licenciada Batres, entienden que están obligados a respetar la Constitución en todos sus preceptos y garantizar la existencia del marco jurídico.
Si el mayor problema del país es la inseguridad y la violencia, no se ha resuelto por los abrazos, no balazos, la atención de mano aterciopelada para los criminales, no es culpa de los ministros sino la falta de decisión del gobierno federal.
Frenar leyes que hacen pedazos el marco jurídico, no es ir en contra de las “que benefician a las mayorías”. Es defender el Estado de Derecho, cuya existencia está en riesgo por las intentonas del huésped temporal de Palacio Nacional para que todo lo que ordene se aprueba sin “cambiarle una coma ni un punto”.
Decir que invade la esfera poder legislativo, electo democráticamente, carece de sustento. Los diputados, por ejemplo, se deben al voto popular y su responsabilidad es con los ciudadanos, no con el jefe de la banda presidencial. Los senadores representan el Pacto Federal no a los ciudadanos. Los congresistas tienen la obligación de velar por los intereses del pueblo, el bueno y el malo, y tomar las medidas correspondientes para evitar la fractura de la República. El caso de Nuevo León, que llegó a tener dos gobernadores, mostró la incapacidad de la secretaria de Gobernación para poner orden y hacer valer las leyes y las sentencias del Poder Judicial de la Federación.
Qué bueno que sus expresiones sean tal cual es. Ya sabemos cuáles son las intenciones y a quien le sirve y no precisamente a los ciudadanos.
¿Está claro o hay que escribir más?
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