Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Defender la Constitución y las leyes que de ella emanan, no es tarea fácil. Los políticos acostumbren recurrir a la Suprema Corte mediante acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales para, en su caso y momento, buscar una sentencia que impida la aplicación de medidas que pueden terminar con sus carreras y, probablemente hasta cambien de domicilio y el nuevo no tenga las comodidades y conforme al que están acostumbrados.
Javier Laynez Potisek ha cobrado relevancia mediática por sus decisiones jurídicas que, como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son inatacables en tratándose de temas en los que se llega al fondo y se falla en el Pleno completo o de las salas.
El ministro se ha convertido en la pesadilla de Samuel García Sepúlveda, quien con todo y sus tres “doctorados en derecho” parece no haber aprendido nada en su proceso de enseñanza. ¿Cómo habrá obtenido el grado máximo en la profesión? Vaya usted a saber.
Entrando en materia: la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, presentó en febrero una petición de juicio político en contra del mandatario por dos razones: no publicó en el Diario Oficial del Gobierno cuando menos 20 decretos y no presentó en tiempo y forma el presupuesto de egresos para el ejercicio 2024.
El gober “fosfo”, interpuso una controversia constitucional en contra de la solicitud de juicio político y, según sus palabras del pasado martes no existe nada del juicio político.
Y es cuando se le aparece el chamuco con toga y birrete.
El texto de la justificación para rechazar la controversia y por lo tanto la solicitud de juicio político sigue su trámite, es devastador.
“Por ‘indudable improcedencia’, la controversia constitucional que interpuso el gobernador Samuel García contra un juicio político de la Comisión Anticorrupción del Congreso local fue desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
El ministro Laynez explicó: no puede plantearse en ella –la controversia- la invalidez de una resolución, pues ello la convertiría en un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en el procedimiento natural, improcedencia que sea extensiva a los actos de ejecución de las sentencias, en tanto su realización encuentra su razón de ser en la propia resolución”.
Más transparente que el agua santificada.
De tal suerte, el gobernador seguirá bajo la lupa y tendrá, le guste o no, que entregar los 2 mil 500 millones de pesos a los municipios gobernador por alcaldes de Movimiento Ciudadano y por el PRI. Samuelito se ha negado a cumplir con la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, lo que equivale a desacato y, como se entiende jurídicamente, sin juicio político puede ser removido del cargo.
Sin duda el regiomontano con el mayor poder político en la entidad, tiene la deformación de origen y que no es otra que sentirse dueño de conciencias sin importar las leyes.
Es la escuela en la que el “doitor” que habita temporalmente en Palacio Nacional enseña cómo evadir el cumplimiento del marco jurídico.
A lo mejor en esa aula obtuvo alguno de sus doctorados el “eminente jurista” que cobra como gobernador y por “llevar inversiones” a Nuevo León.
Como fuere, el juicio político está en manos del Congreso del Estado que, ya se sabe y bien, no deja pasar una bola ni de humo al gobernador.
Se ufana, por cierto, de seguir colaborando con Movimiento Ciudadano para que en 2024 gane la Presidencia de la República.
Vaya galimatías en el que vive Samuelito.
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