Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Las obligaciones constitucionales para las fuerzas armadas no dejan duda: tienen bajo su responsabilidad cuidar de la Soberanía Nacional por tierra, aire y mar. Es decir, soldados al aire y a la tierra y marinos a la mar.
Y si bien el culpable de que el Ejército, primero y la marina después salieron de sus cuarteles para formar parte de las fuerzas que entraron en “guerra” con el narcotráfico, al declararla por el presidente Felipe Calderón a los 18 días de haber tomado posesión en 2006, el sucesor, Enrique Peña Nieto siguió la misma táctica y aumentó la presencia castrense para tratar de contener el avance del narcotráfico y por la aparición abierta y casi tumultuosa del crimen organizado.
Ninguno de los anteriores presidentes utilizó a las fuerzas armadas para otras tareas. Cada 20 de noviembre se anunciaban los ascensos y el incremento salarial como parte del protocolo militar.
Hasta ahí.
Sin embargo, quien durante su campaña acusó al Ejército y la Marina de cometer masacres de jóvenes y aseguraba que de ganar la Presidencia de la República regresaría de inmediato a los militares y marinos a sus cuarteles y terminaría con la violencia en 6 meses porque, afirmaba y lo sigue haciendo, el problema hay que atacarlo de raíz, porque el “fuego no se combate con fuego” y por inventó la fórmula mágica: abrazos, no balazos, decidió militarizar al país, dar nuevas encomiendas a los militares y marinos que han ido desde pegar tabiques, realizar proyectos ejecutivos –si así se les puede llamar-, tender vías férreas, derruir el NAIM, otorgarles las concesiones de aeropuertos, línea aérea; crearles empresas y fideicomisos; crear una Guardia Nacional que en la Constitución y Ley Reglamentaria se establece que tendrá un mando civil y pertenecerá a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Federal) y entregar aeropuertos, puertos marítimos, obras insignia, vigilancia de los bancos del malestar y otras lindezas que generan pingües ganancias sin rendir cuentas a nadie.
El Ejército controla aeropuertos; la Marina, las aduanas.
El huésped temporal de Palacio Nacional, ante la imposibilidad de reformar la Constitución, adhirió por decreto la Guardia Nacional a la Secretaría de la Marina. La decisión provocó acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales que terminaron obligando el regreso de la GN a la dependencia de seguridad ciudadana.
Ayer se publicó el nuevo decreto que hace más poderosa a la Sedena y en el cual la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes otorgó al Grupo Aeroportuario, Ferroviario Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM) la administración, operación, explotación y, en algunos casos, la construcción de los aeropuertos de Uruapan, Palenque, Puebla y Puerto Escondido.
Dedicado a otras laboras no propias de sus responsabilidades constitucionales, las fuerzas castrenses dejan al margen la defensa de la Soberanía Nacional y descuidan sus sistemas de información a grado de ser hakeados los servidores de la Defensa con millones de documentos clasificados.
El Ejército y la Marina no son entes comerciales, administrativos de organismos público-privados.
Uno se pregunta con seriedad: ¿cómo le alcanza el tiempo al secretario de la Defensa para atender de primera mano todas las empresas que ahora posee la Institución?
Aunque lo niegue el señor López, sus decisiones militarizan al país y dejan en claro su anhelo de seguirle los pasos a Porfirio Díaz.
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