*Llegue Quien Fuere no se Alterará la Conducta de los Otros Ocho Ministros
*Con Ocho Votos, las Reformas Pueden Declararse Constitucionales o Inconstitucionales
*Lo Mismo Ocurrirá con las Reformas Legales que no Requieren Mayoría Calificada
*Y Hasta Diciembre de 2024 Concluirá Luís María Aguilar, tan Vilipendiado por AMLO
*Pero el Problema con los Fideicomisos no Concluirá, Sino se Agudizará
JESÚS MICHEL NARVÁEZ
En el gobierno de la cuarta transformación, se ha registrado un hecho inédito: las renuncias de dos ministros y la propuesta y aprobación de cinco que ha hecho el presidente en turno. La historia de la Corte revela que solamente tres ministros han renunciado en sus 199 años de existencia y el máximo de nombramientos en un cuatrienio y sexenio, ha sido de cuatro.
En este 2023, las opiniones son encontradas. En Palacio Nacional comentan: “ojalá y no me equivoque”, mientras en Morena estiman que habrá un giro de 180 grados que permitirá las reformas constitucionales, aunque prevalezcan los tres elementos que han representado los frenos de aire.
La aprobación en el Senado de la República de la renuncia del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no cambia en nada la composición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El personaje que forma parte de la terna que enviará el presidente de la República por la facultad que le concede el artículo 96 de la Constitución, suplirá la vacante de Zaldívar y se sumará, si no hay equivocación en la designación, a las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Con ello y sin ello no se registran alteraciones en la conducta de los otros ocho ministros. Las reformas a la Constitución –si Morena y aliados logran la mayoría calificada en 2024- recibirán el mismo tratamiento que se aplicó hasta ahora: si hay inconstitucionalidad, serán anuladas. Lo mismo ocurrirá con las reformas legales que no requieren mayoría calificada.
Frotarse las manos por la que llegará a ocupar el cargo, es una reacción equivocada.
Con ocho votos, todas las reformas pueden o bien ser declaradas constitucionales o en sentido contrario, inconstitucionales.
El mal fario perseguirá al presidente López y gobierno en general, hasta diciembre de 2024.
Porque será la fecha en la que termina su gestión el decano de los ministros, el vilipendiado, acusado sin pruebas y calificado como protector de los delincuentes de cuello blanco.
Luis María Aguilar, derrotó a Zaldívar Lelo de Larrea en la elección de presidente de la Corte hace ocho años y lo dejó en espera de una nueva oportunidad. Una elección también inédita. Hubo necesidad de repetir la votación hasta en 46 ocasiones.
EL CONTROL
NO LLEGARÁ
El presidente López Obrador propondrá la terna correspondiente y conforme al artículo 96, no tiene pierde. Colocará a quien quiera, aunque las oposiciones no avalen el nombramiento.
El artículo 96, es preciso y no deja lugar a duda para que el titular del Ejecutivo Federal imponga su criterio (o capricho).
Dice el texto en su primer párrafo: .- “Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República”.
Prácticamente el camino está allanado. Pero si alguna duda quedara, el segundo párrafo la disipa:
“En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República”.
Así que, conforme lo declarado por el presidente de la República, la terna será integrada por tres mujeres, con lo cual habría cinco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que en el pasado contó con dos a lo sumo.
Hoy están la presidenta de la Corte, Norma Leticia Piña Hernández. Margarita Ríos Farjart, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
De los varones, además de Aguilar, que termina su gestión en diciembre del próximo año, están Mario Pardo Rebolledo, quien cumple su ciclo en 2026; Alfredo Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, que concluyen en 2027; Javier Laynez Potisek, que finaliza su periodo en 2030 y Juan Luis González Alcántara Carrancá, que se va en 2033.
De tal suerte que el presidente no verá coronados sus esfuerzos por destruir al Poder Judicial de la Federación.
EL DIFERENDO
CONTINUARÁ
Con todo y el nuevo nombramiento, los problemas por la presunta inconstitucionalidad en las reformas legales y en la cancelación de 13 fideicomisos operados por el Poder Judicial de la Federación no terminarán. Por el contrario, se agudizarán los próximos meses.
Hay amparos contra las reformas de la Ley de la Industria Eléctrica, que el presidente festinó como si el Pleno hubiera la declarado constitucional. La confusión estriba que se modificaron diversos artículos y si bien es ley reglamentaria, es sujeta de amparos de quienes presuman ser afectados en sus derechos.
También están la anulación de la reforma que pretendió que la Guardia Nacional pasara integrante a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Pleno votó para que se mantuviera en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (Federal) bajo el mando civil, aunque de facto responde a las órdenes castrenses.
En materia de Libros de Texto Gratuitos, quedan pendientes los amparos promovidos por el gobierno de Chihuahua.
En cuanto a los fideicomisos, existen dos amparos colectivos que recibieron la respuesta de suspensión provisional mientras las dos acciones de inconstitucionalidad presentadas por, primero, el bloque de contención conformado por el PRI, PAN y PRD en el Senado de la República y el conformado por los diputados de los mismos partidos. En ambos casos, sin formar parte de los bloques o coaliciones, el MC se sumó a las mismas.
La mala interpretación presidencial a la carta de la ministra Piña Hernández, en la que responde a la propuesta del Ejecutivo para donar 15 mil millones de pesos depositados en 13 fideicomisos que el Poder Legislativo extinguió, con el compromiso de buscar los canales adecuados para analizar la posibilidad porque los derechos de los trabajadores deben protegerse, se encuentra suspendido.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, encargada por ley del trato con los otros dos Poderes de la Unión, confirmó que el diálogo se suspendió por los dos amparos y la acción de constitucionalidad –solamente se había presentado la de los senadores- y hasta en tanto no se resuelva el fondo, no se avanzará.
Sin embargo, el presidente López insiste en que la ministra Piña Hernández incumplió su palabra de donar la suma correspondiente. Incluso, exigió aclarar si la presionaron.
Hasta donde se conoce, centenares de trabajadores que consideran afectados sus derechos laborales, preparan los amparos que presentarán ante jueces de distrito y que terminarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
NADA CAMBIARÁ
CON OTRA MINISTRA
La fiesta en Palacio Nacional por la renuncia del que fuera aliado del presidente y la oportunidad de nombrar a uno más –será mujer, afirma- hizo suponer que la correlación de fuerzas se modificaría.
Nada más falso. Por el contrario.
Ante el amago permanente del titular del Poder Ejecutivo Federal en contra de los ministros que no han atendido sus indicaciones, quienes han anulado o suspendido temporalmente la aplicación de leyes reformadas, se mantendrán en la misma línea.
Es decir, si existe inconstitucionalidad en las leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, el tratamiento será solamente uno: aplicar la Constitución, de la cual son garantes los once ministros, aunque tres, con Zaldívar, defendieran las reformas o intentaran “dejarlas pasar”.
COLOFÓN
Mientras el presidente de la República insista en doblegar al Poder Judicial y la ministra Piña Hernández cuente con el apoyo de siete ministros más, la relación entre dos Poderes de la Unión no será tersas. La falta de diálogo y el intento de tener bajo control las decisiones del Máximo Tribunal Constitucional del país, impedirán la armonía que, en el pasado, reinó entre los Poderes de la Unión.
