Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Un país democrático, libre y soberano debe tener como marco jurídico su Constitución.
Es el mandato del pueblo, porque la formalizan los legisladores que lo representan y el contenido, necesariamente, debe provenir de las demandas ciudadanas.
Las naciones cuyos gobiernos son dictatoriales, cuenta sí con su “constitución” hecha a la medida del tirano que controla el Congreso o la Asamblea Nacional. No hace falta mencionar países y nombres. Se conocen de sobra.
En aquellos países como México, porque de eso escribiremos, la actual Constitución, la de 1917, vigente y que está por cumplir 113 años de vida sin registrar un solo golpe de estado desde su promulgación –aunque los intentos existieron-, establece el marco jurídico para conducirse dentro de las libertades, las elecciones libres, con voto secreto y universal; confirma la separación de poderes y le da las facultades a cada uno de los tres para actuar como contrapesos. Cada cual tiene que hacer lo suyo para controlar a los otros.
Sin embargo, desde 2006 el candidato perdedor de los comicios presidenciales se constituyó, ilegalmente, como el “gobierno del presidente legítimo” y mando al diablo a las instituciones. Hizo escuela y hoy, con el poder que detenta por la voluntad popular, ha sostenido que “no me salgan conque la ley es la ley”, Una forma de mandar al averno todo el marco jurídico que defiende el estado de derecho y cuya función es, justamente, caminar por el sendero de la legalidad, lo cual no implica la inexistencia del influyentismo, la corrupción y la violación, como deporte favorito de los políticos, de los potentados y los criminales.
Después del arribo de Otis, que devastó Acapulco y otros 46 municipios –declarados en desastre y 24 horas después de publicado el decreto reculó la Coordinación Nacional de Protección Civil y solamente consideró a 2: Acapulco y Coyuca de Benítez- y ante la ausencia del presidente Andrés Manuel López, quien no ha pisado Acapulco y las zonas aledañas y las “migajas” presupuestales que aprobaron los lacayos, perdón los diputados del oficialismo, se armó una caravana de damnificados encabezada por Jesús Evodio Vázquez, expresidente municipal de Acapulco la cual fue impedida de llegar al Zócalo de la Ciudad de México por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.
Sin conocer quién giró la orden de colocar vallas metálicas como si se tratara de una protesta agresiva similar a las que patrocinan ciertos funcionarios gubernamentales, y colocar grúas y patrullas en la Avenida Juárez frente al Palacio de las Bellas Artes, existió violación clara a la Constitución.
Dos artículos, el 9º y el 11º fueron enviados al infierno.
El primero dice: No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.
Y el segundo precisa en su primer párrafo: Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o Coordinación Nacional de Protección Civil y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.
Ninguna de las limitantes tuvo elementos para ser aplicadas.
Simplemente se impidió el libre tránsito para llegar hasta la Plaza de la Constitución, que es de “todos los mexicanos”, lo que ratifica que la Constitución no vale para el presidente y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
La confirmación de que el huésped temporal de Palacio Nacional ha mentido y no se ha presentado en Acapulco en momento alguno, según afirman los marchistas, tiene irritado, nervioso y encorajinado al señor López, quien sin duda hizo escuela entre los arbitrarios con poder que lo usan para frenar libertades, como la de manifestación.
¿Queremos un país sin leyes y gobernado por un autócrata paso anterior para imponer la dictadura?
Son millones de ciudadanos que rechazan la posibilidad, cada vez más observada y más peligrosa para la democracia.
Protestar cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, no basta. Hay que pasar de la palabra a los hechos.
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