Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Una ocurrencia que conlleva la mala lecha presidencial: que los 15 mil millones de pesos depositados en los 13 fideicomisos en cuentas del Poder Judicial de la Federación se destinen a la “reconstrucción de Acapulco”.
Para ello se buscaría un acuerdo entre los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo.
A cambio de la “generosidad” del Poder Judicial, propone a los diputados aprobar los 84 mil millones de pesos que solicita para el ejercicio fiscal de 2024.
¿Dónde está la mala lecha?
A la vista de todos: la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Leticia Piña Hernández no puede disponer de los dineros que, en algunos de los fideicomisos, en parte han sido aportados por los trabajadores. Tampoco puede rechazar los amparos y acciones de inconstitucionalidad que llegasen a presentarse por quienes sienten estar afectaos en sus derechos.
De tal suerte, que de no concretarse la “inconfesable propuesta”, el huésped temporal de Palacio Nacional nutrirá su arsenal de descalificaciones y acusaciones en contra los ministros, magistrados y jueves.
Dirá –y es probable que desde este mañana inicia el nuevo ataque- que, ya ven, se los dije: los fifís, los que dejan en libertad a los criminales de cuello blanco, defienden sus “privilegios” y no quieren ayudar a los damnificados de Acapulco.
Uno tendría que preguntarse si la obra del Tren Maya está virtualmente terminada ¿por qué para el año 2024 recibirá una asignación de 124 mil millones de pesos?
La lógica indicaría que es posible darle un apretón de tuercas a los trabajos que faltan para que la oropelesca obra funcione adecuadamente. De acuerdo con cifras oficiales provenientes de los Presupuestos de Egresos de la Federación, desde 2019 hasta la fecha se han destinado más de 350 mil millones de pesos para la construcción del trenecito, cuando al anunciarse su construcción se dijo que el costo sería de 140 mil millones de pesos. Se nos dirá que formalmente esos recursos fueron solicitados por la Secretaría de Turismo y aprobados por los diputados. Sin embargo, el 90 por ciento de los fondos fueron transferidos a Fonatur que, por obra y gracia presidencial, se convirtió en la empresa constructora del Tren Maya que ahora está en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional que es, desde ya, la operadora del transporte.
O bien, transferir recursos de otra obra que ha rebasado el presupuesto estimado en el proyecto no-ejecutivo: la refinería dos Bocas rebautizada como Olmeca. Y si hay apuro por saber de dónde sacar dinero, pues que hagan eficiente el AIFA y deje de operar a base de subsidios.
Hay otro camino: enflacar al cochinito donde se “ahorran” miles de millones de pesos que serán destinados a las campañas electorales del próximo año.
¿Por qué ir por los fideicomisos del Poder Judicial que no son de su pertenencia y solamente los administra?
El amparo colectivo presentado por 751 jubilados y activos del PJF ante un Juzgado en Materia Administrativa, no puede ser rechazado. Cumple con los requisitos exigidos por la Ley y por tanto deberá seguir su trámite y podría llegar hasta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por tanto, la propuesta presidencial debería correr la misma suerte que sus iniciativas para reformar la Constitución y que no fue otra que aplicar la palabra: desechadas.
Esto no ocurrirá con los amparos con los amparos de trabajadores afectados en sus derechos o con las acciones inconstitucionalidad que prevén presentar los bloques opositores del Senado y la Cámara de Diputados.
La corte no se puede allanar. Podría rechazarlos por diversas razones, pero negarse a, cuando menos, examinarlos es poco menos que imposible.
Y el diálogo que pretende el presidente López y que acepta vía carta la ministra Piña Hernández no podrá estar por encima de los derechos de quienes reclamen su cumplimiento. Además, quien garantiza que los recursos lleguen a los damnificados.
El decreto por el que se cancelan no se echa para atrás.
La mala leche presidencial está por agriarse-
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