Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
La miopía es otro defecto físico que habita en Palacio Nacional.
Calificar de “juez y parte” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una aberración mayúscula.
El presidente de un Tribunal Colegiado del Primer Circuito –cuyo nombre reserva este espacio- explica que la función y obligación de la Corte es analizar todas y cada una de las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y solitudes de amparo. Los ministros juzgan si las peticiones reúnen los requisitos del marco jurídico para avanzar y de no hacerlo, se rechazan.
Al momento de escribir esta entrega, los senadores estaban en sesión y Julen Rementería se tomó unos momentos para hablar del tema con este tecleador. “Seguramente se cometerá el atropello esta misma tarde (ayer) y nosotros ya preparamos la acción de inconstitucionalidad para presentarla en el momento en que se publique en el Diario Oficial la medida”.
Al igual que el magistrado, el congresista opina que la “desinvitación” para que la ministra acudiera al Senado de la República fue una orden directa del presidente de la República.
(Las palabras pronunciadas en la matinal de los monólogos lo confirman: no hace falta dialogar sobre los fideicomisos del Poder Judicial… lo que deben hacer los ministros es explicar por qué ganan 700 mil pesos mensuales…peguntó: ¿cuál es el trabajo tan excepcional que realizan? y ¿por qué liberan a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco?”) Más claro de dónde salió la orden que dócilmente acató el senador chiapaneco Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República.
El magistrado apuntó: la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la garante de la constitucionalidad, es decir, que se respete la Constitución y que las reformas a las leyes estén apegadas al espíritu y letra de nuestra Constitución. No son juzgadores a modo ni tampoco toman sus decisiones en aras de atender una línea política de nadie”.
De suyo, el Poder Judicial de la Federación es el garante del cumplimiento de la legalidad. Atacarlo, como lo hace el huésped temporal de Palacio Nacional y aplicar su dicho: “a mí no me vengan con que la ley es la ley”, demuestra dos líneas: ignorancia y soberbia. Se pone en primer término la soberbia emanada de haberse subido a un tabique y la “altura lo mareó”.
Para nadie es un secreto y ahora cada vez es más clara la intención, que el señor López –mientras no muestre su título de licenciado legalmente ganado por su esfuerzo y su original tesis no se le antepondrá el Lic. en este espacio- tiene: prolongar su ejercicio de poder hasta que la muerte lo alcance. Como todo dictador: no es el pueblo el que lo echa, es el final de la ruta recorrida y dejando huellas de devastación.
Incumplir la protesta rendida: respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen, desafortunadamente no tiene sanción. Y eso lo sabe y por ello violenta el marco jurídico un día sí y el otro también.
Con el uso mediático de sus monólogos matutinos, muestra los síntomas de nostalgia por saber que se tiene que ir y busca la forma de quedarse. Sabe y bien que llevarlo a cabo es poco menos que imposible. En su bizarro mundo ocurren las cosas que nunca deben pasar.
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