Las grabaciones enviadas por el Gobierno de Estados Unidos sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 se harán públicas, informó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Sumado a estos materiales, López Obrador explicó que se expondrán los documentos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) proporcionó sobre el caso y una relatoría del trabajo de la Fiscalía Especial que investiga este hecho en los sitios web del Gobierno.
«Queremos que se conozca el informe, porque me entregaron un escrito pidiendo información, sobre todo de documentos que, supuestamente, el Ejército no ha entregado (…). Como no quisieron recibir el informe, el informe de la Secretaría de la Defensa sobre los documentos, más todas las grabaciones o textos que entregó EEUU y una relatoría del trabajo de la Fiscalía Especial y todo esto lo vamos a subir«, expuso en conferencia de prensa, en el marco del noveno aniversario de este acontecimiento.
El pasado 25 de septiembre, los padres se reunieron con el presidente mexicano para conocer más información sobre el caso. Sin embargo, de acuerdo con el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, no rindió frutos, y su narrativa es similar a la verdad histórica difundida en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Se «refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado, reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército, al único que se le finca responsabilidad es al capitán Martínez Crespo. Fuera de ahí, no aparece ningún militar más con responsabilidad, no se dice nada de quienes construyeron, por ejemplo, la verdad histórica; no aparecen esas circunstancias», afirmó.
Actualmente, los familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa mantienen un campamento en el Campo Militar número 1, localizado en las inmediaciones de los municipios de Naucalpan y Miguel Hidalgo, en la zona conurbada entre la Ciudad y el Estado de México, esto para protestar por la posible omisión de información por parte de las fuerzas armadas mexicanas.
El 26 de septiembre de 2024, el caso Ayotzinapa cumplirá 10 años. A tan solo un año de esa fecha, la desaparición de los 43 estudiantes sigue siendo un episodio de violencia sin esclarecer en su totalidad.
En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando ocurrió el hecho, se investigó el caso y se le trató de dar carpetazo mediante la llamada verdad histórica, una versión enarbolada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía) que con el paso de los años se desdibuja cada vez más.
Lo que se conoce con certeza es que la Administración del priista Peña Nieto mintió sobre sus pesquisas y más sobre la supuesta quema de los jóvenes en el basurero de Cocula, esto con base en investigaciones oficiales y no oficiales más recientes.
De los 43, solo tres jóvenes han sido identificados tras casi una década de investigaciones, con base en análisis de restos óseos calcinados que fueron diferenciados mediante estudios forenses genéticos realizados en la Universidad de Innsbruck, Austria.
Una de las grandes promesas del Gobierno de López Obrador fue dar con el paradero de los estudiantes y esclarecer la totalidad del caso, aunque esto no se ha alcanzado.
«Lo más importante ahora es la búsqueda porque ya tenemos información. Ya se rompió el llamado ‘pacto de silencio’ y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables», afirmó en su conferencia matutina del pasado 27 de julio.
En una conferencia de prensa realizada el 25 de julio en la Ciudad de México, dos de los integrantes del GIEI, el doctor español Carlos Beristain y la abogada colombiana Ángela Buitrago, presentaron nueva evidencia alrededor de la desaparición de los normalistas y señalaron los obstáculos a los que se enfrentaron durante su investigación.
«Existe el riesgo de que la mentira se institucionalice como respuesta, lo que es inaceptable», señaló Beristain entonces, en un mensaje emitido desde el auditorio del Centro Cultural Tlatelolco, gestionado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y donde se alberga un memorial por las víctimas de la matanza de Tlatelolco, perpetrada por las Fuerzas Armadas de México contra estudiantes universitarios en octubre de 1968.
