Este lunes, en el inicio del ciclo escolar 2023-2024, cuando regresarán a las aulas 24.4 millones de alumnos, al menos 32.4 por ciento de la matrícula nacional de educación básica; es decir, 7 millones 913 mil estudiantes de prescolar, primaria y secundaria, podrían iniciar su año lectivo sin libros de texto gratuitos.
Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitiera las controversias constitucionales presentadas por los gobiernos de Chihuahua y Coahuila contra los nuevos materiales educativos, y el amparo definitivo concedido por una jueza federal a la Unión Nacional de Padres de Familia (organismo ultracatólico).
Los recursos jurídicos interpuestos contra el contenido y la elaboración de los ejemplares también podrían afectar a poco más de 3 millones de estudiantes del estado de México, luego de que el titular de los Servicios Educativos Integrados de la entidad (Seiem), Guillermo Legorreta Martínez, a través de su jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género, Israel Fernández Clamont, instruyó que “de manera inmediata, se deje de distribuir el libro de texto para el ciclo escolar 2023-2024”.
El oficio de los Seiem, fechado el 25 de agosto –cuya copia tiene La Jornada– establece que la medida debe aplicarse “hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva” del juicio de amparo número 1255/2023-V, emitido por el juzgado octavo de distrito en materia de amparo y juicios federales en el estado de México.A los estudiantes de esa entidad, que podrían no recibir los materiales que establecen el plan y programas de estudio vigentes, se suman 4.9 millones de niños y adolescentes de Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas.
Profesores de primaria, secundaria y telesecundaria en municipios de Naucalpan, Chimalhuacán y Chicoloapan, en el estado de México, señalaron que desde la tarde del viernes “comenzó el rumor de que se suspendía la entrega de los libros”.
Agregaron que desde la mañana de ayer supervisores y subdirectores regionales “enviaron mensajes por WhatsApp con el encabezado de ‘extra urgente’ en el que se nos dice que se concedió un amparo indirecto para la ‘suspensión provisional’ de la entrega de los libros”.
El mensaje, indica la maestra Nancy, profesora de secundaria en Chimalhuacán, “llegó con una redacción muy informal, como ocurre desde la pandemia. Se nos pide que resguardemos en las bodegas de las sedes regionales, zonas escolares e incluso en las mismas escuelas, los materiales para que no sean entregados a los alumnos, medida que nos parece lamentable”.
Ante esta determinación de los Seiem, Luis Gabriel, director de primaria en el municipio de Chicoloapan, destacó que una red de más de 40 escuelas “determinamos que en aquellas donde ya tenemos los libros se van a entregar, porque creemos que sería una doble agresión para los alumnos el que apliquemos una medida arbitraria, y que además, ya estando en su escuela los materiales, se los neguemos”.
En otros estados, grupos magisteriales también han demandado la entrega de los ejemplares. En Guanajuato, donde cursan educación básica 1.2 millones de niños y adolescentes, este fin de semana educadores reiteraron su llamado para que se concrete el reparto de los materiales; al igual que en Chihuahua, donde acuden a las aulas de prescolar, primaria y secundaria 725 mil alumnos.
En Aguascalientes, la autoridad educativa estatal determinó no entregar los libros, lo que afectará a 289 mil 704 estudiantes; en Coahuila, cuyo gobierno estatal interpuso una controversia constitucional, se afectará a 617 mil niños y adolescentes, mientras en Jalisco, poco más de 1.6 millones de alumnos podrían no recibir sus libros ante la negativa del gobernador, Enrique Alfaro, de proceder a su distribución. En Zacatecas, un juez otorgó un amparo, con lo que 356 mil 524 menores podrían quedarse sin acceder a sus materiales educativos.
