Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
El principio de inocencia para cualquier imputado, es una forma de garantizar que no exista abuso de poder. Desde siempre, entre los juzgadores, fiscales y abogados defensores, se entiende que quien acusa tiene la obligación de demostrar la culpabilidad.
Si los fiscales no hacen su trabajo correctamente y aportar las evidencias irrefutables, el juez de la causa se verá obligado a decretar la libertad del acusado. O bien, si los defensores tienen elementos que demuestren la inocencia o no culpabilidad de su cliente, el juzgador los analizará y tomará su decisión en base a jurisprudencias.
Es falso que los imputados deban demostrar su inocencia. El acusador debe demostrar la culpabilidad.
Por ello crece la sospecha de que en el caso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, hay más interés político que el de hacer justicia.
Un magistrado, presiente de un Tribunal Colegiado en Materia Penal, comentó a este espacio que a todas luces la aprehensión de Carmona. Argumenta y con conocimiento de causa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en marzo pasado que los fiscales tienen fuero federal y es válido ante todos los jueces federales y del fuero común, por lo cual la interpretación que hizo el juez de control es equívoca.
De acuerdo con las versiones oficiales, el juez dio la razón a las autoridades de justicia de la Ciudad de México –que es la parte acusadora– según las cuales “la inmunidad procesal es para los delitos de orden federal y no para los del fuero común, como es el caso del feminicidio”.
Sin duda, dice el magistrado, es una interpretación errónea toda vez que el fuero federal debe ser respetado por las autoridades locales.
“Imagínese que cualquier juez del país, todos del fuero común, puedan aprehender a quien tiene fuero federal porque cometió una infracción de tránsito –estoy exagerando, dice- porque se trata de un delito del fuero común. Sería una aberración jurídica de graves consecuencias. Desde mi óptica, considero que la errónea interpretación que hizo el juez de control, tiene tinte político, no jurídico”.
No obstante que la defensa mostró la sentencia de la Corte, en la que se confirma que el fiscal –todos los fiscales- tiene fuero constitucional, el juez hizo caso omiso y decretó someterlo a proceso.
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con quien el fiscal mantuvo diferendos por presuntamente estar relacionado con criminales y narcotraficantes con los que incluso se dejó fotografiar, dijo: “Hay que investigar, yo siempre he dicho, son las investigaciones y que también el imputado se defienda. Sé que me está echando la culpa, a Claudia (Sheinbaum) y a todos, pero es un tema de un feminicidio y tiene que demostrar su inocencia”, afirmó el mandatario.
La acusación la formalizó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en el arresto de Carmona participaron elementos de la Agencia de Investigación y elementos de la Marina, quienes se encargaron de trasladarlo al Reclusorio Sur.
Todo parece ser una venganza política. Sin embargo, se sostiene que si de justicia se trata, hay que hacer lo necesario para aplicarla.
Sin embargo, para que el fiscal pierda el fuero se requiere un juicio político que se realizaría en el Congreso de Morelos, situación que no ocurrió antes de su detención.
Un asunto que huele mal y que en nada favorece a la aplicación de la justicia.
Y para evitar suspicacias, el autor de esta columna no conoce al fiscal, no tiene interés alguno en su libertad o su reclusión. Es simplemente el Punto de Vista y nada más.
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