Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Argumentar que aplicar la ley es silenciarlo, un ataque a la libertad de expresión y acusar que la medida evidencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “está vendido o alquilado”, ratifica que el ciudadano presidente estima que la ley es para todos… menos para él.
Presume tanto de juarista que ha tomado como suyas las frases del oaxaqueño cuando de justicia se trata. “Al margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie”, sostiene cuando se trata de “hacer justicia” sin gracia, es decir, a los enemigos.
Antes de conocer la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral respecto de la orden del TEPJF para revisar la anterior decisión de no dictar medidas cautelares al presidente de la República por violencia política de género, desde Palacio Nacional y en respuesta las preguntas sembradas para germinar en la respuesta, afirmó que no hablará de ella si se lo prohíben, pero también insistió en que esto dejaría en evidencia que el Tribunal está vendido o alquilado, considerándolo un acto contrario a la libertad y una violación a las libertades de las personas. Y, según su leal saber y entender, esta determinación la tomó como una “violación flagrante” a la libertad de expresión. Es el uso obligatorio del cubrebocas, léase, bozal.
Durante la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias se aprobó imponer medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a sus comentarios sobre la senadora y aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, advirtiendo posible violencia política de género.
El INE ordenó el retiro o modificación de las conferencias mañaneras, así como las versiones estenográficas del 10, 11, 14 y 17 de julio, que contengan las expresiones denunciadas.
Además, se aprobó una tutela preventiva, con el objetivo de que el mandatario se abstenga de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas relacionados con los derechos político-electorales de la senadora Gálvez y de las mujeres en general, ya sea de forma positiva o negativa.
Las medidas tomadas obedecen a la orden que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hizo al INE para que determinara que las expresiones realizadas por AMLO en sus conferencias matutinas podrían constituir violencia política de género contra Xóchitl Gálvez.
Era de esperarse la reacción adelantada –porque tiene espías en el INE- a la decisión de la CQD que se hizo pública. Imposible callar antes de que se consumen los hechos. Es la presión presidencial y, de acuerdo con el que tiene la banda, debe ser escuchada, atendida y modificada. Es decir, aquello de “Al margen de la ley, nada; y por encima de la ley, nadie”… no le aplica al huésped temporal de Palacio Nacional.
La Constitución establece que todos los mexicanos somos iguales en derechos y obligaciones. Resulta un tanto reiterativa el actuar presidencial toda vez que para los “conservadores” todo el peso de la ley, sin contemplaciones y con celeridad.
Ante la manera laxa de atender las quejas y de tomar decisiones mayoriteando para quedar bien con el presidente, el INE pierde credibilidad y obliga al Tribunal Electoral a tomar las riendas de todo aquello que reclamen, con justificación y argumentos jurídicos aplicables, las oposiciones o cualquier ciudadano que sienta que ha sido o es afectado por las palabras presidenciales o de servidores públicos con jerarquía para desfasar las actividades políticas los ciudadanos.
Guadalupe Taddei deja pasar lo evidente y escucha la voz de un personero presidencial que no tiene jerarquía para imponer o sugerir regulaciones en procesos electorales. Jesús Ramírez Cuevas es simplemente el vocero presidencial pero no el encargado de la relación con los otros Poderes de la Unión y los organismos autónomos constitucionales. Esa función está encomendada al titular de la Secretaría de Gobernación.
La decisión de la Comisión de Denuncias y Quejas, repone la anterior y exhibe cierto grado de autonomía que, con el “nuevo INE” parece perderse con velocidad supersónica.
¿Cuántas medidas cautelares, lleva el señor López?
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