Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Han pasado 8 años y 11 meses. Dos gobiernos. Cuatro legislaturas. Tres mandatos estatales. El intento de derrumbar la “verdad histórica” y la necedad de encontrar sin abrir los archivos top-secret del Ejército y la Marina.
Investigaciones van y vienen. La mirada se fija en quienes proporcionaron los buenos o malos informes y escribieron una verdad que no ha sido sepultada y que a pesar de las versiones obtenidas por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, no hay nada nuevo bajo el sol.
Se sabía desde siempre que elementos del ejército y la marina estuvieron presentes en el levantón de los estudiantes. Las crónicas periodísticas de hace casi 9 años y la recopilación de evidencias llevaron a la cárcel a algunos soldados desde rasos hasta coroneles; al expresidente municipal de Iguala y su esposa; a diversos integrantes de los cuerpos policíacos municipales y estatales. En total se estimó que unas 160 personas probablemente involucradas en la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, fueron detenidas y de ellas más de la mitad están en libertad y algunas más siguen prófugas.
Con todo lo “nuevo”, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se encontró “culpable” al exprocurador general Jesús Murillo karam, al jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; el exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco. No se ha tocado con el pétalo de una rosa al exgobernador Ángel Aguirre Rivero ni al actual secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch.
Más allá de buscar culpables y aplicar la ley sin inclinar el fiel de la balanza de la justicia, el gobierno actual dedicó sus esfuerzos a descalificar todo lo realizado bajo el argumento de que había falsedades.
Desde la campaña, el entonces candidato y hoy presidente de la República, adquirió el compromiso con los padres de los 43 más los abogados encabezados por Vidulfo Rosales Sierra de que se sabría la verdad verdadera. No se sabe, por lo menos públicamente, si también prometió encontrarlos con vida.
En la administración, padres y abogados han sido recibidos en Palacio Nacional una docena de ocasiones. En las últimas, pareció que la “paciencia” de los abogados se agotó y Rosales Sierra declaró que el presidente se negaba a ordenar abrir los archivos de la Defensa Nacional. Nunca hubo desmentido o confirmación de la oficina de prensa presidencial.
Está claro que los estudiantes no aparecerán vivos. Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes fueron contratados en el gobierno anterior y desde entonces surgieron las diferencias tanto con el procurador Murillo como con los secretarios de la Defensa y Marina.
Los expertos demostraron, según sus informes y pruebas, que los estudiantes no pudieron haber sido quemados a la vera del río Cocula y que algunos de los detenidos fueron torturados para armar la verdad histórica.
Ayer, los integrantes del GIEI tiraron el arpa. Rindieron su sexto informe y anunciaron que hasta ahí llegaban.
¿Qué orilló a los expertos independientes a no renovar el contrato?
La respuesta es dura y difícil de comprobar pero no por ello es mentira:
Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México ocultan información y se niegan a abrir archivos en los que se encuentran informes que acercarían las investigaciones a la verdad.
Y el presidente, el prometedor del paraíso, solamente agradeció el trabajo de los expertos y anunció que las indagatorias seguirán adelante.
¿Él si tendrá acceso a los archivos top secret?
Como comandante supremo de las fuerzas armadas puede dar la orden y tiene que cumplirse.
¿Se animará?… ¿ya los conoce?… ¿sabe que no hay nada más que hacer?…. ¿o se está guardando la información para utilizarla en el proceso electoral?
Hipótesis que podrían convertirse en la verdad, ahora sí, verdadera.
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