Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Desde Palacio Nacional se lanzó la orden: actúen -las corcholatas- y despliéguense por todo el territorio nacional. Que la gente los conozca. Hagan sus planteamientos de cómo gobernarían a partir de 2024. Los programas sociales son de la 4t y debe recordársele a los electores.
Son palabras más, palabras menos pronunciadas por el huésped temporal de Palacio Nacional, lo que significó un reto para las instancias electorales federales.
Es decir, para el INE y el TEPJF.
Son los valladares para el abuso de poder. Están a prueba. La prueba de fuego que pueden apagar con decisiones firmes o ser consumidas por los acelerantes dispersados desde Morena y adláteres.
Durante el segundo día de actividades de la “Reunión de autoridades electorales de la primera circunscripción 2023”, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malassis, afirmó que uno de los retos a los que la judicatura electoral va a estar sometida particularmente en 2023 y 2024, es lograr que las y los actores políticos respeten las reglas electorales que ellos mismos han establecido, lo cual llama a la no realización de actos anticipados de precampaña y de campaña. El respeto a los tiempos legales electorales es fundamental en nuestro sistema democrático, puntualizó.
Y desde el INE la Comisión de Quejas y Denuncias acordó medidas cautelares para los morenistas que ya han lanzado abiertamente sus precampañas en busca de la candidatura presidencial para 2024.
Aunque a simple vista parecen tibias las medidas, porque plantea cinco puntos que no dan claridad a las posibles sanciones, se fija una ruta que frena las precampañas si se busca un cargo de elección popular a través de las giras que harán las corcholatas a partir del lunes.
Las medidas son: no hacer llamados explícitos al voto, los actos que realicen no deben tener como objetivos obtener el respaldo para ser postulados como precandidatos a un cargo de elección popular, tampoco dar a conocer propuestas con carácter electoral, no realizar manifestaciones respecto a una finalidad electoral y que el partido (Morena) lleve control de los recursos que se utilicen en proceso interno.
La alerta que enciende Otálora es concreta: En 2023 y 2024, un desafío es hacer valer el principio de imparcialidad, es decir, la abstención de utilizar recursos públicos y programas sociales con el fin de coaccionar el voto de la ciudadanía.
Más clara, ni el agua santificada.
La imparcialidad, término que no se entiende en Palacio Nacional, conlleva a las corcholatas y al mismísimo huésped temporal de Palacio Nacional, a no promover programas sociales, que son su fuerte y de los que espera cobrar factura a todos los beneficiarios en los comicios del 2024, tendrán que dejar de promoverse.
Y el uso de recursos públicos comienza con la mañanera, cuya producción, difusión, equipo, promocionales, etcétera, se realizan con dinero del erario federal.
Es una buena señal la que envían las dos instituciones electorales federales justamente a 48 horas de que las corcholatas inicien sus periplos.
No queda del todo claro cuáles serían las sanciones de no acatar las reglas, los lineamientos, la Constitución y las leyes secundarias cuyas reformas se debieron al impulso del ahora presidente después de sus derrotas electorales.
Ahora sí lo que está en juego es la fortaleza de las instituciones.
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