*Diputados de Morena Buscan Impedir el
Ejercicio de la SCJN
*Objetivo: que no Acepte Controversias de
Obras de la 4T
*Rechazar Todas las de Temas Electorales;
Soñar no Cuesta
JOEL ARMENDÁRIZ
Tratar de sacar petróleo del cráter de don Goyo, no parece buena idea. Lo seguro es que no haya crudo. Lo probable es que abunde el gas.
Un símil es lo que hurga Morena y sus diputados. Buscan debajo de las piedras para hallar ¿qué? nadie lo sabe. Excepto, claro está, tener la herramienta que impida la libertad de los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La semana anterior se presentó una iniciativa que, por las lecturas de los diarios y las imágenes televisivas, así como las ondas radiofónicas, pasó de noche.
Se trata de frenar las libertades legales que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que han frenado decretos y reformas a leyes secundarias que contradicen los textos constitucionales.
El legislador Manuel Alejandro Robles Gómez anunció que su iniciativa tiene dos elementos fundamentales: “obradorizar” el Poder Judicial “para hacer la Constitución humanista que México requiere del siglo XXI, porque tienen que vivir en la justa medianía”. (Los ministros, magistrados y jueces federales).
La propuesta del legislador cuyo currículum en Wikipedia no tiene contenido -a lo mejor tampoco cerebro- pretende reformar el artículo 105 de la Constitución establece: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocerá las controversias sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral y a las obras estratégicas del Estado mexicano.
Y para que el coctel quede bien servido y diseñado para satisfacer al jefe de la banda presidencial, el congresista plantea una adición a la ley reglamentaria para establecer que las controversias constitucionales “son improcedentes” contra las obras estratégicas del Estado declaradas como de interés público y seguridad nacional por la “persona titular del supremo Poder Ejecutivo de la Unión”.
SOÑAR NO
CUESTA…
La propuesta legislativa del señor Robles Gómez no transitará. Por lo menos durante esta legislatura.
Hay dos razones de peso: la modificación al 105 constitucional requiere mayoría calificada. Y Morena y aliados no la tienen en ninguna de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Por tanto, dormirá el sueño de los justos.
La otra: pretender que el Jefe del Ejecutivo en funciones establezca la leyenda de que sus obras se tratan de interés público y seguridad nacional, equivale a regalarle al titular el antifaz, las botas, el látigo y su guardia pretoriana para impedir que se informe la sociedad del uso de los recursos públicos.
Eso es lo que defiende el señor Andrés Manuel: que nadie se entere de cuánto han costado las obras del Tren Maya, el Corredor Interoceánico, la refinería 2 Bocas y el AIFA.
La Ley de Seguridad Nacional no contempla ninguna de obra de las antes señaladas para ser definidas como de interés público y seguridad nacional.
El hato de conduce Ignacio Mier Velazco requiere de domesticación. Claro, si el capataz es hombre de leyes y, ello, se duda luego de que admitió no tener título y ser empírico, lo que ha demostrado cuando el Pleno de la Corte echa abajo los decretazos y las reformas a leyes secundarias.
La Constitución General de los Estados Unidos Mexicano exige que el presidente de la República entregue un informe del estado que guarda la administración pública del año correspondiente. El estado que guarda implica informar puntualmente el gasto público. Situación que no ocurre y por ello el INAI presentó la controversia constitucional ante la opacidad para conocer la información de los costos-beneficios de las obras oropelescas del gobierno federal, solicitada por particulares.
Y por cuanto a los decretazos y reformas electorales, la inconstitucionalidad era manifiesta. Violentaban la Constitución y por ello las acciones presentadas tanto por el “antiguo” INE como por las bancadas del PRI, del PAN y del PRD en la cámara de diputados y por el bloque de contención en el Senado de la República.
Lo que propone el señor Manuel Alejandro Robles Gómez tiene un solo objetivo: maniatar a la Corte, al Poder Judicial en su conjunto y fundamentalmente a los jueces de distrito con funciones legales para conceder suspensiones provisionales o definitivas ante la solicitud de amparo, es decir, de la protección de la justicia federal.
YAQ ESTÁ ENTERADO
DE SU DEBILIDAD
Desde el principio de la LXV Legislatura Federal, Morena y sus aliados perdieron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. En el Senado no hubo variación.
Ello propició que las iniciativas presidenciales para reformar de “fondo” -destruir- el sistema electoral nacional, no transitaran.
Rechazadas e incluso desechadas en la cámara de origen, el ejecutivo Federal encontró el camino para iniciar su labor de zapa, principalmente en contra del INE y consecuentemente con los Organismo Públicos Locales Electorales. La fórmula que puso en práctica fue simple: reformar leyes secundarias y comenzar a aplicarlas mientras en la Corte decidían su legalidad.
La apuesta mayor era que la ministra Yasmín Esquivel Mossa fuera elegida presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente perdió.
Y en los primeros meses de este año, luego de que sus pares eligieran a Norma Leticia Piña Hernández como la primera mujer en presidir la Corte, el castillo de naipes construido en Palacio Nacional, se derrumbó.
Los ataques en contra del Poder Judicial y principalmente contra la ministra presidenta, se suscitaron un día con otro. Acusaciones sin fundamento. La búsqueda tenía como fin amedrentar a cuando menos 4 ministros para impedir que 8 anularan y declararan inconstitucionales sus decretos y las reformas legales en materia electoral.
Hasta ahora y contra la suposición del presidente de la República y de su Consejería Jurídica, las reformas del Plan B se mantienen en suspensión y ello significa que las próximas elecciones federales y estatales se realizarán con las reglas que estaban vigentes antes de las reformas a las leyes secundarias.
De tal suerte, el Plan C, pedir el voto de manera ilegal desde Palacio Nacional para que los ciudadanos le otorguen mayoría en el Congreso de la Unión en los comicios de 2024, muestra la urgencia de querer controlar el Legislativo y el Ejecutivo y, de paso y si se dejan los ministros, el Judicial.
Si todo lo anterior lo sabe el huésped temporal de Palacio y por consecuencia lo deben saber los legisladores oficialistas, qué necesidad de presentar iniciativas para “obradorizar” el Poder Judicial.
Mucho ruido y pocas nueces.
