• “Un golpe de Estado significa el desconocimiento del orden constitucional por parte de un órgano constituido, y la Suprema Corte de Justicia lo que hace es justamente aplicar la Constitución y rechazar cualquier acción incluyendo las de carácter legislativo que la contravengan”, señala el exministro de la SCJN
• Ha habido muchas reformas a la organización del Poder Judicial, pero no se ha abordado el problema de la justicia en términos generales, como que las comisiones estatales y la nacional de Derechos Humanos podrían convertirse en vectores de acceso a la justicia
Palacio Legislativo, 30-05-2023 (Notilegis).– Diego Valadés Ríos aseguró que no advierte un intento de “golpe de Estado técnico” en las resoluciones de la SCJN”, como lo señaló recientemente el titular del Ejecutivo.
“De ninguna manera, un golpe de Estado significa el desconocimiento del orden constitucional por parte de un órgano constituido, y la Suprema Corte de Justicia lo que hace es justamente aplicar la Constitución y rechazar cualquier acción incluyendo acciones de carácter legislativo que contravengan a la Constitución.
“Lejos de ser un golpe de Estado, es la defensa del orden constitucional lo que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia”, aseguró en declaraciones a representantes de medios de comunicación el exministro de la SCJN, al término de la primera sesión del Conversatorio “Participación Ciudadana para la Transformación del Poder Judicial”, en la Cámara de Diputados.
Agregó: “Yo hice referencia en mi participación a que muchas veces el amparo administrativo se está utilizando, y se ha venido haciendo así por décadas, para bloquear, para impedir, para obstaculizar muchas acciones de gobierno… han dado lugar a la limitación en cuanto a la acción del poder público, tanto federal como local, para prestar servicios y para construir infraestructura, y mucho de esos se ha debido a una mala utilización del amparo, por eso sugerí que hiciéramos, y lo haremos pronto, yo ya estoy pensando en hacer una obra en ese sentido, un trabajo, un juicio al amparo”.
Asimismo, el jurista resaltó que “el conversatorio que tuvimos hoy mostró su enorme utilidad, porque fuimos convocados seis participantes que no formamos parte de la Cámara de Diputados para dar nuestras opiniones. Los diputados fueron muy receptivos y lo que comenzó como una consulta sólo para la forma de elección de ministros, en las conclusiones se vio que se aceptó la necesidad de que hagamos una revisión de las condiciones de la justicia en México, que están ciertamente muy rezagadas.
“Yo he expresado públicamente, y lo reitero también ahora, mi solidaridad con los ministros. Considero que los ataques de que son víctimas no los merecen. Sin embargo, también reconozco que la Cámara de Diputados ha hecho un gran esfuerzo y fue una iniciativa del diputado Ignacio Mier para convocar un debate muy amplio y con mucha libertad para que hagamos propuestas, como las hicimos, en el sentido de que lo importante no está en la forma de designar a los ministros de la Corte, sino en que no se ha prestado la atención suficiente a la justicia en México, y éste es el gran rezago que tenemos. Ha habido muchas reformas a la organización del Poder Judicial, pero no se ha abordado el problema de la justicia en términos generales, como lo que se planteó en esta sesión”.
En ese sentido, dijo que “lo que importa es más el contenido, o sea, lo que necesitamos los mexicanos es tener mejores instrumentos de acceso a la justicia. Yo comenté, por ejemplo, que en México hay en este momento cinco jueces por cada 100 mil habitantes, cuando en Colombia hay 10, en Perú hay 11, en España 21 y en Costa Rica 26, esto dificulta el acceso a la justicia y esto hace que la justicia además sea muy lenta.
“No tenemos una institución que nos permita estudiar y saber por qué los juicios son tan tardados en México. O no tenemos una forma de facilitarle a la mayor parte de los mexicanos acceso a la justicia, porque no hay ninguna institución que apoye el acceso a la justicia, como lo necesitaríamos, para eso, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de Derechos Humanos podrían convertirse en los vectores de acceso a la justicia, no solamente para recibir quejas y emitir recomendaciones, sino para poder encauzar y canalizar a los mexicanos ante los tribunales para que ahí obtengan una justicia, que tenga una resolución vinculante, no sólo una recomendación”.
