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Miguel Tirado Rasso
mitirasso@yahoo.com.mx
No hay entendimiento, porque, mientras que la Corte Resuelve con la
en la mano, pensando en el respeto a la ley y al Estado de Derecho, para el Ejecutivo nada existe más allá de la política.
Se lee en su página oficial, la “Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del país… y su misión es vigilar que los Poderes de la Unión actúen de conformidad con los principios y mandatos contenidos en la Constitución.”
La cita viene al caso porque desde los otros dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, se ha generado una campaña de desprestigio en contra de la Corte y sus integrantes, a través de descalificativos, ataques y amenazas, como medidas de presión para obtener resoluciones favorables a la causa de la 4T.
Y es que, como mucho se ha comentado, las bancadas de Morena y sus aliados en el Congreso, en su afán por cumplir los encargos de Palacio Nacional, sin cambiar ni una coma a sus iniciativas, han realizado un trabajo legislativo precipitado, torpe y desaseado, atropellando normas y procedimientos, cuyo resultado son leyes insostenibles, con vicios de origen, claramente impugnables y cuya validez toca a los tribunales resolver.
En el ánimo futurista de la 4T, siempre pensando en el 2024, se buscó acabar con la autoridad electoral a través de reformar la legislación y poder imponer condiciones a modo para despejar el camino hacia una sucesión sin contratiempos que convierta a la 4T en un proyecto transexenal. Al no contar con la mayoría calificada para reformar la Constitución, se les hizo fácil obtener los cambios deseados vía leyes secundarias, lo que se presentó como el Plan B. Y, en esas estamos.
Por lo pronto, el primer paquete de reformas de leyes del Plan B, tropezó en la Corte. Por nueve votos a favor y dos en contra, los ministros del máximo Tribunal aprobaron el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayan que declaró la inconstitucionalidad de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022, por graves violaciones al debido proceso legislativo. Esto es, ni siquiera se llegó al análisis del fondo de las leyes.
Las cuentas alegres de los legisladores de Morena los llevaron a festinar un trámite legislativo al vapor. Amparados y confiados en su indiscutible mayoria parlamentaria, el partido oficial y sus aliados, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, se encargaron de aprobar una reforma con dispensa de trámites, impidiendo la deliberación entre las fuerzas políticas representadas, sin que, ni la misma bancada oficial, conociera el contenido de lo que avalaron. “El trámite de urgencia se caracteriza por su expeditez…; sin embargo, no es un permiso para aprobar leyes a tientas”, señalaría el ministro ponente.
La iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen (solo transcurrió una hora entre su publicación y su aprobación cuando se debió haber circulado con 24 horas de anticipación). Con estas violaciones al procedimiento se incurrió en una “transgresión al principio de deliberación informada y democrática, así como de los derechos que asisten a la representación popular.”
La mayoría oficialista avaló, sin justificar debidamente la urgencia, una dispensa de trámite legislativo para turnar la iniciativa directamente al Pleno sin pasar por comisiones. Violaciones que afectaron el cumplimiento del reglamento del proceso legislativo, que a todos obliga, incluida la bancada mayoritaria, pues esa condición no la exime de tener que cumplir con los ordenamientos que regulan la operación legislativa.
Como era previsible, al estilo de la 4T que todo lo politiza, el discurso oficial se ha enderezado hacia la descalificación del Poder Judicial y de los ministros de la Corte. Nada de argumentos jurídicos para defender su desechado Plan B ni de reconocer que el fallo en contra, emitido por la Corte, es consecuencia de los evidentes abusos y errores cometidos por su mayoría parlamentaria.
No hay entendimiento, porque, mientras que la Corte resuelve con la Constitución en la mano, pensando en el respeto a la Ley y al Estado de Derecho, para el Ejecutivo nada existe más allá de la política. En todo hay una intención o interés politico y, esto significa que, al resolver la Corte en contra de sus reformas de ley, sus decisiones no son meramente jurídicas sino políticas y, consecuentemente, la trata como a un adversario político, al que hay que vencer, eliminándolo. De ahí su amenaza de nuevas reformas constitucionales que, dice enviará al Congreso en el último mes de su mandato, para transformar a la Corte en una entidad a modo. Un florero más al servicio del Ejecutivo.
No está por demás insistir en la importancia de respaldar el trabajo del máximo Tribunal.
