- Participaron en el “Seminario de metodologías para la observación en justicia electoral”, organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos y la Red de Observación en Justicia Electoral
Académicos, investigadores y especialistas en materia electoral analizaron y reflexionaron sobre el riesgo del uso de los programas sociales con fines electorales y clientelares, en el marco del “Seminario de metodologías para la observación en justicia electoral”, organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) y la Red de Observación en Justicia Electoral (ROJE).
Durante la mesa de trabajo “Panorama del uso de los programas sociales en los procesos electorales”, moderada por la coordinadora general de la Oficina de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Irma Méndez de Hoyos, la investigadora del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo Elba Arjona, presentó el estudio, también coordinado por los especialistas Jorge Alcocer Villanueva y Edgar Martínez Mendoza, sobre la integridad de los programas sociales a nivel federal y su posible impacto en las elecciones, base para la realización de estos espacios de análisis.
Tras explicar las características que se definieron en el estudio para identificar si los programas sociales son o no susceptibles al clientelismo político, afirmó que para evitarlo es necesario contar con reglas claras y criterios de distribución formalizado, así como con un marco normativo que permita la máxima publicidad a fin de lograr mayores controles y padrones de beneficiarios.
En tanto, Vania Pérez Morales, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, indicó que el uso de los programas sociales representa un factor de corrupción para el país. Apuntó que actualmente existe un déficit mayor sobre las reglas de operación, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, al tiempo que aseguró que la participación ciudadana es un pilar fundamental en la vigilancia de programas sociales y en el ejercicio de los recursos.
Por su parte, la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey del TEPJF, Claudia Valle Aguilasocho, señaló que las formas de apoyo que se dan deben estar enlazadas con una política pública de gobierno y no de ocasión electoral, ni de color de partido, ni de candidaturas, porque si no, se transforman en moneda de cambio y es cuando el clientelismo electoral se vuelve una infracción y una lesión a la democracia.
El director general de Asuntos Jurídicos del TEPJF, Paulo Abraham Ordaz Quintero, destacó que, a través de sus criterios, las salas Superior y regionales del Tribunal Electoral buscan erradicar las malas prácticas en el uso de programas sociales y así evitar la articulación de redes clientelares.
Durante el desarrollo de la mesa de análisis “Programas sociales y proceso electoral en Coahuila, Edgar Martínez Mendoza, del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo, dijo que los gobiernos están obligados a diseñar un conjunto de programas dirigidos a atender este derecho de la ciudadanía.
En su oportunidad, Hada Melissa Sáenz, del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, manifestó que aun cuando no hay certeza en la medición del beneficio de los programas sociales, estos deben ser aplicados de manera focalizada en poblaciones en situación de vulnerabilidad, sector con el que se tiene una deuda importante.
Juan Carlos Centeno, de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, llamó a identificar las reglas de operación de las políticas públicas y a que sean elaboradas en beneficio total de los usuarios y con ello minimizar el clientelismo.
Finalmente, Carlos Montemayor, activista social e integrante de la ROJE en Coahuila, consideró que frente a la situación política-electoral que se vivirá en los próximos años, es necesario formar una ciudadanía crítica y pensante. En ese sentido, afirmó que es una obligación salir a votar con el objetivo de construir un México mejor.
