RAÚL MONDRAGÓN von BERTRAB
“A través de premisas cuidadosamente falseadas, el ministro Zaldívar quiso justificar la militarización. Para su mala fortuna, la mayoría del pleno de la SCJN se decantó por el sentido común y la verdad normativa.”
-Ivabelle Arroyo, Letras Libres
“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública…”
-Artículo 21 constitucional
“En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.”
– Artículo 129 constitucional
No sin cierta sorpresa, leí en un tweet una expresión que le he escuchado a mi madre, incapaz de proferir una “mala palabra”, en contadas y desesperadas situaciones y más que para insultarnos para hacernos ver lo errado de nuestro proceder, apelando al deber ser.
En esta ocasión, la tuitera en cuestión le corregía la plana de manera condescendiente al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien en una ocurrente más no muy ingeniosa maroma intelectual, pretendió defender la iniciativa de reforma constitucional que buscaba entregar el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), argumentando que tal barbaridad no confunde la naturaleza civil o militar de una u otra.
La diferencia fundamental entre el deber policial y la disciplina militar, esto es, entre el policía y el soldado, se encuentra en la definición del sujeto con quien, en el desarrollo de su labor, se topan de frente.
Para el policía, se trata de un ciudadano protegido por la ley hasta en tanto no la infrinja y con el goce de derechos humanos incluso si lo ha hecho. Para el militar, quien lo opone es un enemigo y su formación lo conmina a someterlo, a eliminarlo.
Así de simple. La complejidad surge de la intención de asignar a los soldados tareas policiales, lo que supone por fuerza la limitación o eliminación temporal de los derechos humanos antes mencionados y desmantela el delicado equilibrio de un sistema de seguridad ciudadana.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo define la seguridad ciudadana como el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica. Se le considera un bien público e implica la salvaguarda eficaz de los derechos humanos inherentes a la persona, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento… no trata simplemente de la reducción de los delitos sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para mejorar la calidad de vida de la población, de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un sistema de justicia eficaz, y de una educación que esté basada en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.
La reforma propuesta no solo parece ir en contra de lo anterior, sino que supone un franco retroceso conceptual. Mas aún, como corolario, los artículos 21 y 129 constitucionales son muy claros.
Cabe hacer especial mención en cuanto a que la ministra presidenta Piña fue implacable y su ponencia contrastó con el malabarismo verbal del ministro Zaldívar, además de resultar educativa para la ministra Esquivel.
Haciendo un poco de memoria y dado que el presidente de México ha advertido, tendenciosamente, que de no proceder la reforma la Guardia Nacional corre el riesgo de seguir la suerte de la extinta Policía Federal -como si de un meteorito se hubiese tratado-, merece la pena recordar que aquel cuerpo policial que integró en un solo organismo, en la época del Presidente Zedillo, a la Policía Federal de Caminos, a la Policía Fiscal Federal y a la Policía de Migración, tenía un visionario tinte preventivo -es la prevención elemento necesario de una correcta estrategia de seguridad ciudadana- que posteriormente incluyó tareas de investigación, y una preparación de un evidente alto nivel que el suscrito tuvo oportunidad de constatar en varias ocasiones y en diversos rincones del país, desde el sureño Morelos hasta el Noroeste caribeño, pasando por el pacífico guerrerense, por diversos motivos personales y por conducir a exceso de velocidad.
Hoy, conociendo también de buena fuente el rigor de la educación impartida en el Heroico Colegio Militar, se advierte que la Guardia Nacional está compuesta en un 83% por elementos militares y navales. El enfoque es militar y eso debe cambiar.
Enhorabuena a los 8 ministros que votaron en defensa de la constitución, nuestra máxima ley: Piña, Ríos, Laynez, González Alcántara, Aguilar, Pardo, Gutiérrez y Pérez.
A los que tuvimos la gran fortuna de estudiar esta ciencia social reina que es el derecho, nos enseñaron algo que ya se le olvidó a una de los tres infames malabaristas que votaron a favor del absurdo: que la ley sí es la ley.
