Los Dados de Dios
NIDIA MARIN
Como río corre la sangre en México. Sí, como casi nunca desde los años de la Revolución Mexicana. Hoy son torrentes los se han formado en más de la mitad de los estados de la República debido a la violencia descomunal existente, el incontrolable poder de las bandas delincuenciales y de narcotraficantes, la ausencia de elementos de seguridad y el incremento acelerado de los delitos.
Y ante ese panorama, el desplazamiento forzado en México es la constante. Se ha incrementado, aseguran los especialistas, en más de 500 por ciento.
De ahí que la legisladora priísta Sylvana Beltrones Sánchez haya expresado recientemente que la Secretaría de Gobernación debe poner en marcha un programa integral para atender el desplazamiento forzado interno, que incluya mecanismos para garantizar la seguridad de las comunidades desplazadas y un registro federal de víctimas.
Esto no ha ocurrido. Más ciertamente como ello lo precisó, actualmente el desplazamiento forzado interno es imparable. Son cientos los pueblos que se quedan en manos de narcotraficantes, mientras los pobladores prefieren abandonar todo para salvar sus vidas y las de sus familias.
Y pasan los años y nadie hace nada. Desde hace años (08-02-2016) Cuando había Comisión Nacional de los Derechos Humanos (hoy es una caricatura) la Recomendación General 24, publicada por la CNDH, decía que en las 32 entidades federativas además de las desapariciones de periodistas y los atentados contra medios de comunicación estaba la migración de las familias.
Miles y miles viajan por la República. Son los desplazados mexicanos (aparte de los extranjeros) que buscan un lugar para asentarse. Las “cartolandias” alrededor de los grandes municipios y de las capitales, siguen recibiendo a un buen número de las familias errantes forzadas y forman parte de aquellos miles de ciudadanos mexicanos obligados a migrar internamente en la República.
El asunto es que desde 2016 a la fecha la salida de miles y miles de ciudadanos de municipios y pequeñas poblaciones prácticamente tomadas por los delincuentes no cesa.
Desde que se elaboró uno de los primeros informes especiales sobre desplazamiento forzado se dio a conocer el testimonio de un niño desplazado que estaba junto a su abuela:
“Estaba trabajando con mi abuelo, dos tíos y otros tres señores en el monte, cuando de repente nos dimos cuenta que estábamos rodeados por un grupo de hombres armados, eran como unos quince. No sé qué tipo de armas eran porque yo no sé de esas cosas, pero si se veían que estaban bien armados. Nos agarraron, nos amarraron y nos llevaron a una casa ya más alejada, yo escuchaba que ellos decían que eran de (—), pero no puse bien atención porque estaba viendo como le pegaban a mi abuelo, a mis tíos y a los otros tres. Les pegaban con unas tablas en la espalda, o con piedras y también con las manos y a patadas, a mí me soltaron que porque estaba muy chiquito y me dijeron que ya me fuera, pero a los demás les seguían pegando y les hacían preguntas, que quiénes eran los que trabajaban ahí en el pueblo y otras cosas que no entendía, pero pues yo solo escuchaba que mi abuelo decía que él no sabía nada. Cuando me soltaron me fui corriendo a mi casa y le conté a mi abuela lo que estaba pasando, para esto en el pueblo ya se empezaba a salir la gente, todos tenían miedo, dicen que eran como unos cincuenta hombres con armas sacando a la gente de sus casas, pero yo creo que eran más.
“Al poco rato llego mi abuelo, él intentó hablar con los ganaderos del pueblo, los que nos habían agarrado lo mandaron para decirle a todos que subieran (a la casa donde tenían detenidos a los demás), que los (—) querían llegar a un arreglo con el pueblo, pero nadie quiso subir, a todos les dio miedo. Mi abuelo se tuvo que regresar solo, pues todavía tenían detenidos a mis tíos y a los otros tres, pero los demás de la familia nos salimos así ya sin pensarlo, nos fuimos todos caminando, dejamos las casas y todos los animales amarrados, solo nos juntamos y nos fuimos para (—), eso fue ya desde el lunes pasado (29 de julio). Hicimos como unas seis horas caminando para llegar a (—) donde supuestamente está más seguro, y de ahí tomamos unos camiones que nos dejaron acá en (—), acá nos están dando de comer y la misma gente del pueblo nos está ayudando con cobijas y cosas para que no pasemos frío por las noches…” .
El relato forma parte de un Acta Circunstanciada, de la CNDH, de una persona del estado de Guerrero. El testimonio fue recabado en la misma entidad el 6 de agosto de 2013.
EMPEORA EL PROBLEMA
Y NADIE HACE NADA
La situación ha cambiado, para empeorar. Sin embargo, en aquel tiempo la Secretaría de Gobernación le solicitaban: Instruir que se definan las acciones inmediatas que tengan como objetivo el diseño, implementación y evaluación de una política pública integral dirigida a proteger y garantizar los derechos de las personas víctimas de DFI.
Además, le exponían que la política pública que se diseñe debe contener un programa nacional sobre DFI que considere las estrategias y líneas de acción señaladas en el Programa Nacional de Derechos Humanos vigente.
Y también le referían la necesidad de generar acciones de coordinación entre las entidades de los tres niveles de gobierno, los organismos internacionales, la sociedad civil organizada y el sector privado, para atender el DFI e instrumentar programas de sensibilización y formación de servidores públicos sobre el DFI.
Asimismo, al Congreso de la Unión le recomendaban revisar la Ley General de Víctimas con el fin de eliminar las restricciones que tienen las personas víctimas de DFI para ser reconocidas como tales por parte de órganos del Estado, con el objeto de acceder a los beneficios que la Ley prevé para su protección y reparación integral del daño.
La CNDH también expresaba que, previa reforma constitucional, el Congreso de la Unión debía analizar y discutir la posible elaboración de una ley general sobre DFI en la que se plasmen los derechos de las personas víctimas de este fenómeno, los deberes del Estado en la materia, las acciones de prevención y control que sean necesarias para el combate al mismo, así como las sanciones para quienes incumplan con la ley, considerando el impacto económico.
Sugerían proponer las reformas pertinentes al contenido de la Ley General de Población para reconocer a la población en situación de DFI y otorgar facultades, competencias y obligaciones al CONAPO para realizar diagnósticos, registros y otras acciones vinculadas con la detección de esta población.
Pero, tristemente nada se ha hecho, mientras la situación en el país no de miles sino de millones de mexicanos a estas alturas, se ha ido agravando.
Pero nadie en el gobierno hace nada si no lo ordena el populista en turno y como él está ocupado en insultar y agredir a medio país, el problema se agrava.
Dicen en Palacio Nacional que se gobierna para el pueblo. ¿De qué país? Para el pueblo mexicano, no. Y hay pruebas.
