Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
A finales de febrero, militares ejecutaron a 4 jóvenes en Nuevo Laredo; la información escueta brindada por la Secretaría de la Defensa Nacional señaló que se trató de un enfrentamiento con criminales cuando se daban a la fuga. La versión resultó falsa y días después el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas fue tajante: los jóvenes fueron ejecutados. Para los primeros días de marzo, 4 elementos militares fueron detenidos y se les inició proceso “por desobedecer órdenes superiores”. A diferencia de otros casos en la que ha sido omisa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos confirmó la ejecución.
Poco después, gracias al hackeo de Guacamaya Leaks, se hizo público que la Defensa Nacional espiaba a civiles, activistas y periodistas, con el criticado, por el actual gobierno, Pegasus. El presidente lo negó y dijo “porque nosotros no espiamos a nadie, no somos como los de antes” y subrayó que se trataba de “trabajos de inteligencia”, dando a entender que con la geolocalización se tenía información privilegiada para “combatir a los criminales” -seguramente de cuello blanco, porque los otros operan con total impunidad, aunque sepan en dónde se encuentran- y las cosas siguieron como hasta antes: el big brother militar siguió espiando, hasta que…
Ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 8 votos -para que le vaya midiendo el huésped temporal de Palacio Nacional cómo lo irá a su reforma electoral legal- prohibió que la Fiscalía Militar pueda acceder a la geolocalización de una persona en tiempo real sin una orden judicial, como podía suceder hasta día de ayer dentro de una investigación castrense.
El ponente del proyecto, el ministro Luis María Aguilar Morales- quien fue presidente de la Corte durante 4 años hasta 2019-, estableció con diáfana claridad las razones de la propuesta.
“No es posible establecer si esta atribución sólo puede efectuarse respecto de militares involucrados en una investigación del fuero militar o si también abarca a civiles, por lo que la valoración del límite de esta facultad queda en la esfera de apreciación personal de los sujetos que aplican la prescripción normativa, con lo cual se transgrede lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo que debe declararse su invalidez”.
Y ¡saz!
Prohibido espiar sin orden judicial.
Y como están las relaciones entre el Poder Ejecutivo, del cual dependen el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional al ser el presidente Comandante Supremo, y el Judicial, no parece fácil que los jueces federales obsequien las órdenes para que las fuerzas castrenses espíen a civiles o, incluso, personal militar.
La discusión de este martes que se alargó y que dejó pendientes para su análisis siete temas más, 8 de los ministros del Máximo Tribunal -2 mujeres y 6 hombres- consideraron que acción es violatoria de los derechos humanos pues podría permitir el uso arbitrario de esta facultad en contra de civiles.
¿Quiénes votaron contra?
¡Atinó! si pensó en Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar. Eso nos dijeron quienes estuvieron presente. De no haber sido así, se ofrecen las disculpas.
Porque vaya trío de defensores de las políticas del ciudadano que habita temporalmente en Palacio Nacional.
¿Qué más viene para los militares?
Sacar el asunto de la reforma administrativa -legal- que permitió que la Guardia Nacional fuera adscrita a la Defensa Nacional.
Más lo que se acumule, que es mucho.
Marzo, sin duda, mal mes para el Ejército.
E-mail; jesusmichelmp@hotmail.com, Facebook Jesus Michel, Twitter @misionpolitica y en Misión, Periodismo sin Regaños martes y jueves de 16 a 17 horas por Radio Cañón en el 760 de amplitud modulada.
