*Exigencia de Ciudadanos, Detener la
Destrucción de Instituciones
*La Presión del Ejecutivo Orillaría a 3
Hipotéticos Escenarios
*Aprobar las Leyes Generará Decepción
en Millones de Personas
*La Responsabilidad Recae en Hombros
de 7 Hombres y 1 Mujer
*Palabras de la Ministra Piña Hernández
¿Debilidad o Prudencia?
*Admitido el Reclamo Presidencial: Analizan
Suspensión de Otorgada
JESÚS MICHEL NARVÁEZ
En el afán de controlar el proceso electoral de 2024, el presidente de la República encaminó al país a una crisis política y social sin precedente.
La reforma a 7 leyes del sistema electoral coloca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el centro de la disputa.
Acosada por el Poder Ejecutivo y por el Legislativo, el Judicial tendrá que navegar en aguas procelosas en las siguientes semanas.
Cualquiera de las sentencias que emita el Pleno de la Suprema Corte, generará el conflicto y el surgimiento de una crisis en la que la gobernabilidad habría de perderse.
Si declara inconstitucional las reformas realizadas, el Ejecutivo buscará la forma de enfrentar la derrota para convertirla en victoria.
De lo contrario, si los 8 ministros (tras) que voten por la constitucionalidad de las reformas, la condena de la ciudadanía será general.
¿Qué hacer para evitar el choque que generará la crisis?
Hipotéticamente están los escenarios:
1.- Que la Corte muestre su independencia y en apego a su responsabilidad como garante de la Constitución, resolver la inconstitucionalidad total;
2.- Declarar inconstitucional diversos artículos que violentan la Carta Magna y,
3.- Sentenciar la constitucionalidad de las reformas.
En la primera hipótesis, enfrentaría un desmedido ataque desde Palacio Nacional con el respaldo de los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados que sería seguido por los aliados y que obligaría a la bancada en el Senado a tomar el mismo camino, aunque cuando menos 20 congresistas de la Cámara Alta se pronuncien en contra de la decisión.
La segunda podría amainar el vendaval al revisar artículo por artículo, ordenar cambios y declarar inconstitucional los que destruyen el sistema electoral nacional. Sin embargo, por el contenido global de las reformas, las partes sustanciales que defiende el Ejecutivo provocaría, de todas formas, la avalancha de acusaciones en contra del Poder Judicial que iría acompañado de juicios políticos en contra de jueces federales y denuncias formales en la Fiscalía General de la República que, perdiendo su autonomía, estaría obligada a cumplir las órdenes del Ejecutivo.
Y la tercera convertiría a la Corte en cómplice de la Presidencia de la República y al mismo tiempo de los congresistas de Morena, PT y PVEM, lo que redundaría en el rechazo y reclamo de la sociedad que confía ciegamente en la rectitud de los togados (das) cuya respetabilidad está en juego y de perderla habría caído el último valladar para defender la Constitución y mantener la gobernabilidad nacional.
AMENAZAS
CUMPLIDAS
Antes de la reforma al Poder Judicial de la Federación (202), desde Palacio Nacional y en público, el presidente acusó de corruptos a jueces, magistrados y tocó a dos que tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El resultado de los señalamientos obligó al ministro Eduardo Medina Mora Icaza a renunciar al cargo el 8 de octubre de 2019. Se cumplía el inició de la “purificación de la Corte”.
Una docena de jueces federales fue acusada de tener nexos con el crimen organizado y proteger con amparos a delincuentes de cuello blanco. Hasta ahora no se tiene registro de un impartidor de justicia bajo proceso, aunque en las últimas semanas la Fiscalía General de la República ha anunciado que abrió carpetas de investigación en contra de 3. Se señala a los que sobreseyeron los procesos de Rosario Robles Berlanga, Ramón Sosamontes y Francisco Javier Cabeza de Vaca. Al momento de escribir esta entrega, ninguno de los tres había sido destituido por el Consejo de la Judicatura Federal y tampoco se dio a conocer arresto alguno.
A partir de la elección para suceder a Arturo Lelo de Larrea en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la que Norma Leticia Piña Hernández se convirtió en la primera mujer presidenta del máximo órgano de justicia. La carta presidencial era Yasmín Esquivel Mossa, a quien el 23 de diciembre de 2022 se le descubrió haber plagiado su tesis para obtener el título de abogada y en el ánimo de los otros 8 ministros no afines al presidente de la República, surgió el repudio y salvo Loretta Ortiz y la propia Esquivel, emitieron su voto por ella. La elección irritó de manera abierta a López y 18 días después, el 20 de enero, descalificó a la cabeza del Poder Judicial de la Federación acusando que desde su llegada la “corrupción aumentó”.
Emprendió una embestida pocas veces -quizá nunca- vista en contra no solamente de la ministra Piña a quien jamás felicitó por el nombramiento de sus pares y durante el primer encuentro entre ambos, la frialdad congeló el saludo. La segunda ocasión correspondió al 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. En el Teatro de la República, la ministra Piña y el presidente del Congreso de la Unión fueron reubicados en el pódium y colocados al extremo derecho. Una acción premedita o inconsciente provocó la ira presidencial. La ministra no se puso de pie cuando el presidente de México hizo su entrada al recinto. Suficiente para ser descalificada a la mañana siguiente y en un intento de ridiculización, el presidente dijo: debió estar cansada. El 24 de febrero la ministra o no fue invitada o declinó asistir al acto del Día de la Bandera y en el evento no se le permitió el uso de la palabra al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, porque “está reservado para el o la presidenta de la Corte”.
Y desde entonces, las críticas presidenciales subieron de tono, mientras en el Senado de la República discutían el artículo 12 de la Ley General de Partidos.
A partir de la aprobación y remisión de las leyes reformadas al Ejecutivo, desde Palacio Nacional arreció la embestida en contra del Poder Judicial de la Federal la que concluyó con la amenaza: hace falta una reforma profunda en el Poder Judicial Federal, dijo el 7 de marzo.
(Ese mismo día la Corte admitió el reclamo presidencial por la suspensión a la ley de Comunicación Social y Propaganda Política para no ser aplicada en los procesos electorales del Estado de México y Coahuila. La inconformidad del Ejecutivo se fundamenta en la “austeridad republicana” y evita que gobiernos estatales y municipales utilicen recursos para promover en medios de comunicación a los candidatos de sus respectivos partidos. Admitir no implica resolver en uno u otro sentido. Será estudiada el reclamo y al término se dará la sentencia).
“Vemos la necesidad de una profunda reforma en todo el sistema de impartición de justicia, que no es un asunto fácil porque no solo tiene que ver con las estructuras, tiene que ver también con la formación de los profesionales, en este caso la formación de abogados”, expresó desde el púlpito guinda instalado en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Dos días antes, había propuesto una nueva reforma al Poder Judicial de la Federación que combata la corrupción de los jueces y magistrados.
Habló de haberse equivocado con sus propuestas para que el Senado eligiera a 4 ministros. El primero, por la renuncia de Medina Mora; los otros tres por terminar su gestión. De ellos, habla con indignación… “bueno, no de todos, porque hay dos que tres que sí son leales al proyecto de gobierno”, habría dicho el presidente de la República.
LA NUEVA
REFORMA
Desde el inicio de la presente administración federal, el presidente López promovió la reforma del Poder Judicial, enterrando la que llevó a cabo Ernesto Zedillo Ponce de León apenas comenzado su mandato, en diciembre de 2004.
En 2019 el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar anunció el trabajo para la reforma judicial que en 2021 cobro vida. Profundos cambios. Lucha contra el nepotismo. Rechazo al influyentismo y cero corrupción. Toda la gama de reclamos presidenciales estuvo en el proyecto y los legisladores aprobaron la iniciativa sin ¡quitarle o ponerle una coma”.
Por razones inexplicadas, encontró en Arturo Zaldívar Lelo de Larrea el aliado que habría de concretar el anhelo presidencial.
El 12 de enero de 2022, después del escándalo provocado por la inclusión de un transitorio en la reforma del Poder Judicial que ampliaba el plazo de Zaldívar como presidente de la Corte por dos años más, es decir, finalizando el 31 de diciembre de 2024, impartió en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México la conferencia de inauguración del ciclo académico Primavera 2022 del Departamento de Derecho, intitulada La Gran Reforma Judicial del año 2021 y ahí afirmó que la “Reforma Judicial de 2021 es la más importante en casi 30 años#.
Si se propone otra, apenas habrá tenido vida infantil sin llegar a la adolescencia y menos aún a la madurez.
“La Corte es hoy un auténtico tribunal constitucional y en el Poder Judicial Federal tenemos por primera vez una auténtica carrera judicial, una auténtica defensoría pública y una política pública y reglas claras para avanzar hacia la paridad y la igualdad sustantiva. Y esta será nuestra ruta y nuestro compromiso con los derechos humanos de todas las personas, esta será nuestra ruta y nuestro compromiso hasta lograr que nuestro lema, todos los derechos, para todas las personas, sea una realidad, hasta que la igualdad y la dignidad se vuelvan costumbre”, dijo hace un año y 61 días.
Sin embargo, la carrera judicial quedará truncada si prospera la propuesta presidencial de eliminar el requisito para quien ingrese al Poder Judicial para ser juez o magistrado e incluso ministro cuente con 10 años de experiencia.
LA CRISIS DE
GOBERNABILIDAD
En el contexto informativo que se genera todas las mañanas y en el trato que reciben del presidente los ministros, los magistrados y los jueces, se avizora que pese a las presiones y con la anuencia de la ministra presidenta, los impartidores de justicia mantendrán su autonomía e independencia “actuando con prudencia”.
Para los especialistas en derecho constitucional, las palabras de la ministra Piña Hernández podrían ser interpretadas como una forma de evitar el choque frontal con los poderes Ejecutivo Federal y Legislativo. Empero, se tiene una segunda interpretación: las amenazas mellan la fortaleza de la ministra y con ello la de los otros integrantes del Pleno de la Corte.
El presidente de un Tribual Colegiado, cuyo nombre solicitó se reservara en esta publicación, señaló que “no hay debilidad en las palabras de la ministra presidenta” y valoró que el respaldo de todos los magistrados y jueces federales además de las barras de abogados brindado a la primera mujer cabeza del Poder Judicial, permitirá que la Corte ejerza plenamente sus facultades y defienda su independencia.
No obstante, la crisis de gobernabilidad se presenta cuando lo ordenado desde Palacio Nacional es frenado por el único Poder que lo que puede hacer: El Judicial Federal.
Si dos Poderes de la Unión, Ejecutivo y Legislativo, se enfrentan con el Judicial por las decisiones que frenaran las reformas del sistema electoral, no debe descartarse la pérdida de gobernabilidad.
Si por el contrario, el Judicial sucumbe a las presiones y cede a las imposiciones y al “poder de los poderes”, serán millones de ciudadanos los que pierdan la confianza en su autonomía (de la Corte) y el riesgo de la desobediencia civil cobra fuerza.
Las cartas están sobre la mesa y el juego se empareja por las mejores cartas de los juristas o bien el blof de los otros dos los hacen retirarse ante el temor de perder todo.
Sin embargo, no actuar conforme a la Constitución y entregar el sistema electoral -incluido el padrón y la expedición de credenciales- hará que no solo la Corte pierda todo. Los mexicanos y México perderán su democracia y sus libertades.
