Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Freno necesario. Diríase que tardó en tomarse la decisión. Sin embargo, el resultado es devastador para quienes utilizan los recursos y los cargos públicos para apoyar a candidatos oficialistas e intentan influir en los electores con el pretexto de que beneficiarios de programas sociales “le deben todo al presidente de México”.
Sí, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación construye el dique que evite la inequidad, romper la neutralidad y fortalecer la imparcialidad.
La Sala le pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) elaborar medidas preventivas para evitar que los servidores públicos, incluyendo a los servidores de la nación, participen en los procesos electorales y en el día de la elección, a fin de salvaguardar los principios que rigen la materia electoral. En cumplimiento a lo anterior, el Consejo General del INE aprobó los Lineamientos.
Ante el incumplimiento de la orden anterior debido a las impugnaciones de Mario Delgado y los ataques desde el púlpito guinda, se retomó el tema y se fijó que el INE reformular los lineamientos bajo res criterios: i) el objeto de ellos sea de medidas preventivas; ii) la finalidad sea evitar la injerencia y/o participación de los servidores públicos durante los procesos electorales; y iii) que los parámetros sean que se considere los criterios de la Sala Superior y que se prevean las medidas para garantizar su cumplimiento, así como las consecuencias de no hacerlo.
El pleno de la Sala Superior plantea que la reformulación de los Lineamientos tiene por objeto garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral por parte de las personas servidoras públicas (Lineamientos), a fin de que se atiendan los criterios y las jurisprudencias aplicables.
Es decir, no se trata de “inventar medidas” sino aplicar la Ley y para ello existen las jurisprudencias que, por si no lo saben en Morena y en Palacio Nacional, se convierten en normas de obligado cumplimiento.
Qué bueno que frente a la embestida presidencial en acciones que tienen el vicio de la intimidación, los magistrados hayan ordenado al INE poner los puntos sobre las íes y que no quede duda sobre las limitantes para los “servidores de la nación”, cuya identificación debería ser “servidores del amo” y que fueron denunciados como partícipes en casillas electorales, no actúen presencialmente en las mesas receptoras de votos. El argumento es claro: su estancia “podría generar irregularidades en materia electoral, pues ellos manejan los programas sociales y tienen un contacto directo con la ciudadanía”.
Sí. Los empleados del presidente asignados a la nómina de la Secretaría de Bienestar a cargo de Ariadna Montiel de nada claro pasado como directora de la RTP, cuentan con el listado de beneficiarios de los programas sociales léase pensión universal, becas, sembradores de vida y jóvenes construyendo el futuro, entre otros.
La “habilidad” de quien ha estado en la SD, desde Luis María Albores, pasando por Javier May terminado con la actual, para enviar a los “cervatillos” a las regiones en las que hacen las entregas de los recursos públicos, ha quedado comprobada.
Los mandan justamente a las zonas en donde los beneficiarios ya los conoce y hasta “se habla de tú”. La influencia es real y malévola. Les recuerdan a quién le deben los recursos que reciben. Por supuesto, bajo la mentira de que el presidente les da todo. No, no es así. No será así porque no sale de su salario sino de la recaudación fiscal de millones de personas que cumplen con la obligación ordenada por la Constitución de pagar los impuestos que la ley de la materia fije.
Pero la labia de los “petits cocus” -pequeños cornudos- convence a los adultos mayores principalmente, de que el huésped temporal de Palacio Nacional es quien les otorga la pensión.
La Sala Superior, insisto, se tardó en ordenar la reformulación de los lineamientos, pero finalmente lo hizo y dejó fuera a los que solamente obedecen a la voz del amo.
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