*México Incumple con los Estándares Internacionales; Toda Muerte
por Disparo de Militares, Debe ser Atendido por Autoridades Civiles
*Los Jóvenes Asesinados en Nuevo Laredo no Huyeron; Vehículos de
Sedena no Muestran Perforaciones por Balas de los Supuestos Sicarios
GERARDO LAVALLE
Los ciudadanos habían tomado las calles que conducen a la Plaza de la Constitución. Lo habían hecho también en 110 ciudades del país. El tsunami rosa golpeó con fuerza los muros de la intransigencia y autocracia y obtuvo la atención del resto de los pobladores de México.
No se trató ni con mucho de un intento de golpe de estado como supone el presidente mexicano. Se buscó y hasta ahora se ha logrado, frenar la cancelación de libertades.
Las marchas a lo largo y ancho del país tuvieron uniformidad: sin violencia.
Y mientras ellas se desarrollaban y el clamor se generalizada en defensa del INE, del voto libre, de transparencia electoral, en Nuevo Laredo ocurría la tragedia: militares masacraban a 5 jóvenes a quienes consideraron “sospechosos” y “sicarios”.
A diferencia de los enfrentamientos con presuntos delincuentes, los vehículos militares que participaron en la masacre no registran un solo disparo en sus carrocerías.
¡Eso se llama masacre!
¡Ejecución extrajudicial!
¡Violación a los derechos humanos!
Los cinco jóvenes recibieron al menos 30 disparos de acuerdo con las necropsias practicadas.
El conductor tiene 12 impactos, uno de estos en la cabeza; el copiloto 10, en tórax y extremidades; el tercero 5 lesiones de proyectil, de las que 4 fueron en espalda; el cuarto dos impactos en pelvis y brazo y el quinto solo un balazo en la cabeza, revelan los documentos oficiales cuyo contenido es oficial y fue dado a conocer por Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
De acuerdo con las carpetas de investigación en donde están relatados los hechos, el ataque a la camioneta Silverado en la que viajaban los jóvenes por parte de los militares, provino de dos frentes. Ello se demuestra por las balas incrustadas en sus cuerpos: por la espalda y por el tórax.
Son decenas de testimonios los que rechazan la huida de los jóvenes y la persecución de los militares. No están inventados. No se lograron por coacción. No representan intereses de los adversarios del gobierno. Tampoco de los narcotraficantes o del crimen organizado.
SEGUNDA MASACRE
DURANTE EL 2023
A solo 57 días de iniciado el año de 2023, el ejército y la marina han llevado a cabo dos masacres, aunque, como dice el presidente con insistencia “ya no hay masacres… no somos como los de antes…aquí nada de mátalos en caliente”.
La primera de ellas ocurrió la madrugada del 5 de enero en un poblado cercado a Culiacán y durante el operativo -presuntamente ignorado por el presidente López- para capturar a Ovidio Guzmán.
El reporte oficial reveló que 10 soldados, todos ellos paracaidistas y 19 sicarios fallecieron en el enfrentamiento.
A los militares los “cazaron” a y los sicarios cayeron frente a las ráfagas provenientes del helicóptero Blackhawk, el mismo con el se “cometió la masacre en Nayarit”.
El 14 de febrero de 2017, el precandidato de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López, en su calidad de presidente de su partido, declaró en Isidro Fabela «acabo de estar en Nayarit, me tocó estar en Tepic el día en que hubo una masacre, los de la marina desde un helicóptero masacraron a seres humanos”.
Se refería al enfrentamiento entre marinos y sicarios en el que murieron 12 criminales.
En un mitin con pobladores de Isidro Fabela, donde pidió a militantes simpatizantes tenerle confianza y que cuando triunfe su movimiento a los comuneros y ejidatarios de Isidro Fabela se les beneficiará con un subsidio por mantener los bosques, y duplicará el apoyo a los adultos mayores.
La promesa ahí quedó y no se ha concretado.
Las dos masacres, por lo menos las conocidas, realizadas este año, dejan mal parada la política presidencial de abrazos, no balazos y evidencian que los militares y marinos tienen entrenamiento para hacer frente a quienes pretendan socavar la soberanía nacional, ataquen instalaciones prioritarias y de seguridad nacional y cometan actos de terrorismo.
Sus capacidades son mayores a las de andar investigando quiénes son los criminales que actúan en tal o cual parte del país. Lo saben bien. Conocen las zonas de riesgo y en donde se desenvuelven con libertad e impunidad los criminales y narcotraficantes. Sin embargo, han mostrado obedecer las órdenes del Comandante Supremo y evitan los choques frontales con los violentos, equipados con armamento sofisticado que, en ocasiones, supera al de las fuerzas castrenses.
Es por ello que durante cuatro años han repartido abrazos y nunca están en donde se registran enfrentamientos entre bandos de diferentes cárteles y en los ataques contra los ciudadanos. Por regla general llegan solamente a “resguardar la escena del crimen” y punto.
4 SOLDADOS
A PROCESO
La masacre de Nuevo Laredo se pretendió ocultar.
Y el objetivo se consiguió durante 90 horas.
Los hechos ocurridos el domingo 26 fueron abordados en la mañanera presidencial del 2 de marzo.
“Aunque se trate de supuestos sicarios, no se debe de permitir la ejecución de nadie, dijo el mandatario federal luego de preguntarle por el caso de cinco jóvenes que fueron acribillados por elementos del Ejército el pasado 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
“Ya no estamos en el tiempo de mátalos en caliente o remátalos, eso no”, subrayó.
Ahí mismo informó que la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) está actuando en el caso de la aplicación de los reglamentos sobre la actuación de militares y el uso de la fuerza, además subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que investigar y aclarar si los cinco jóvenes que fueron acribillados, formaban parte del crimen organizado.
La atención presidencial despertó después del llamado que formuló la Organización de las Naciones Unidas a través de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) que pidió el miércoles primero a las autoridades competentes realizar una investigación diligente, pronta e imparcial sobre los hechos violentos ocurridos el 26 de febrero en la colonia Manuel Cavazos Lerma de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde, presuntamente, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dispararon contra de una camioneta en la que viajaban seis jóvenes, cinco de los cuales fallecieron a consecuencia del ataque y uno más resultó herido.
“De acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, el empleo de las armas de fuego debe ser el último recurso, proporcional al objetivo legítimo que se persigue, con pleno respeto y protección de la vida humana. Toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles, las cuales deben contar con toda la información y colaboración de las corporaciones concernidas”, precisó el organismo en un comunicado.
Ante los reclamos de familiares de los jóvenes y ciudadanos de Nuevo Laredo, así como de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Secretaría de la Defensa Nacional informó de manera oficial el pasado jueves por la noche, que 4 elementos fueron sometidos a proceso por el delito de “desobediencia”.
La información escueta ofrecida por la dependencia, señala que la Fiscalía General de Justicia Militar vinculó a proceso por el delito de desobediencia a cuatro de los soldados que abrieron fuego contra civiles el domingo pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con un saldo de cinco muertos, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) investiga los hechos por el fuero civil.
Los uniformados irán a juicio en el fuero castrense por infringir el artículo 301 del Código de Justicia Militar, el cual señala que “comete el delito de desobediencia el que no ejecuta o respeta una orden del superior, la modifica de propia autoridad o se extralimita al ejecutarla. Lo anterior se entiende salvo el caso de la necesidad impuesta al inferior, para proceder como fuere conveniente, por circunstancias imprevistas que puedan constituir un peligro justificado, para la fuerza de que dependa o que tuviese a sus órdenes”.
Los cuatro militares, todos con el rango de cabo, fueron acusados de desobedecer las órdenes de sus superiores y detonar sus armas, según el reporte que entregó uno de sus mandos. No de ejecución. No de homicidio doloso. No de asesinato con alevosía y ventaja.
Y a pesar de lo señalado por la ONU, en torno a que “Toda muerte relacionada con el uso de la fuerza por efectivos militares debe ser investigada de forma independiente por las autoridades civiles, las cuales deben contar con toda la información y colaboración de las corporaciones concernidas”, los soldados que dispararon serán procesado por jueces militares.
Así se escribe la historia de quienes cobijados por el manto verde olivo, las leyes castrenses, son únicamente culpables de “desobediencia a las órdenes superiores”.
