*Las Reformas Constitucionales y de Leyes, no
Aplican Retrospectivamente en Perjuicio
*Los Amparos Para Impedir la Reducción de los
Sueldos, Avalados por la Suprema Corte
*Los Gastos Evadidos por el Presidente, Superan
Ingresos de los Servidores “Mejor Pagados”
ALBERTO ALMAZÁN
Mientras los diputados federales tengan el monopolio en el manejo de los recursos públicos y con mayoría simple fijen los egresos de todas las dependencias federales y organismos autónomos constitucionales, son los responsables de los salarios que devengan los servidores públicos.
Es una realidad que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ministros devengan el más alto sueldo. La justificación legal determina que se trata de una forma de impedir la corrupción y que la justicia no tenga precio.
En el caso de los organismos autónomos, no fueron los consejeros del INE, tampoco los comisionados del IFETEL, la COFECE, el INAI, la CNH, la CNDH, entre una docena de instituciones, quienes se fijaron los salarios.
La creación de todos y cada uno de los entes públicos del Estado, no del Gobierno, requirió de profundos análisis de operación entre los que destacan la capacidad, la experiencia, el interés en el servicio. Se cuidó, en todos casos que quienes los integrasen en su calidad de titulares, no pudieran ser cooptados por partidos políticos, en el caso del INE y de poderosos empresarios respecto de las funciones de la Comisión Federal de Competencia Económica, por citar dos ejemplos.
Se debe entender que las modificaciones constitucionales o a las leyes secundarias no aplican de manera retroactiva si perjudican a quien están dirigidas. Son reconocidas por el beneficio que representarían a quienes se les adapte. Es decir, en el caso de imputados y sentencias por diversos delitos, si éstos cambian su concepto y conlleva a la reforma de un texto, por ejemplo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces quien está privado de su libertad puede, si así lo ordena el cambio, obtener su libertad.
En el caso de los consejeros y comisionados, parece ser que los diputados de Morena encabezados por Ignacio Mier Velazco, no quieren entender que la Ley de Amparo protege a quienes estiman son afectados con, por ejemplo, la reducción salarial que impone el Gobierno federal desde la presidencia de la República, bajo el argumento de que ningún servidor público puede ganar un suelo mayor al del Jefe del Ejecutivo Federal y cobijado por el mando sagrado de la “austeridad republicana” convertida en franciscana.
Mier Velazco, siguiendo la huella de su jefe, el señor López, ha endurecido la campaña en contra de los consejeros del INE y afirma que “El dinero es el 👹. Lorenzo Córdova le debe una explicación al pueblo de México por los altísimos sueldos que perciben algunos funcionarios del INE. Que no se le olvide que él llegó por el reparto de cuotas. Algo que ya no sucederá. Ni cuotas, ni cuates. Queremos un INE ciudadano”.
Resulta inexplicable el ataque directo en contra de un servidor público. Porque el salario no se lo auto fijó, sino que lo aprobaron los diputados y, cuando se quiso aplicar la reducción, los afectados recurrieron al amparo y los jueces lo otorgaron y la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ratificó.
¿Por qué los diputados, por qué, el presidente, por qué los senadores -todos de morena- no actúan de igual manera contra los 11 integrantes de la SCJN o la gobernadora y los subgobernadores del Banco de México?
En alguna ocasión en estas páginas de Misión Política se hizo el recuento de los que ganan más que el presidente de la República y el ahorro del que hablan por ejemplo en el INE, de 3 mil 500 millones de pesos, es una falacia.
Al INE, para estar en la misma línea, le han reducido el presupuesto desde el 2019. Sin embargo, al Poder Legislativo -diputados y senadores- se lo han incrementado no obstante que, afirman los congresistas, aceptaron la rebaja en sus dietas, la reducción de asesores y plazas de personal eventual.
¿Por qué los legisladores reciben incrementos presupuestales si están ahorrando miles de millones de pesos?
El presidente presume que la presidencia de la República gasta 600 millones de pesos anuales y que su antecesor erogaba 3 mil 500 millones.
Presumiblemente con el “ahorro” salarial, se generarían más y mejores empleos; nacerían nuevas empresas. Nada de eso ha ocurrido.
Y el ejemplo que se coloca como insignia del ahorro, es el salario presidencial que, aunque reducido, alcanza los 3 millones de pesos anuales, porque, además, del sueldo tiene aguinaldo, vacaciones y días feriados pagados. Habría que añadir que el inquilino de Palacio Nacional no paga renta, luz, gas, agua, predial, estacionamiento, combustibles, empleados de cámara que lo asisten todo el tiempo, servicios médicos y fármacos, comida, telefonía celular, televisión, tintorería, adquisición de ropa y calzado. Sumar todos los gastos que evade, mostraría una suma superior al salario de Lorenzo Córdova.
No hay duda: los austeros morenistas reprobaron en matemáticas simples y se encargan de bombardear a quienes, por sapiencia o amiguismo, como se le quiera mirar, forman parte de la aún existente élite burocrática dorada.
