El gobierno de Dina Boluarte declaró el «estado de emergencia» por 60 días a siete regiones del país en medio de incesantes protestas que exigen la renuncia de la presidenta y que han dejado 48 muertos, informó este domingo el diario oficial.
Los departamentos donde se impone la medida son el amazónico Madre de Dios (este), y de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, todos en la región sur-sureste del país.
El estado de excepción, que también está vigente hasta mediados de febrero en las regiones de Lima, donde se encuentra la capital, y El Callao, sede de las principales terminales marítima y aérea del país, otorga «el control del orden interno» a la policía y las fuerzas armadas.
La medida restringe o suspende «derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales», detalló el diario oficial.
El decreto también declara la «inmovilización social obligatoria» de personas desde las 20:00 hasta las 4:00 horas, durante 10 días en el departamento de Puno, con excepción de aquellas que lo hagan para desempeñar actividades productivas o laborales o quienes requieran atención médica urgente.
En dicha región del altiplano, epicentro de las manifestaciones antigubernamentales, el decreto dispone que el Comando Conjunto de las fuerzas armadas asuma el mando unificado de soldados y policías.
Cruentos enfrentamientos el pasado 9 de enero en Juliaca, una de las principales ciudades puneñas, dejaron un saldo de 19 personas muertas, incluido un policía, mientras que los bloqueos de vías en la frontera con Bolivia mantienen en parálisis y tensión la vida de esa región.
En Lima, una multitudinaria marcha de campesinos, civiles y estudiantes en contra del gobierno de Boluarte y pidiendo el cierre del Congreso culminó el sábado con enfrentamientos en el centro de la ciudad.
La protesta se realizó un día después de que el Parlamento bloqueó hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones generales.
Con esta decisión, basada en tecnicismos procedimentales, el Congreso dio un portazo a la posibilidad de renovar la Presidencia y el Congreso en 2023, como claman los manifestantes desde diciembre.
