En un comunicado emitido este mediodía, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que apelará la decisión de un juez que determinó exonerar a Ramón Sosamontes, por firmar contratos vinculados en la Estafa Maestra.
Anunció que se abrirá una carpeta de investigación contra el juzgador por “delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos”.
En su comunicado, la FGR afirmó que el juez de distrito Gustavo Aquiles Villaseñor no aceptó la responsabilidad penal en el caso de Ramón “N”, ya que los contratos que suscribió eran legítimos, por lo que no le era aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Según FGR, el ministerio público federal le señaló al juez que esta ley sí le es aplicable, ya que Radio y Televisión de Hidalgo no tenía la capacidad técnica, material y humana para prestar el servicio, en virtud de que subcontrató con 17 personas físicas y morales en un porcentaje del 94.6% del importe del contrato original.
FGR afirma que “el agente del Ministerio Público le comunicó al Juez la preocupación de la Fiscalía respecto de su indebida interpretación a la citada Ley de Adquisiciones, que impide el esclarecimiento de los hechos denunciados”:
La Fiscalía afirma que otros jueces sí han decidido vincular a otras personas con los mismos argumentos.
A todo ello, no hubo una respuesta fundada y motivada del Juez, de conformidad con el criterio de esta Representación Social, manifestando únicamente al término de la audiencia, que ojalá y pronto la superioridad y los Magistrados de Circuito emitieran criterios orientadores que le dieran luz para determinaciones futuras.
Para la fiscalía, esta respuesta “ofende el Derecho y la recta impartición de justicia”, por lo que se presentará una queja al Consejo de la Judicatura Federal y se apelará el auto de referencia.
La Fiscalía también investigará al juez por supuestos delitos: “se iniciará de inmediato una Carpeta de Investigación, con base en el artículo 225 del Código Penal Federal, respecto a delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos”.
