Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Garante de la Constitución, como se define las funciones del Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pareciera que, sin decirlo pero sí votado, abandonó la primigenia responsabilidad.
Sin mayor explicación para los ciudadanos -la oficina de prensa es disfuncional hasta ahora-, se aprobó algo que solamente se practica en los estados autocráticos y dictatoriales: que las fuerzas armadas, ejército, marina y guardia nacional, todas las instituciones con minúsculas, tengan el poder de detener a quien consideren sospechoso de invadir la banqueta y no reportar la aprehensión a la autoridad civil, como mandata la Constitución.
Con esta asignación de poder, los castrenses podrán, ojalá y no, desaparecer a las personas que detengan porque, al no estar obligados y sí autorizados, a realizar privaciones de la libertad sin orden de prehensión y no reportarlas al ministerio público, federal o del fuero común.
Es un retroceso en materia de derechos humanos y de legalidad.
Si bien es cierto es ya legal las acciones que decidan realizar los castrenses, no por ello se aplaude pasar sobre el derecho universal de gozar de la libertad al no haber cometido delito alguno.
Si los castrenses deciden que los vendedores ambulantes de artesanías son sospechosos de “estar ligados a los cárteles del crimen organizado”, ya chuparon faros. Serán detenidos y ninguna autoridad civil estará enterada.
De acuerdo con la Constitución, las decisiones de la Corte, sean tomadas en el Pleno en las Salas 1 y 2, son inatacables. Ello significa en buen castellano “a palo dado por la Corte ni Dios lo quita”.
Emilio Álvarez Icaza, descendiente de una familia que se distinguió por defender los derechos humanos cuando no eran reconocidos en México, aunque estén plasmados en los derechos del hombre desde la primera constitución francesa, afirma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación será la responsable de detenciones arbitrarias, que contradicen el estado de derecho, y al final podría ser señalada de propiciar la desaparición forzada.
Señala que no hay instancia mexicana a la cual recurrir y sugiere asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una recomendación más.
Sin embargo, existe la alternativa de una nueva ley relacionada con el tema que apruebe el Congreso de la Unión, en la que derogue lo aprobado con antelación y sancionado en contra del sentido común y el artículo 21 constitucional, con lo cual se regresaría al libre tránsito sin necesidad de pasaporte alguno.
Que sepamos no vivimos en un estado de sitio. Tampoco en uno con dictador reconocido. Vivimos en una democracia, debilitada desde el poder presidencial, en la que las libertades de todo tipo deben y están garantizadas por el Estado mexicano.
La información que no recibió la atención debida, confirma que en la sesión los votos fueron divididos.
Será el sereno, pero la decisión pone en riesgo a los ciudadanos, empodera más a los castrenses y nos conduce hacia el autoritarismo absoluto.
¿Qué pasó con la ministra presidenta Norma Leticia Piña Hernández?
Ella lleva la agenda de los asuntos y sabe la importancia de cada uno de ellos.
¿Por qué sacó el tema sin la publicidad suficiente para discutirlo y en su caso retrasar el proyecto?
No queda claro si se trató de una metida de pata o atender una “sugerencia” desde Palacio Nacional o de la Defensa Nacional. Como fuere, habrá que tener cuidado de enfrentar con palabras a los militares, marinos guardianes nacionales, que establecen los retenes. No vaya a ser el diablo que lo consideren a uno sospechoso de ser socio de Genaro García Luna, de Ovidio Guzmán o del presidente Andrés Manuel López.
En una de esas lo enchiqueran en una zona militar y sin dar aviso a la autoridad civil, a la que deberían estar subordinados los castrenses en tareas de seguridad pública.
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