El Gobierno de Perú prorrogó la vigencia de la inmovilización social obligatoria en el departamento de Puno por 10 días calendario a partir de este miércoles 25 de enero, por lo cual todas las personas deberán permanecer en su domicilio desde las 20H00 hasta las 04H00 horas del día siguiente, al tiempo que mandó tropas a la región.
La medida es complementaria al estado de emergencia impuesto el 15 de enero debido la escalada en la conflictividad social en Puno, que también incluyó las regiones de Lima, Callao y Cusco.
Este anuncio se produce cuando este martes se desarrolló una de las jornadas más violentas en el centro histórico de Lima, horas después de que la presidenta designadas, Dina Boluarte, pidiera una tregua nacional a los manifestantes, para entablar un diálogo.
Los fuertes enfrentamientos han sido una constante en medio de las marchas antigubernamentales en este país suramericano, manifestaciones con las que se pide la dimisión de Boluarte, la celebración inmediata de elecciones y la disolución del Congreso.
Mientras Boluarte respondía a la prensa extranjera y advertía que Puno no era el Perú (de lo cual se disculpó luego), cientos de militares se trasladaban en marcha de campaña hacia la ciudad de Puno por los cerros del distrito de Laraqueri.
Los uniformados que se trasladaban en unidades militares y autobusés particulares provenían de diversos batallones de los cuarteles de Tacna y Moquegua.
Por otra parte, la Fiscalía de Perú abrió una investigación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por la presunta comisión de un delito de actos funcionales por el operativo policial organizado en el campus de la Universidad de San Marcos (UNMSM), en Lima, el pasado sábado.
«La Fiscal de la Nación abre investigación preliminar contra Vicente Romero, ministro del Interior, como presunto autor del delito de omisión de actos funcionales, en agravio del Estado, debido a los hechos ocurridos en las instalaciones de la UNMSM el 21 de enero».
Ante este clima de represión en Perú, un grupo de 46 abogados presentará una denuncia en la Corte Internacional de la Haya contra la presidenta Boluarte, por más de 60 muertes registradas en las protestas que demandan su renuncia, sobre todo en el sur del país.
La vocera de los renunciantes, Clara Salinas Quispe, precisó que la denuncia será por el cargo de crímenes de lesa humanidad cometidos mediante una política sistemática de represión en las protestas iniciadas en diciembre pasado y en una segunda ola que se mantiene desde el 4 de enero último.
La denuncia incluye al primer ministro Alberto Otárola y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez de la Torre.También a los exministros del Interior César Cervantes y Víctor Rojas y los congresistas de derecha extrema Jorge Montoya y Patricia Chirinos, entre otros. (Telesur)
