*Las Corcholatas (tres) Encuentran el Camino
Para Modificar el uso de Recursos
*Órganos de Control Interno Pavimentan Acciones
que Parecen no ser Ilegales
*Ignoran el Texto del Artículo 134 Constitucional y
Borran las Limitantes
EZEQUIEL GAYTÁN
Uno de los elementos que más debate se generan en los hogares y en los sectores público, privado y social es el referente a las asignaciones anuales del presupuesto, pues se trata de destinar los escasos recursos que tenemos de manera prioritaria e inteligente. Lo hacemos de manera personal, pues cuidamos que nuestros gastos no excedan a nuestros ingresos. Así tenemos, por ejemplo, que un padre de familia destina y etiqueta sus finanzas en alimentación, luz, teléfono, renta, agua, transporte y educación, por decirlo simple y llanamente. Esa persona trata de ahorrar a fin de poder solventar imprevistos y, en su caso, poder gozar de un viaje de vacaciones al final del año. Lo importante es invertir en mantenimiento preventivo para no derrochar en mantenimiento correctivo. Lo mismo acontece con el Estado, pues tiene responsabilidades y obligaciones orientadas a satisfacer demandas y necesidades sociales. Consecuentemente el Estado es el responsable de definir el presupuesto de ingresos y egresos. Lo cual funciona mediante la articulación de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Léase, la Secretaría de Hacienda propone, pero el Congreso de la Unión dispone. Una vez aprobados los presupuestos de ingresos y egresos, corresponde a cada dependencia y entidad de la Administración pública ejercer su presupuesto con criterios de eficacia, eficiencia y economía y, sobre todo, orientada a resultados.
Dicho lo anterior, cuando un gobierno, por ejemplo, el de la Ciudad de México, recibe su presupuesto y los diputados asignan los recursos, el poder Ejecutivo tiene la obligación de respetar las asignaciones presupuestales, los techos, las etiquetas y no puede modificar a su conveniencia el presupuesto autorizado, pues en caso de hacerlo incurriría en graves faltas penales y administrativas.
Pero algo ocurre en el gobierno capitalino que redistribuye el presupuesto a su conveniencia, seguramente con la orientación y anuencia del Órgano Interno de Control (OIC), quien le dice cómo adecuar el presupuesto sin que se puedan, desde la auditoría de la Ciudad de México, detectar los cambios en las partidas presupuestales. Que quede claro, no digo que ese Órgano Interno solapa la desviación de recursos. Lo que sostengo es que orienta en términos leguleyos y contables la forma de ejercer el presupuesto sin que las evidencias sean calificadas de peculado y lavado de dinero.
Ese tipo de gestión financiera ha existido desde hace décadas y las leyes presupuestales siguen teniendo huecos que permiten, en el ejemplo del gobierno capitalino, que los montos destinados al mantenimiento preventivo sean utilizados para otros fines allende la eficacia o ineficacia del gobierno capitalino. Por eso el Sistema de Transporte Colectivo o metro es víctima, junto con los usuarios de ese medio de transporte masivo, de las consecuencias letales.
Lo mismo ocurre en las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, sus titulares pueden ejercer recursos financieros de sus respectivas dependencias y hacer sus campañas políticas porque los OIC coadyuvan con las modificaciones presupuestales sin que se caiga en la ilegalidad. No me sorprendería que quien quede ungido por el partido Morena tenga pensado en premiar a su titular del OIC con la Secretaría de la Función Pública.
Los criterios presupuestales, por principio, están acotados en el artículo 134 constitucional cuyo espíritu sostiene que “los recursos económicos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez a fin de satisfacer los objetivos a los que están destinados”. Empero, las ambiciones políticas de los tres morenistas mencionados por el presidente López Obrador se singularizan por violar flagrantemente dicho artículo y cuentan con el indiscutible apoyo de sus respectivos órganos internos de control. En lo personal sostengo que se trata de actos de corrupción indemostrables jurídica y administrativamente. Pero de eso trata de la corrupción; de no dejar huella, aunque si un tufo pestilente.
La jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, ya demostró que no tiene interés en gobernar la Ciudad de México. Sus ambiciones políticas y su falta de escrúpulos ostentan ya un sabor a muerte por los accidentes en el metro. Sin embargo, esas tragedias no le quitan el sueño. Ella está dispuesta a todo por ser la candidata de su partido. Lo cual nos da indicios de que así también será probablemente su gobierno. Léase, frívolo, descuidado, desaseado y orientado a objetivos personalistas y plegados a las órdenes del actual presidente. Ojalá me equivoque, pero mucho me temo que mal gobernará.
