Por VÍCTOR ALARCÓN OLGUÍN
Profesor e investigador de la UAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
El Consejo Universitario y la Junta de Gobierno de la UNAM deben llamar a cuentas al Rector Graue en el Caso Esquivel.
En el caso de la ministra plagiaria, me parece que el Consejo Universitario de la UNAM, como la máxima autoridad interna que es, debería solicitarle en sesión pública al Rector y a la oficina del Abogado General una explicación de por qué determinaron no ejercer acción en contra del plagio cometido por la ministra Esquivel, si como se ha venido señalando, en el Estatuto de la propia institución se encuentran disposiciones que permitir inferir que se puede proceder al retiro directo de un título.
El Consejo incluso podría resolver ordenarle al Rector que rectifique y reponga el procedimiento, o en su caso dar vista al Tribunal Universitario para que éste revise y se pronuncie sobre el caso.
Y también debería ser requerido por la Junta de Gobierno en esos mismos términos para que rinda cuentas.
El Rector Graue ni la oficina del Abogado General se mandan solos. El Consejo Universitario y la Junta de Gobierno deben ejercer sus respectivas atribuciones de control y cumplimiento de la legalidad universitaria, contribuyendo en ello a dar un mensaje claro como comunidad e institución al país de que no se tolera ningún tipo de fraude en sus procedimientos académicos.
