*Tienen Control de Cuerpos Policíacos
Estatales y Municipales
*Ratificación de Teniente Coronel en
Sinaloa, Petición de AMLO
*Guardia Nacional en Funciones de
Seguridad Privada
*El Avance Militar Alcanza Tareas
Administrativas
*Presencia de Castrenses, a Petición
de Parte: SEGOB
GERARDO LAVALLE
En catorce de las 32 entidades federativas los secretarios de Seguridad Ciudadana pertenecen a las fuerzas castrenses.
La militarización de la seguridad pública avanza soterradamente y la contratación de militares y marinos en “retiro o con licencia”, no ha detenido la violencia, el narcotráfico así como las acciones del crimen organizado en esos 14 Estados de la Federación y las cifras oficiales muestran un incremento en delitos del fuero común, aunque aseguran que los del fuero federal han disminuido. Y no se reduce solamente a realizar acciones de prevención de la violencia y la captura de criminales. La militarización alcanza posiciones estratégicas en la administración pública federal y de los estados de la República.
De las entidades con mandos castrenses en seguridad pública, 13 pertenecen a Morena y una a su aliado del PVEM.
Los otros 6 del partido oficial, cuentan con mandos civiles, así como los 12 restantes.
De acuerdo con el censo del INEGI, correspondiente a 2021 -el de 2022 estará disponible entre marzo y abril- la cantidad de personal adscrito a las instituciones encargadas de la función de seguridad pública de las entidades federativas fue de 225 544. De esta cantidad, 90 mil 671 elementos, corresponden a la Ciudad de México. Acapara el 30 por ciento de los policías civiles.
Además, para el 22 de noviembre de 2022, la Guardia Nacional había alcanzado un estado de fuerza de 123 mil 535 elementos, informó el comandante Luis Rodríguez Bucio, de los cuales 105 mil 841 forman parte de la fuerza operativa desplegada en las 266 coordinaciones regionales.
Del Ejército y la Marina se estima que están desplegados 170 mil hombres y mujeres cumpliendo las tareas de seguridad pública que les fueron encomendadas desde 2019.
La militarización no solamente se encuentra en la seguridad pública. Al Ejército y la Marina se les ha dado la tarea de administrar las aduanas, marítimas, aéreas y terrestres; controlan un buen número de aeropuertos, desarrollan obras insignia de la actual administración como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, las instalaciones del Banco de Bienestar: sus elementos forman parte del gabinete ampliado en donde militares y marinos administran los recursos públicos.
LOS GOBIERNOS DE
MORENA, DÓCILES
A partir del año 2021, cuando Morena ganó el mayor número de estados que relevaron gobernador y se registró la llegada de cuatro mujeres con su bandera guinda, que se sumaron a las otras dos ya en funciones, la estructura de la seguridad pública estatal cambió radicalmente en las entidades en donde los militares y marinos son responsables.
En los estados de Michoacán, Guerrero, Colima, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Zacatecas, todos gobernados por militantes de Morena, además del aliado en San Luis Potosí, los secretarios de seguridad pública provienen del Ejército y la Marina.
Hay desde generales, como en Baja California, general de División, Gilberto Landeros Briseño; Tamaulipas, general de Brigada, Sergio Hernando Chávez García; Tlaxcala, general de brigada, Raúl Ruiz García; Michoacán, general de brigada, José Alfredo Ortega Reyes; Zacatecas, General Adolfo Marín Marín, hasta el teniente coronel, Cristóbal Castañeda Camarillo, Sinaloa. Y en San Luis Potosí está el general de brigada, Guzmar Ángel González Castillo
Por parte de la marina están en funciones capitán de navío Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, en Veracruz; capitán de Fragata, Iván García Álvarez, en Oaxaca; en Puebla, Daniel Iván Cruz Luna, Adscrito a la Segunda Sección del Estado Mayor General de la Secretaría de Marina; Capitán Evelio Méndez Gómez, en Guerrero; en Colima, capitán de fragata Héctor Alfredo Castillo; en Baja California Sur, capitán de Navío Luis Alfredo Cancino Vicente; en Quintana Roo, capitán de la Secretaría de Marina Rubén Oyarvide.
SINALOA, LA
RATIFICACIÓN
A “sugerencia” del presidente de la República, el teniente coronel fue ratificado en el cargo, después de haberlo desempeñado durante el mandato del gobernador priísta, Quirino Ordaz Coppel.
Al darle posesión el nuevo gobernador, Rubén Rocha Moya, reconoció que atendía la sugerencia presidencial, en virtud de “los buenos resultados” obtenidos por el teniente coronel.
El mandatario estatal, surgido del Senado de la República, señaló: “en los últimos 13 años en Sinaloa, el período menos violento de los cuatro meses de arranque es este. En 2010 se cometieron en los primeros cuatro meses, enero, febrero, marzo y abril 830 homicidios dolosos; en 2011, 692; en 2012, 497; en 2013, 417; en 2014, 292; en 2015, 294; en 2016, 330; en 2017, 533; 2018, 373; en el 2019, 286; en el 2020, 257; en el 2021 en este período se cometieron 205 y en el 2022 se cometieron 157, esta es la cifra menor con relación al año anterior son 48 homicidios menos”, apuntó.
Las cifras revelarían el trabajo del militar Cristóbal Castañeda Camarillo. Si bien las los números ofrecidos por Rocha Moya se sustentan con datos oficiales, entre homicidios dolosos, culposos, feminicidios y detenidos, no se hallan nombres de los líderes y sus tropas del Cártel de Sinaloa.
Por ello, en la entidad se comenta que desde su arribo al gobierno anterior y ahora con la ratificación por parte del nuevo, existe la fundada duda de que hay, desde hace 10 años, “acuerdo” con los criminales para que no cometan sus acciones delictivas en territorio sinaloense.
LA GN SALVAGUARDA
DINERO DE PROGRAMAS
Con el desmantelamiento de la Policía Federal, creada como cuerpo de élite en régimen encabezado por Felipe Calderón y con Genaro García Luna como cabeza, el surgimiento de la Guardia Nacional tuvo como propósito inicial impedir la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en corporaciones policíacas.
En contra de la disposición constitucional establecida en el artículo 21, en el que define sin limitación alguna que las tareas de seguridad pública corresponden a civiles, el Congreso de la Unión aprobó, con respaldo de las oposiciones, la Guardia Nacional condicionada a que el mando estuviera a cargo de la autoridad civil.
Sin embargo, desde el momento de su creación legal, el general Luis Rodríguez Bucio ha fungido como comandante general. Su nombramiento ocurrió al solicitar licencia para separarse como elemento efectivo del servicio militar. En un principio, legalmente la GN dependía del secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño -hoy gobernador de Sonora- pero en la práctica las líneas de acción y órdenes superiores, provenían -y provienen- del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Con la reforma a 3 leyes en el pasado periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, se autorizó la adscripción del cuerpo militar a la propia Sedena, con lo cual el mando civil desapareció.
Además de realizar las acciones de prevención del delito, la GN se ocupa de vigilar carreteras, instalaciones estratégicas, resguardar recursos de los programas Becas Benito Juárez, Producción para el Bienestar, Pensión para Adultos Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad, Bienestar para Niñas y Niños de Madres Trabajadoras y Tandas para el Bienestar. Además, proporciona apoyo de seguridad a la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural para la distribución de fertilizantes, desde los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán; de Coatzacoalcos, Veracruz; así como desde La Barca, Jalisco, a los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas.
LAS CRÍTICAS POR
LA MILITARIZACIÓN
De acuerdo con diversas encuestas, el Ejército y la Marina son instituciones que gozan de apoyo popular.
A la Guardia Nacional se le otorga el tercer lugar de respaldo. El gobierno de Estados Unidos le tiene más confianza a Marina que a la Defensa y por ello trabaja en coordinación en tratándose de asuntos delicados, como la captura de capos evadidos y recapturados. Generalmente la información entre agencias estadounidenses DEA, FBI, ATF y el Centro de Inteligencia Naval se mantiene reservada para evitar filtraciones que generen la oportunidad de huir a los criminales.
Con todo y el respaldo ciudadano, la presencia militar en las calles es cuestionada bajo el argumento de que los soldados y los marinos no están preparados para actuar como policías, cuyos protocolos difieren de manera específica.
Soldados y marinos son adiestrados para defender la soberanía, el territorio, las instalaciones estratégicas y la gobernabilidad. Para cumplir su misión, reciben preparación para disparar contra quienes atentan contra la seguridad nacional. No son investigadores. Tampoco ministerios públicos. Por ello, la Constitución los obliga a presentar ante la autoridad ministerial o judicial a quienes aprehendan cometiendo actos criminales.
Aunque se trata de instituciones sólidas en sus estructuras y disciplinas, dentro del Ejército se han detectado decenas de casos de corrupción entre altos, medianos y la misma tropa, con los criminales que deben combatir. Sus nexos, como se entiende, con los capos de alto rango e incluso con los líderes, ha permitido que las operaciones criminales aumenten exponencialmente en el territorio nacional.
Debido a ello, en el Pentágono, el general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, señaló el 17 de marzo de 2021, que del 30 al 35% del territorio mexicano es controlado por organizaciones criminales, motivo por el que la gente que vive en esas regiones busca emigrar del país. Sobre el apunte, no hubo respuesta oficial.
MILITARIZACIÓN A
PETICIÓN DE PARTE
Según el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, la ampliación de la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército y la Marina hasta 2028 en acciones de seguridad pública, obedece a la petición de los gobernadores que, ante situaciones difíciles, solicitan la presencia de las fuerzas castrenses.
Los gobernadores de entidades como Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Baja California, Veracruz, Chihuahua, Guerrero, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Colima, Estado de México, entre otros, carecen de fuerzas policíacas suficientes para frenar la violencia criminal y ello los obliga a solicitar la presencia de las fuerzas federales, opina el titular de Gobernación.
Habría que señalar que, en efecto, están presentes en sus cuarteles. Cada evento que termina en masacre, cuerpos colgados de puentes, bolsas con cuerpos destazados, choque entre maleantes con daños colaterales a civiles, secuestros, robo de unidades de transporte público, tráfico de personas, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército acuden a los lugares en donde se produjeron los hechos “para resguardar la escena del crimen” e iniciar “una búsqueda” de los autores materiales, “por aire y tierra” sin que los resultados sean los esperados.
EL RECORTE DE
LOS RECURSOS
Durante la presente administración, los legisladores de Morena y aliados, PT y PVEM, han recortado los recursos para los programas de apoyo en materia de seguridad a estados y municipios, lo que ha ocasionado escasez de elementos policiales.
La desaparición de fideicomisos, la cancelación de programas de capacitación, la falta de certificación de policías, los bajos salarios, la carencia de armamento adecuado sumado a la mala condición en que se encuentran patrullas y carros blindados, ha permitido el crecimiento de la criminalidad.
Por ello, los gobernadores solicitan la presencia de la Guardia Nacional o el Ejército y la Marina.
La combinación perfecta para justificar la militarización de la seguridad pública, tema reservado a civiles.
