Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
Quien haya declarado haber conocido todo en el manejo de los presupuestos de egresos en los estados de la República, debe darse de topes, luego de que en Morelos se vetó el veto.
Hay que explicarlo.
El gobierno del estado que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, envió el paquete económico para el ejercicio fiscal de 2023. vetó el paquete presupuestal 2023 que los diputados de la LV aprobaron por vía rápida la noche del 26 de septiembre pasado.
A diferencia de lo que ocurre en el Poder Legislativo federal, los congresistas locales sí le cambiaron puntos, comas y cantidades destinadas al proyecto que salió del Palacio de Gobierno y decidieron reasignar recursos en algunas secretarías y asignas recursos a diversos municipios.
Votado el proyecto, fue remitido al Ejecutivo, es decir, al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Y no le gustó que los diputados ejercieran su autonomía e independencia como uno de los tres poderes públicos de la entidad.
Cuentan quienes dicen saber del tema, que el mandatario estalló en cólera y decidió ¡vetar! Lo autorizado legal y constitucionalmente por los legisladores.
No obstante, el director general de Legislación de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo –vaya galimatías- devolvió el paquete a los legisladores con varias observaciones para que otra vez los diputados locales lo analicen y aprueben, si fuera el caso.
Detalló que las observaciones realizadas al documento aprobado el pasado 26 de octubre por los integrantes de la 55 Legislatura consisten en la asignación de presupuesto a algunos municipios y reasignaciones en algunas secretarías del gabinete legal. “Constitucionalmente son observaciones”, conocidas como ‘veto’, dijo, y puntualizó que son “básicamente en el tema de asignación de presupuesto a algunos municipios, no a todos, y algunas reasignaciones en las secretarías”.
Asimismo, acotó que será el pleno del Congreso el que las revise “y tomará la determinación que corresponda”.
Los diputados no se anduvieron por las ramas ni mostraron timidez alguna y decidieron autorizar 100 millones de pesos para el Poder Legislativo, según declaraciones de los propios congresistas; además, de manera extraoficial se supo que los integrantes de la oposición en la Cámara aprobaron más de 500 millones sólo para 17 municipios de sus distritos o donde gobiernan sus familiares para que ahí se realice obra pública en 2023.
Ante las decisiones del legislativo, Blanco exigió el lunes pasado a los diputados, encabezados por el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Erick Sánchez Zavala (PAN), y el presidente de la comisión de Hacienda, Agustín Alonso Gutiérrez (Panal), hablar con la verdad respecto al paquete económico 2023 que aprobaron por la vía rápida y la noche del 26 de octubre y los acusó de sólo buscar beneficiarse ellos mismos, sus “cuates” y “familiares”.
“Porque los diputados dicen lo que les conviene, porque no dicen la verdad, pues la neta: no vamos a aumentar 110 millones de pesos”, de los que se beneficiarán sus “cuates, presidentes municipales”, “para que salgan como héroes en este sexenio”.
El paquete 2023 aprobado la noche del 26 de octubre, en una sesión en la que no estuvieron cinco diputados de Morena, PES y RSP, y tampoco se convocó, como en otras ocasiones a periodistas, fue por un monto de 34 mil 212 millones 305 mil 539 pesos; fue reasignado tres por ciento del presupuesto total, y eliminaron la cláusula de “libre transferencia”.
Los diputados “vetaron” el paquete económico del Gobierno estatal y éste hizo lo propio con lo aprobado por los representantes populares. Optó por la violencia verbal en lugar de la cuauhtemiña.
Sin que se revelaran los nombres de los municipios ni de los alcaldes que se verían beneficiados con la asignación de recursos, presuntamente el góber los tiene ubicados y sabe de los nexos familiares o de amistad entre los opositores y los ayuntamientos.
Sin embargo, aunque se revise el presupuesto y el Pleno decida ratificar o rechazar lo aprobado, el problema no será para los opositores sino para los de Morena, PES y RSP, debido a que su ausencia permitió el “abuso de poder” de los opositores, lo que provocó la iracunda reacción del mandatario.
Todo deberá resolverse antes del 25 de diciembre, fecha límite para la aprobación o rechazo del paquete económico y si ocurriese lo segunda, se ejercería uno idéntico al de 2022.
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