*EL Desvío de Recursos de Segalmex Doblan los de la Estafa Maestra
*Estiman en 10 mil Millones de Pesos; a Nadie se la Inició Proceso Penal
*Leonel Cota Mntaño Dirige el Organismo Desde Abril y Tampoco Actúa
ALBERTO ALMAZÁN
Bautizada como la “Auditoría Inferior de la Federación” por la diputada federal María Elena Pérez Jaén, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, surge la enorme duda: ¿por qué el auditor David Colmenares Páramo no ha presentado o autorizado las denuncias penales en contra de los responsables del enorme desvío de recursos en Segalmex?
De acuerdo con la congresista, el titular de la ASF tendrá que comparecer ante el Pleno para dar a conocer los resultados iniciales del comportamiento de la Cuenta Pública correspondiente a 2021 y se teme que de última hora cancele su asistencia a la Cámara de Diputados.
En 2020, cuando se dio a conocer el resultado preliminar de la Cuenta de 2019, el auditor habló, con documentos de las auditorías forenses realizadas por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y exhibió una suma estratosférica no sustentada por el Gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en ese tiempo a cargo de Javier Jiménez Espriú: más de 300 mil millones de pesos observados.
La furia invadió al presidente López y descalificó los números aduciendo que la auditoría estaba mal hecha y de mala leche.
Poco después, el auditor “inferior” le borró dos rayas al tigre e hizo público que las observaciones habrían sido “subsanadas”.
Desde entonces se ha cuidado de no aparecer en público. La amenaza de ser sustituido en el órgano dependiente de la Cámara de Diputados y en los momentos en que Morena y sus aliados PT y PES tenían en control absoluto, produjeron los frutos anhelados por la 4t: “todo es transparente”.
Concediendo su aceptar que la suma podría haber estado inflada, los números no mienten y la Auditoría Superior de la Federación, sin ser autónoma sí es independiente y debe estar por encima de cualquier servidor público. No forma parte del Gobierno federal y su primigenia obligación es revisar el uso de los recursos públicos y si encuentra desviaciones o ejercicios no justificados plenamente, lo hace saber a la entidad correspondiente y le otorga hasta 6 meses para solventar las observaciones.
Seguridad Alimentaria Mexicana con su nacimiento produjo la fusión de Diconsa y Lincosa para que se caminara en el mismo rumbo y cumplir con la meta de llevar productos alimenticios y de servicios a las partes más marginadas del país y en donde habitan quienes menor tienen en todos los sentidos.
Comprobados los desvíos, la compra de arroz, frijol, maíz y leche en polvo, entre otros productos básicos, sin la documentación que sustente las adquisiciones, obligaba al auditor inferior a presentar las denuncias ante la Fiscalía General de la República y no lo hizo.
Hubo sí, despidos y reacomodos. Nadie, sin embargo, está sometido a proceso y menos encarcelado.
Las versiones, como señala la diputada Pérez-Jaén, apuntan con claridad la responsabilidad del que fuera director de Segalmex, Ignacio Ovalle, a quien el presidente López relevó de la responsabilidad y en lugar de llevarlo ante la Fiscalía General de la República, recibió de premio ser nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
Su lugar fue ocupado por el exgobernador de Baja California Sur y exdirigente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño, quien estaba a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asumió el cargo el 19 de 2022 y es momento en que no ha presentado, tampoco, denuncia alguna en contra de los probables responsables de lo que, la diputada Pérez-Jaén, llama “La Estafa Maestra de la 4T”.
Esto lo hizo público el domingo 25 del mes pasado cuando presentó la denuncia -que debió llevar el auditor inferior de la federación- ante la Fiscalía General de la República.
Y tiene razón de etiquetarla de esa manera. La Estafa Maestra en el gobierno de Enrique Peña Nieto y de la cual fue acusada Rosario Robles por delitos de ejercicio indebido del servicio público por el desvío de las arcas públicas, mientras que la FGR la señaló por omisión en el presunto “desvió 5 mil millones de pesos”.
De acuerdo con la legisladora del Partido Acción Nacional, es probable que los desvíos en Segalmex alcancen los 10 mil millones de pesos.
Si la cifra se comprueba, será el doble de lo que presuntamente desvío la exsecretaria de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
La denuncia de Pérez-Jaén dormirá el sueño de los justos por actuar en contra de Ovalle, no porque sea cercano o no del presidente López, sino por lo que representaría para la “honestidad franciscana” del gobierno actual.
Le queda la opción: como integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la LXV Legislatura, convocarlo a la misma y que explique las razones por las cuales dejó que se vencieran los plazos para presentar denuncias formales.
Sin embargo, la posibilidad de que el auditor inferior invente pretexto para no asistir a la convocatoria, es una realidad.
Hay que leer con detenimiento los documentos de las auditorías que realiza la ASF y, sin ánimo de descalificar a priori, encontrar el cúmulo de observaciones a las cuentas públicas de 2019, 2020 y 2021.
