“Navaja Suiza” del Gobierno de México: la Militarización

Los Dados de Dios

NIDIA MARIN

Hoy ciertamente, en México y en América Latina los militares se han convertido en una “navaja suiza”, lo que significa que en realidad son una caja de herramientas portátil, para ser utilizados conforme las circunstancias políticas de las naciones. Y en ese tenor están: México, Venezuela, Brasil, Nicaragua, etc.

De ahí que no podemos llamarnos a sorpresa, pero sí mostrar nuestra inconformidad con el hecho y exponer las críticas a la militarización de México, que lo mismo apoyan quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador, que aquellos que dieron el sufragio a otros candidatos.

Cuando el hoy presidente tomó posesión del cargo lo advirtió: 

“El nuevo proyecto de nación buscará una auténtica democracia y no una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero con apego al orden legal”.

Nunca se pensó que “la auténtica democracia” a la que se refería fuera en realidad ir apisonando en las normas el camino que han utilizado en América Latina y en el mundo decenas de dictadores.

De tal manera que, una vez que fueron entregando a las fuerzas armadas todas las tareas que antes realizaban los civiles, en mayo de 2020 se acabaron los tapujos, cuando el ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Con ello ingresó de lleno, abiertamente, la militarización en el país, una vez que en su mayoría las policías fueron desmanteladas, por lo menos las de carácter federal y una buena parte de las estatales.

Mediante el señalado acuerdo, presuntamente, desde Palacio Nacional se daba cumplimiento a las exigencias que advertían violaciones a las normas. 

Lo que sobrevendría se está observando hoy cuando, abiertamente, la Guardia Nacional formará parte de las fuerzas militares, a pesar del rechazo generalizado existente en la República Mexicana. 

Sin embargo, el sometimiento ha sido de tal envergadura que pocos piensan que el Congreso de la Unión y los congresos estatales difícilmente dirán que no. Sólo hay que recordar que una mayoría de las entidades (21 estados, de 32) cuentan con gobiernos de Morena. Lo demás no les importa.

De ahí que en la actualidad, los estudiosos señalen entre las obligaciones de los militares “…la prevención del delito, la salvaguarda de la integridad de las personas, la realización de detenciones y aseguramiento de bienes, como la preservación del lugar de los hechos, tareas de vigilancia, operativos conjuntos y el procesamiento de información para la prevención del delito”.

UTOPÍA: EL REGRESO DEL 

EJERCITO A LOS CUARTELES 

Y, conforme lo señala Lisa María Sánchez Ortega en su trabajo “La Militarización de la Seguridad Pública en México y sus Fundamentos Legales”, en contraposición está: 

“… no podrán llevar a cabo tareas de investigación del delito ni relacionadas a infracciones administrativas, inteligencia preventiva, intervención de comunicaciones y operaciones encubiertas”.

Esta realidad no inició ayer, pero sí se consolidó en el actual sexenio, no obstante, la famosa frase de López Obrador “regresaré el Ejército a sus cuarteles”.

De ahí que las opiniones de los especialistas hoy estén a la orden día, como el planteamiento de Stephanie Brewer (directora para México del organismo internacional WOLA) quien considera que la Guardia Nacional de México nace constitucionalmente como una fuerza de seguridad civil, pero ha sido manejada desde un principio como una fuerza militar”. 

Fundamenta sus palabras al precisar:

“La gran mayoría de sus más de 100.000 miembros son militares y, en la práctica, ya está bajo el control operativo de la Sedena. Y eso no es todo: además de la Guardia Nacional, siguen desplegadas las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina, de manera tal que hoy el despliegue militar es mayor que nunca en la historia reciente”.

Ni como negarlo. 

Y de nada han valido palabras como las de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, misma que ha lanzado la advertencia: “…en la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos”.

En esas estamos y, desgraciadamente, hay especialistas (como Francisco J. Verdes Montenegro Escánez, investigador asociado del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) en su trabajo “La (re)militarización de la política latinoamericana origen y consecuencias para las democracias de la región” que señalan sobre la inseguridad en la que los gobiernos se escudan para militarizar todo:

No obstante, la respuesta al problema de las drogas y del crimen organizado no ha sido la única cuestión que se ha securitizado/militarizado en la región, dentro de las denominadas “nuevas amenazas” y bajo la influencia de Estados Unidos nuevamente, tanto por vía bilateral como por los canales hemisféricos del sistema interamericano”.

Además, precisa, lo que ocurre en muchos países…como en México: 

 “Se constata así cómo labores que corresponden a cuerpos como la policía, los bomberos o protección civil, terminan por ser fagocitadas por los cuerpos castrenses, y su reversión no ha sido posible en muchos casos a pesar de que los gobiernos hayan optado por ello…”

Como señalan investigadores del Instituto El Cano, de España:

“Pero detrás de muchos presidentes, como puede constatarse en fotos publicadas en los medios de prensa en octubre de 2019, los uniformes otorgan legitimidad ante los cuestionamientos de los habitantes. Ahora, con la prevención del virus, es como si la gente considerase el nuevo statu quo una consecuencia natural e inevitable de la pandemia”.

 

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