*El Poder Legislativo y los Intereses Partidistas
*Congresistas Cambian Lealtad al Partido Oficial
*Necesario Acotar una Partidocracia Ramplona
EZEQUIEL GAYTÁN
Es claro que en la Administración pública existen identificables tintes ideológicos del partido en el poder en todos los países y prácticamente desde el siglo XX en todas las democracias del mundo. Es impensable suponer que el partido político triunfante de un proceso electoral renuncie en su calidad de gobierno a su programa y a su ideario, el reto que se le presenta es el de gobernar para toda la población sin traicionar su ideario. De ahí que cada gobierno impregna en las políticas públicas ciertos elementos partidistas y eso no es criticable. Sería ingenuo pensar que asumirán una posición de absoluta neutralidad. De hecho, la imparcialidad gubernamental descansa en el andamiaje burocrático a la hora de la prestación de los bienes y servicios públicos a la sociedad, pues todas las personas somos iguales ante la ley y, por lo mismo, no está permitida la discriminación por sexo, raza, religión, condición social, aspecto físico o cualquier otro motivo de segregación.
El artículo 41 de nuestra Constitución define que los partidos políticos son entidades de interés público y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de la paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al poder público de acuerdo con sus respectivos programas, principios e ideas. Consecuentemente, su presencia en la vida nacional es, en términos democráticos, sana, necesaria y útil.
El asunto es que los representantes populares desde el Poder Legislativo designan a quienes aspiran a ser personas consejeras en los órganos constitucionales autónomos y, por lo mismo, son los responsables de emitir las convocatorias, definir los perfiles de cargo y decidir los nombramientos. Lo cual desencadena, en términos de realpolitik, que las y los consejeros sean extensiones y personifiquen los intereses de los partidos políticos en los plenos de dichos órganos. Es importante señalar, cuanto antes, que la otra opción es que el presidente sea quien designe a las personas consejeras, en otras palabras, sería un abuso del presidencialismo.
Lo anterior es un ejemplo de que en México es posible vislumbrar ciertos elementos de partidocracia. Es decir, los partidos políticos injieren desde el poder legislativo en la vida institucional de la Administración pública. De ahí que la relación de esos entes de interés público con las estructuras de gobierno acaba por extender su influencia más allá de la esfera natural de su competencia. Lo cual es entendible y explicable. El asunto es definir los límites.
Por lo que respecta a la Administración pública es importante recordar que la piedra angular es la Presidencia de la República, cuyo titular es electo democráticamente. El resto de las personas servidoras públicas no son electas, pero los mandos medios y superiores proceden del equipo ganador. Consecuentemente son militantes del mismo partido político que el del presidente. En el caso mexicano eso encadena un binomio partido-gobierno y despliega, de manera discreta pero sistemática y continua, un permanente acecho a las plazas en las dependencias y entidades. Más aún, el reclamo es cobrar facturas y apoderarse del engranaje administrativo en todos los niveles de ser posible.
Lo interesante es que se han dado casos en los que diputados y senadores de los partidos políticos ya sean del partido del presidente o de oposición, aprovechan desde el poder legislativo su posición a fin de recomendar personas en la Administración pública. La petición del favor es a cambio de facilitar, desde el seno de sus respectivas comisiones, la aprobación de leyes o abrir la puerta al intercambio de favores. En otras palabras, queda en entredicho la lealtad al partido, pero eso parece no importarles mucho. Lo fundamental es que en nombre de los partidos se yuxtaponen intereses personales y partidistas. Eso también es partidocracia.
La respuesta a ese fenómeno de “recomendados” es el Servicio Profesional de Carrera, de suerte que el andamiaje burocrático se base en el mérito profesional de las personas, en las destrezas y habilidades, así como en las aptitudes y actitudes de servir imparcialmente con eficiencia y eficacia. Un servicio bien diseñado, sobre todo en los niveles operativos, que evite el anquilosamiento y motive a las personas servidoras públicas a realizarse en un proyecto de vida.
Ser gobernados bajo la idea de un régimen parlamentario o semi parlamentario tendría otras dimensiones y otra visión del sistema político y esa no es mi propuesta. Lo que sostengo es la necesidad de acotar una partidocracia ramplona, abusiva y grotesca que afecta el desempeño profesional en los órganos constitucionales autónomos y de la Administración pública.
