Punto de Vista
Por Jesús Michel Narváez
El caso de dos personas llegó hasta la máquina que podría derrumbar la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, figuras establecidas en la Constitución y reglamentadas por el Código Penal Federal de México.
Dos hombre y nombres perdidos en el horizonte de la lentitud para que la justicia sea expedita, hicieron que los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -de la cual México forma parte-, “recomendara” a México la eliminación de las dos medidas de las cuales se han valido autoridades e influyentes abogados para que los jueces las apliquen sin respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
Daniel García y Reyes Alpízar, son los personajes que sentaron al sistema de procuración de justicia y al de administración de justicia, en el banquillo de los acusados y fueron encontrados culpables.
La información sobre el particular, apunta: La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció por eliminar de la Constitución mexicana, la figura de arraigo y de la prisión preventiva oficiosa en México, al considerar que implica una detención arbitraria y contraria a la presunción de inocencia.
Así lo planteó tras la audiencia pública celebrada en Brasil, en la que la Corte analizó el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes permanecieron más de 17 años en prisión preventiva oficiosa, por su presunta participación en el asesinato de María de los Ángeles Tamez Pérez, exregidora de Atizapán, Estado de México, en 2001.
Esta recomendación -que debe entenderse como algo que debe acatarse- del organismo continental, se produce cuando en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordaría el asunto el pasado jueves y pospuso su análisis y discusión para el 5 de septiembre. Justamente el pasado jueves, el secretario de Gobernación Adén Augusto López Hernández se presentó en la sede del Poder Judicial de la Federación, -24 horas después de enviar una carta solicitando a los ministros no derogar la medida- para ”dialogar” con los ministros sobre el particular, lo que se interpretó como un cabildeo para presionar a los integrantes del máximo tribunal de justicia del país.
Desde hace años se viene planteando si no la eliminación sí una debida reglamentación a las dos figuras que se aplican para, en principio, evitar que los imputados se sustraigan a la acción de la justicia.
Sin embargo, el abuso de ambas medidas, ha llevado a México a ser considerado un país en el que el debido proceso y la presunción de inocencia son elementos inexistentes.
Con independencia de los casos de Daniel y Reyes, que desafortunadamente no tienen forma de ser resarcidos ¿cómo recuperar 17 años de vida, la trascendencia de las conclusiones y recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidencia es evitar que las medidas sigan siendo aplicadas de manera selectiva y que los jueces sean incapaces de apegarse al espíritu de la legalidad.
En la carta enviada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que hizo pública la Secretaría de Gobernación, se defienden ambas figuras por ser parte de la seguridad nacional y para mantener encarcelados a todos aquellos que han sido sometidos a proceso, aunque no sean sentenciados.
Hoy la Corte se enfrenta a un señalamiento internacional que corre por todo el continente y exhibe a México como una Nación violatoria de los derechos humanos. Tiene en la agenda abordar el tema que, sin justificación legal, pospuso hasta que pase el acto presidencial de la rendición del 4º. Informe de gobierno.
Posposición con tintes políticos, cuando la aplicación de la justicia, el respeto a la Constitución y las leyes que de ella emanan no son de carácter político sino garantista.
El cabildeo del secretario de Gobernación representa una presión para el Poder Judicial de la Federación, uno de los TRES PODERES de la unión, cada cual con independencia y soberanía de actuación.
Si el próximo 5 de septiembre la Corte decide en contra de la recomendación de la CIDH, exhibirá su falta de independencia y quedará atrapada en el poder de los poderes que ostenta, ilegalmente, el presidente de la República.
Un reto de inmensa importancia que tendrá como resultado que México cuente con un poder judicial libre e independiente o uno sometido al Ejecutivo federal.
En cerebros, conocimientos, calidad jurídica y manos de 4 mujeres y 7 hombres, está el destino de la justicia. ¿Qué camino tomarán?
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